29 de Mayo. Cordobazo.

El 12 de mayo de 1969 la dictadura sancionó la Ley 18.204 estableciendo un régimen de descanso semanal uniforme en todo el país.

La ley garantizaba el descanso continuado a partir del sábado a las 13 horas (sábado inglés) y todo el domingo, con una jornada semanal de 48 horas. Pero en Córdoba, ya existía el sábado inglés desde la ley provincial 3546 de 1932, pero con una jornada semanal de 44 horas, razón por la cual la ley de Onganía aumentaba cuatro horas, casi un 10%, la jornada semanal. El aumento de la jornada laboral cordobesa, produjo en gran descontento en las filas obreras y el inicio de una serie de movilizaciones, huelgas y asambleas que desembocarían en el Cordobazo, incluyendo una huelga general declarada por las dos CGT para el día 30 de mayo.

El 15 de mayo fue asesinado Juan José Cabral en una protesta estudiantil en la ciudad de Corrientes desencadenando una pueblada conocida como el Correntinazo.

Al día siguiente, otra marcha estudiantil en Rosario en repudio al asesinato de Cabral, durante la cual fue asesinado el estudiante Luis Norberto Blanco, generando una pueblada en la ciudad conocida como Rosariazo  y movilizaciones de protesta en todo el país, incluyendo Córdoba, donde se realizó una huelga estudiantil, violentamente reprimida.

Dirigentes de distintas extracciones políticas y sindicales como Jorge Canelles (UOCRA), Agustín Tosco (Luz y Fuerza), Elpidio Torres (SMATA), Atilio Lopez (UTA), Carlos Scrimini (PC-Fed.Univ.de Córdoba) convocan a una huelga general en la provincia de 37 horas, para los días jueves 29 y viernes 30 de mayo.

La duración inusual de la huelga, buscaba que la medida se iniciara cuando los trabajadores ya habían ingresado a los lugares de trabajo, con el fin de que abandonar las tareas a las 11 de la mañana y marchar hacia el centro de la ciudad.

Los organizadores preveían así un primer día de huelga con una gran confrontación con las fuerzas de seguridad en el centro de la ciudad y un segundo día, con los trabajadores de regreso a sus hogares, que confluyera con la huelga general nacional declarada por las dos CGT.

Al movimiento obrero y el movimiento estudiantil, se suman organizaciones políticas clandestinas (los partidos políticos habían sido abolidos en 1966), en particular aquellas que integraban la Resistencia Peronista  muchas de las cuales venían sosteniendo que a la dictadura había que enfrentarla mediante la lucha armada, creando organizaciones guerrilleras. Pocos meses antes del Cordobazo había aparecido la Tendencia Revolucionaria del peronismo, en el Segundo Congreso del Peronismo Revolucionario reunido precisamente en Córdoba en enero de 1969, para definir a los grupos que se encontraban a favor de la lucha armada.

El jueves 29 de mayo los trabajadores se concentraron en sus lugares de trabajo iniciándose la huelga a las 11 horas y movilizándose hacia el centro desde sectores bien definidos (Columnas del Sur y del Norte).

A las 12:30 se produjo la primera víctima fatal entre los integrantes de las columnas populares, Máximo Mena, delegado del SMATA en IKA-Renault. Mena muere a causa de un disparo de la policía montada, que se estaba enfrentando con la columna del SMATA en el área de la plaza Vélez Sarsfield, y estaba siendo superada. Las imágenes de los medios de la época publicaron varias fotografías de la policía montada huyendo de los manifestantes y disparando sus armas de fuego.

El asesinato provocó una reacción en cadena y la salida a la calle de decenas de miles de personas que se sumaron a la protesta. En pocos minutos a los quince mil militantes que iniciaron la protesta, se habían sumado más de treinta mil, dispuestos a desalojar a la policía de la ciudad y tomarla. A las 14.30 los manifestantes comenzaron a retirarse del centro para dirigirse a sus barrios ante la avanzada del Ejército el que tomaría el control y produjo el allanamiento de las sedes de SMATA y Luz y Fuerza deteniendo a sus dirigentes.

A partir del 30 de mayo fueron enjuiciadas 104 personas por el Consejo de Guerra Especial establecido por el III Cuerpo de Ejército. Fueron condenadas a penas de prisión en cárceles militares al menos quince personas, todas ellas varones, entre los que se hallaban los principales dirigentes gestores de la protesta.