Multa «Simbólica» a la Ministra Soledad Acuña.

La Justicia exigió a la Ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, pagar una multa de 3.700 pesos por no responder a una solicitud de información realizada tras constatar que el Gobierno porteño no estaba cumpliendo con la obligación de garantizar el acceso al transporte escolar gratuito para niñas y niños de las Villas 31 y 31 bis.

La multa es de carácter simbólico por no cumplir con el mandato de los tribunales de informar sobre el cumplimiento de sus obligaciones pero es una advertencia para la Ministra.

En marzo de 2018, el Ministerio de Educación confirmó que por un «reordenamiento» no había micros para chicxs de sexto y séptimo en el Barrio 31 ante el inicio de clases.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) medió ante la interrupción del servicio de micros.

Ya en 2009, interpuso una acción de amparo en la que solicitó que se ordenara al Gobierno de la Ciudad proveer transporte escolar gratuito a los niños y niñas de la Villa 31-31 Bis pertenecientes al nivel educativo inicial y primario para garantizar su derecho a la educación, igualdad y no discriminación.

 

En 2010 la jueza Alejandra Petrella ordenó al GCBA la realización de un relevamiento a fin de identificar a todxs lxs niñxs de la Villa 31-31 Bis que asisten a escuelas de nivel inicial y primario ubicadas a más de diez cuadras de sus casas y proveerles transporte escolar gratuito para asistir a la escuela.

 

En 2010, el Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario N° 12  respondió favorablemente la demanda de la Asociación y le ordenó al gobierno que asegure el transporte gratuito a lxs chicxs de esas villas que debían trasladarse lejos de su casa para asistir a la escuela pública.

Como el fallo nunca fue apelado, la sentencia quedó firme y desde entonces el juzgado, la ACIJ, la Asesoría Tutelar y la Defensoría Oficial de la Ciudad supervisan que el Gobierno cumpla.

 

Pese a ello en septiembre de 2018 ese mismo juzgado constató que el Estado seguía sin cumplir con esa órden y que había 39 chicxs sin transporte.

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El juzgado cercioró una “lisa y llana desobediencia a la demanda judicial” por parte del Ejecutivo porteño, ya que al menos 39 niños y niñas no contaban con el servicio de transporte escolar ya que el Gobierno pretendía cumplir la sentencia a través del sistema de boleto estudiantil.