El presente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analiza la política previsional implementada durante la gestión de Javier Milei, con especial énfasis en el rol de las jubilaciones como variable de ajuste del programa económico.
El trabajo se estructura en dos partes.
En primer lugar, se describe la política previsional vigente, detallando la modificación de la fórmula de movilidad dispuesta por el DNU 274/2024 y la evolución de los haberes jubilatorios bajo el nuevo esquema de actualización por inflación, así como los efectos del congelamiento del bono previsional que percibe la mayoría de los jubilados y jubiladas.
En este apartado se evalúa si, efectivamente, las jubilaciones lograron recomponer su poder de compra o si, por el contrario, se consolidó un piso históricamente bajo en términos reales.
En segundo término, se compara la dinámica de los haberes bajo la fórmula actualmente vigente con la que hubiera resultado de la continuidad de la fórmula derogada (Ley 27.609), con el objetivo de identificar las diferencias en términos de nivel, trayectoria y capacidad de recuperación de poder adquisitivo.
Finalmente, el informe aborda una serie de dimensiones clave que completan el diagnóstico sobre la situación de los adultos mayores como las discusiones legislativas recientes en torno a la recomposición de haberes y la actualización del bono y la decisión del Poder Ejecutivo de no prorrogar la moratoria previsional, cuyas implicancias sociales y distributivas resultan particularmente relevantes.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024 del 25 de marzo de 2024, el Gobierno modificó la ley de movilidad de los haberes jubilatorios.
La previa al decreto, implicó un primer trimestre de 2024 extremadamente adverso para los jubilados y jubiladas.
La inflación creciente durante 2023, profundizada por la mega devaluación y la desregulación de vastos sectores de la economía tras la asunción de Milei, tuvo consecuencias de enorme magnitud sobre los haberes, que no pudieron seguirle el ritmo a los precios dado que la fórmula de actualización anterior tenía un “atraso” trimestral.
Desde el oficialismo y sus aliados se señaló que el problema era la fórmula y no la inflación.
La decisión por Decreto estableció que, a partir de julio de 2024, las jubilaciones se actualizarían mensualmente en función del último dato de inflación disponible, esto es, de dos meses atrás.
Para la transición, en abril de 2024, se estableció una recomposición por única vez de 12,5% (como “reconocimiento” por la alta inflación de enero) y aumentos mensuales por inflación a modo de “adelantos”. En junio, se compararían los aumentos otorgados con la movilidad anterior y se aplicaría el mayor.
Así, en abril se incrementaron las jubilaciones 27,38% (12,5% de recomposición y 13,2% de la inflación de febrero), en mayo, aumentaron 11% como resultado de la inflación de marzo y en junio, 8,8% por la inflación de abril.
Esta modalidad implicó la recuperación de las jubilaciones del fondo del pozo al que el propio gobierno las había llevado.
Sin embargo, al mismo tiempo, implica consolidar el poder adquisitivo de las jubilaciones en un piso histórico del cual no se podrán recuperar.
Además, la variable de ajuste se centró a partir de allí en la licuación del bono para quienes perciben la mínima.
En concreto, las jubilaciones sin bono en el trimestre oct-dic de 2025 se mantendrán 2,3% por debajo del último trimestre del gobierno anterior, mientras que las jubilaciones con bono se ubicarán 16,8% por debajo.
Dado lo extenso del informe, acercamos las conclusiones:
. La política previsional adoptada, desde diciembre 2023, ha constado de distintas aristas, todas con carácter regresivo, con la pérdida del poder adquisitivo de los haberes tras la aceleración inflacionaria, su consolidación a través del DNU 274/2024 y la licuación de los bonos a las jubilaciones mínimas.
• Milei modificó la fórmula previsional por DNU 274/24, atando los haberes a la inflación, y derogó la Ley 27.609 vigente desde 2021. Si bien la fórmula atada a IPC permitió recuperar parte del terreno perdido en el primer trimestre de 2024, a esta altura podemos concluir que la fórmula anterior, sostenida en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios, y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras vinculadas a la temporalidad de su aplicación.
• En septiembre 2024, diciembre 2024, marzo 2025, junio 2025 y septiembre 2025, los aumentos por la fórmula anterior hubieran sido superiores a los efectivamente otorgados. En diciembre de 2025, con el aumento de 2,3% (IPC de octubre 2025) de la fórmula de Milei, la jubilación mínima (sin bono) se ubica en $340.886, mientras que de haber continuado la fórmula anterior se ubicaría en $434.279 (27,4% por encima).
• Paralelamente, desde marzo de 2024, el bono compensatorio que recibía el 70% de los jubilados fue congelado en $70.000, licuando mes a mes su capacidad de compra. Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo 2024 y diciembre 2025 154%, la mínima, con bono incluido, sólo aumentó 101%. De haberse actualizado en la misma proporción, el bono debería haber sido en diciembre de 2025 de $177.485, es decir, más del doble (+$107.485) de lo actual.
• En el trimestre octubre-diciembre de 2025, el poder de compra de las jubilaciones que no perciben bono se ubica 2,3% por debajo del último trimestre de la gestión anterior, mientras que las jubilaciones con bono se encuentran 16,8% por debajo. La comparación trimestral es la adecuada metodológicamente dada la dinámica de actualización de la fórmula anterior.
• Al atar las jubilaciones al IPC, éstas no perderán poder adquisitivo pero tampoco podrán recuperar. Por el contrario, la Ley 27.756 sancionada por el Congreso y vetada por el Ejecutivo incluía: una recomposición por única vez de 7,2% para todos los haberes, un haber mínimo equivalente al 109% de la CBT de un adulto, y una cláusula gatillo una vez al año (en marzo) si hubiere recuperación real de los salarios en el año calendario anterior.
• Del mismo modo, la ley aprobada en julio de 2025 y vetada por Milei incluía: un aumento excepcional de 7,2% que completaba la inflación de enero 2024, la actualización del bono previsional a $110.000 con ajuste posterior por 10 inflación, la prórroga por dos años de la moratoria previsional, y la mejora de la PUAM permitiendo acceso a los 60 años para mujeres y compatibilidad con empleo registrado y pensión por viudez.
• En marzo de 2025 finalizó la vigencia de la moratoria previsional, y tal como había anticipado el Poder Ejecutivo, no se prorrogó. Esto implica que 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones en edad de jubilarse, deberán conformarse con una PUAM, equivalente al 80% de la jubilación mínima y no pensionable.
Fuente: CEPA
