Comienza el Juicio a las Juntas Militares de la Dictadura.

El 22 de abril de 1985, en el Palacio de Tribunales de Buenos Aires, comenzaron las audiencias de la Causa 13/1984, la más trascendental de la historia argentina: la Cámara Federal juzgó desde ese día a las tres primeras juntas militares de la dictadura cívico militar instaurada en 1976. 

El juicio no tenía antecedentes en el mundo.

Su único precedente era el juicio a los comandantes de la dictadura griega (cuyo nivel represivo no alcanzó los niveles de los militares argentinos) y, más atrás, en materia de derechos humanos, el juicio de Nüremberg contra los jerarcas nazis en 1946.

A diferencia del proceso contra los criminales del Tercer Reich, en la Argentina no había habido una guerra (salvo en la imaginación de los represores para justificar el terrorismo de Estado) ni la Patria estaba bajo ocupación de otro país: la guerra de Malvinas había terminado de derrumbar el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional y las primeras elecciones desde el Golpe de 1976 habían llevado a la Casa Rosada a Raúl Alfonsín.

En la campaña de 1983, el candidato radical propuso tres niveles de responsabilidad para juzgar la responsabilidad de los genocidas: quienes dieron las órdenes, quienes las  cumplieron y quienes se excedieron. Al mismo tiempo, había propuesto declarar nula la autoamnistía del último dictador, Reynaldo Bignone.

 

El 13 de diciembre de 1983, apenas 72 horas después de haber asumido, Alfonsín puso la piedra basal del juicio con la firma del decreto 158, que ordenaba el juzgamiento de las juntas.

 

Dos días más tarde se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).

 

El 20 de septiembre de 1984, el informe de la Conadep certificó 8.961 desapariciones durante la dictadura, así como el funcionamiento de más de 300 centros clandestinos de detención y el modus operandi de la represión: secuestro, tortura y asesinato.