25 Años del Atentado a la AMIA.

Publicado: 18 jul 2019
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Se cumplen hoy 25 años de aquel 18 de julio de 1994 cuando a las 9.53 horas de esa mañana volaron la AMIA.
Las sirenas, como sucede año tras año, recordarán el minuto exacto en que explotó la bomba en la mutual judía, en su sede de Pasteur al 600.
La AMIA difundió un video con un grupo de jóvenes hablando a cámara con el relato de sus vidas: su infancia, su adolescencia, su presente. Todos tienen algo en común: nacieron el día del atentado.
Esa mañana murieron 85 personas y otras 300 quedaron heridas, 67 de las víctimas se encontraban dentro del edificio y otras 18 en la vereda o en edificios aledaños.

Más de 100 viviendas y comercios cercanos quedaron destruidos, la pérdida de gas en la zona fue de gran magnitud, la onda expansiva arrasó con toda la cuadra de Pasteur al 600/700, lanzando autos, árboles, carteles y personas por los aires; los vidrios de las ventanas de las viviendas y negocios estallaron hasta a seis cuadras a la redonda.

La investigación de este atentado tuvo trabas, zonas oscuras y todo tipo de idas y vueltas, que hicieron prácticamente nula la causa durante todo el período de Menem como presidente.

A los 10 años del atentado, la investigación acumulaba unas 100 mil páginas y más de 1500 carpetas con escuchas. El juicio, empezado en septiembre de 2001, había terminado en 2004, con un fallo demoledor del Tribunal Oral Federal 3: a raíz de las numerosas irregularidades cometidas en la causa, el dictamen declaraba todo nulo.

En el 2005, el presidente Néstor Kichner denominó estas investigaciones como incompetentes y sin resolver, declarándolas una “deshonra nacional”. El juez que llevaba adelante la causa fue destituido.

Fue Nisman quien se concentró en la llamada “pista iraní”, basándose en información que recibía de los servicios secretos de EE.UU. e Israel.

En octubre de 2006 Nisman acusó formalmente a Irán de estar detrás del atentado y a Hezbolá de ejecutarlo y pidió la captura de los responsables.

Un año después, la Interpol accedió al pedido argentino y emitió órdenes de detención (conocidas como “notificaciones rojas”) para cinco exfuncionarios iraníes:

  • Ahamad Vahidi, entonces ministro de Defensa iraní y exjefe de la Guardia Revolucionaria
  • Alí Fallhijan, exministro de Seguridad
  • Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria
  • Mohsen Rabbani, exagregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires
  • Ahmad Reza Ashgari, el exsecretario de esa sede diplomática

Irán, que siempre ha acusado a EE.UU. e Israel de involucrar a Argentina en un complot en su contra e incluso ha sostenido que el ataque contra la AMIA fue un “autoatentado” israelí, se ha negado a entregar a los sospechosos y tampoco ha permitido que sean interrogados.

El 7 de noviembre de 2007, Interpol ratificó las conclusiones de la justicia argentina. El entonces Gobierno argentino requirió a Irán la extradición de sus ciudadanos acusados por el ataque para ser juzgados por un tribunal argentino o extranjero.

Después de avanzar muy lentamente, y haber pasado por las manos de otros dos magistrados, en 2009 en una decisión muy celebrada por los grupos de familiares, el juez federal Ariel Lijo procesó al ex presidente Carlos Saúl Menem, al ex juez Juan José Galeano, al jefe de la SIDE menemista Hugo Anzorreguy y al ex comisario Jorge “Fino” Palacios, entre otros.

Sin embargo, tres años después, el mismo Lijo sobreseía al ex ministro del Interior Carlos Corach, a cuatro ex secretarios del ex juez Juan José Galeano y a tres ex policías.

En septiembre de 2009 la jefa de Estado exhortó a Irán a que extraditara a los exfuncionarios cuestionados durante un discurso que dio ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, tres años más tarde, durante su segundo mandato, la presidenta sorprendió con el anuncio de una nueva estrategia para llevar ante la justicia a los iraníes sospechados.

Fernández dijo que firmaría un “memorándum de entendimiento” con Irán para intentar avanzar en la causa.

Este pacto, que fue firmado en enero de 2013 en Etiopía, preveía la creación de una Comisión de la Verdad integrada por cinco juristas internacionales (dos elegidos por cada país y un quinto consensuado) para analizar las investigaciones sobre el atentado.

También estipulaba que la Justicia argentina podría interrogar en Irán a los cinco imputados que están requeridos por Interpol.

Un mes más tarde, el Congreso argentino -con mayoría kirchnerista- aprobó el acuerdo, dándole rango de tratado internacional. Pero el Parlamento iraní nunca trató el asunto, por lo que el pacto no entró en vigencia.

No obstante, eso no evitó la controversia que generó el memorándum: tanto las entidades representativas de la comunidad judía como todos los partidos de oposición rechazaron el acuerdo.

La Justicia les dio la razón a estos críticos y, en mayo de 2014, declaró el memorándum inconstitucional por considerar que la justicia argentina estaba renunciando a su propia jurisdicción para juzgar a los iraníes en una comisión extrajudicial.

Pero la verdadera controversia explotó casi un año después, a comienzos de 2015, cuando el fiscal especial Nisman acusó a la presidenta, al canciller, Héctor Timerman, y a otros funcionarios de haber buscado encubrir a los autores iraníes del atentado a través del memorándum.

Nisman presentó una denuncia judicial, basada en escuchas realizadas por agentes de inteligencia argentinos, que afirmaba que el pacto con Irán buscaba el levantamiento de las notificaciones rojas de Interpol. Su Director siempre negó que las mismas hubiesen sido levantadas y que nunca existió ese pedido del gobierno argentino.

Según el fiscal especial, Argentina, que atravesaba una crisis energética, habría accedido a negociar la impunidad de los iraníes a cambio de petróleo y otros acuerdos económicos.

Si bien Fernández y el resto de los acusados siempre negaron que esto fuera cierto y aseguraron que el pacto no contemplaba eliminar los pedidos de captura de Interpol, y aunque la justicia argentina originalmente desechó la denuncia de Nisman, todo cambió después del 18 de enero de 2015.

Ese día fue hallado sin vida (suicidio), con un tiro en la cabeza, el fiscal Nisman, quien 24 horas más tarde debía presentarse ante el Congreso para mostrar las evidencias con las que fundamentaba su acusación. Acorralado por sentirse abandonado por todos los que lo impulsaron (espías y relevantes opositores al gobierno) a presentar la acusación y ante lo endeble e imaginativo de la prueba que iba a exponer, no es descabellado pensar que la situación lo llevó a terminar con su vida imaginando las posteriores consecuencias y quedando al descubierto lo pésima que había sido su actuación en esos 10 años.

La presidenta de la organización Memoria Activa, Adriana Reisfeld, siempre dijo que el fiscal había sido “un obstáculo” para llegar a la verdad, y aclaró que no apoyaba su denuncia contra Cristina Fernández.
En 2016, un año después de que Fernández fuera sucedida en el poder por Mauricio Macri, la justicia reabrió la denuncia de Nisman y en marzo de 2018 envió la causa por presunto encubrimiento a juicio oral.

Se cumplen 25 años de una deuda de toda la sociedad argentina, comenzando por los jueces y fiscales que tuvieron la causa en sus manos; un cuarto de siglo de encubridores de asesinos y de mucho dinero que siempre circuló para cambiar el destino de esta investigación.