El Precio de los Alimentos, Inflación y Monopolios.

Publicado: 02 feb 2021
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La CGT Regional Oeste, que abarca los municipios de Merlo, Marcos Paz y Moreno, junto a la CTA de los Trabajadores local, elaboraron un documento con un detallado análisis de la situación política y económica en el país que nos han enviado a nuestra redacción y hemos resumido tratando de acercar su visión acerca de:
«EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS, LA INFLACION, LOS MONOPOLIOS – DOCUMENTO DE LA CGT REGIONAL OESTE ¿ QUIENES SON LOS ENEMIGOS DEL PUEBLO?»

 

En la Argentina somos 45.000.000 habitantes.

La pobreza alcanza a un 47,5% de la población, 21.375.000 de personas, y la inseguridad alimentaria al 14% de la población, 6.300.000 de compatriotas que pasan lisa y llanamente secuencias de hambre.

A su vez, quienes sí podemos acceder a los alimentos pagamos por ellos un 44,5% más que hace un año atrás; llegando la inflación en algunos rubros al 78,8% interanual (como las frutas), 62,5% (las verduras y legumbres) o un 55% (carnes y derivados).

Para el grueso de los trabajadores, esto se agrava: se estipula que una familia gasta, en promedio, el 33% de sus ingresos en alimentos, aunque ese 33% es un promedio, donde el 20% de ingresos más bajos gasta casi un 50% de su ingreso en la comida, y el 20% más rico solo gasta un 29%.

Durante los gobiernos del 2003 al 2015 la política de retenciones apuntó a cortar el emparejamiento de los precios internos de los alimentos con su valor de exportación.

Aunque desde el razonamiento lógico podría esperarse lo contrario, lo cierto es que en nuestro país cuando los dueños de la tierra dejan de pagar retenciones, el precio de los alimentos se dispara, no baja porque en la medida en que la exportación no se grava, nos obligan a pagar en el mercado local el precio al que ellos colocan sus terneros y sus granos en el mercado mundial.

Un ejemplo fue cuando apenas asumido el gobierno de cambiemos el Kg de pan estaba 20 pesos, al quitarles las retenciones al trigo, automáticamente el precio del pan se disparó a 40 pesos.

Las retenciones actúan como un incentivo a abastecer el mercado interno que, junto con las cuotas mínimas garantizadas y la regulación de precios, intentan aplicar un torniquete a la matriz agroexportadora de nuestra economía.

Es célebre la expresión de D´Angelli en pleno golpe económico al gobierno de Cristina Fernández: “El que quiere lomo que lo pague $ 80 el kilo” (unos $ 1.600 pesos de hoy).

Los inspectores de la Secretaría de Comercio comandada por Guillermo Moreno en el Mercado Central y los hipermercados, el lanzamiento del plan “MIRAR PARA CUIDAR”, con el que Cristina convocó a la militancia en 50 ciudades a “mirar los precios en el supermercado para cuidar el bolsillo de la gente” y en 2014, con los “PRECIOS CUIDADOS” de Kicillof y Costa, que iniciaba con 194 artículos de 65 proveedores en 10 grandes cadenas de supermercados de alcance nacional.

En todas chocaron con el mismo problema, la imposibilidad de controlar a semejantes pulpos trasnacionales desde la góndola del Carrefour o Wallmart.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, con quita de retenciones y devaluación de por medio, el proceso inflacionario no sólo no se detuvo, sino que se agravó. 

En 2019 el índice de precios al consumidor registró el nivel más alto en 28 años, 53,8%. Superó incluso al 47,6% de 2018, récord desde 1991 en ese momento, también bajo el gobierno de Macri. El rubro alimentos, en particular, registró un alza del 56,8%.

La pandemia agudizó el problema con un aumento indiscriminado de los precios de los alimentos y de otros productos que, ante la situación de emergencia sanitaria y la necesidad de extremar las medidas de higiene y desinfección, se han vuelto de primera necesidad en nuestros hogares.

Desde el gobierno nacional se fijaron precios máximos para una lista de productos y facultó a los gobiernos municipales de ejercer el control de su cumplimiento en los comercios de su territorio. Pese a que los precios máximos entraron en vigencia el 19/03, la inflación de marzo relevada cerraba en un 3,3%, y mayor aún en el rubro de alimentos: 3,9%.

Argentina es uno de los principales productores agrícolas y de manufacturas de origen agropecuario del mundo en donde se produce alimentos para 400 millones de personas al año, mientras 6.300.000 personas pasan hambre. Es evidente, entonces, que producir toneladas y toneladas de alimento de por sí solo no nos garantiza el derecho del pueblo argentino a acceder a una alimentación saludable.

La agroindustria es el fuerte de la economía nacional. En conjunto, la producción de Cultivos agrícolas y Ganado, más la rama industrial de elaboración de Alimentos y Bebidas significaron el 18% del total del PBI argentino en 2019.

Mirando sólo las exportaciones, el complejo oleaginoso significó el 29% del total de los envíos argentinos al exterior, el cerealero el 15,5% y el bovino el 7,4%. Es decir que, entre estos tres rubros, todos agroindustriales, se explica más de la mitad de las exportaciones nacionales en 2019.

Para las fiestas de fin de año, el 30 de diciembre, el gobierno nacional decretó el cierre de la exportación de maíz hasta marzo, para garantizar el abastecimiento interno del grano, que es un insumo clave en la producción de carne de cerdo, pollo y vacas de feedlot (corral).

Sobre un total exportable de 38,50 millones de toneladas, ya se habían autorizado exportaciones por 34,23 millones, es decir más del 89%. Por lo tanto, la medida afectaba a 4,27 millones de toneladas, que representan alrededor del 11% del total.

Recordemos que, en octubre de 2020, en medio de una fuerte presión de los sectores concentrados de la economía para forzar una devaluación, el gobierno bajó transitoriamente las retenciones, aspirando a que los dueños de la tierra y de sus frutos liquidaran la cosecha y los dólares y así sortear el cuello de botella.

La respuesta fue una liquidación 4% menor a la de septiembre y un 13% más baja que en el mismo mes de 2019. 

Las divisas ingresadas por exportaciones del complejo de granos acumulaban a noviembre pasado unos US$ 18.583.581.963, casi 3.000 millones de dólares menos que igual período de 2019, cuando alcanzó un total de US$ 21.496.115.004.

Quedaba claro, por si alguno todavía dudaba, que lo que se está disputando no se trata de unos puntos en las retenciones meramente, si no la reacción de los poderes fácticos y la construcción de las condiciones del enfrentamiento político contra el frente nacional.

A su vez las patronales agropecuarias convocaron a un lock-out contra el gobierno, en rechazo a la intervención en el mercado de maíz, que, si bien no obtuvo la concurrencia de antes y no pudieron consensuar un plan de acción conjunta, fruto de la presión expropiatoria que los grandes terratenientes ligados al capital extranjero ejercen sobre los pequeños y medianos terratenientes, deja claro el carácter irreconciliable del enfrentamiento. Ya no tiene las bases de antaño, y no pueden construir el consenso de la 125, lo que no quita su capacidad de daño y erosión, ya que siguen siendo dueñas de la tierra y de los medios y la tecnología para ponerla a producir.

Si se mira la campaña 2018/2019, las principales cuatro empresas exportadoras de granos, harinas y aceites vegetales de Argentina concentran el 48% de las ventas externas totales, en tanto que las principales 10 representaron el 91% del total.

Siguiendo los datos anteriores se desprende que más del 40% de las exportaciones de este sector están en manos de capitales norteamericanos (Cargil, ADM, Bunge y Dreyfus), el 17% en manos de la suiza Glencore (controlante de Oleaginosas Moreno y “socia” de Vicentín), y un 15% en manos de la estatal china COFCO (controlante de Nidera y Noble).

El abastecimiento en el mercado interno de un producto básico de la canasta familiar local, como el aceite de girasol, es controlado por 3 empresas, que concentran el 90,5% de la facturación y el 90,6% del volumen. AGD, con su marca Natura, Grupo Navilli, con su marca Cañuelas, y Molinos Rio de la Plata, de PerezCompanc, con sus marcas Cocinero y Lira. El precio de la botella de aceite de girasol de 1,5 lt. subió un 31% de agosto de 2019 a agosto de 2020.

Si miramos la harina de trigo, la empresa Cargill (EEUU) tiene siete plantas de molienda, seguida por Molinos Cañuelas del Grupo Navilli (Argentina), luego por Lagomarsino e Hijos (Argentina) y Los Grobo (Argentina). Estas cuatro empresas llegan a casi el 50% de la producción de harina y superan el 55% de la exportación de harina de trigo, en el que Argentina tiene el 73% del mercado latinoamericano.

En el caso de la comercialización en el mercado local de la harina de trigo, nuevamente Perez Companc (Blancaflor y Favorita) y Navilli (Pureza) concentran el 82,1% del mercado.

En el aprovisionamiento de fideos, Molinos Rio de la Plata tiene el 79,4%, controlando 7 marcas líderes: Mattarazzo, Luchetti, Canale, Don Vicente, Don Felipe, Favorita y Manera.

Existen una gran cantidad de molinos que procesan arroz. Sin embargo, el dominio lo ejerce claramente la empresa Adecoagro, dueña de la marca Molinos Ala. La otra empresa fuerte del sector es Molinos Río de la Plata, dueña de las marcas Gallo y Luchetti, que en este segmento tienen más de un tercio de la participación de ventas en el mercado interno. En el año medido de agosto 2019-agosto 2020, el arroz subió un 52,23%.

Otro producto esencial, el azúcar de mesa, también está en manos de un puñado muy reducido de corporaciones, donde tres empresas concentran el 85% de la facturación y el 81% del volumen producido: Ingenio El Tabacal, de la multinacional norteamericana Seabord (Chango y Tabacal), el por ahora nacional Grupo Blaquier (Ledesma), aunque en varios emprendimientos aparece asociada a la multinacional Cargill y la local Valpafe (Domino, Madison, Santa Lucía) (y 8% marcas propias de supermercados). El azúcar subió 52,77% en un año, también por encima de la inflación general, e incluso de la de alimentos en particular.

En el sector lácteo, la concentración en muy gráfica. La familia Mastellone asociada con Inversiones Dallpoint (EEUU) y Danone (Francia), es la empresa más grande, tiene siete plantas industriales, es líder en ventas de leche fluida, con el 60% del mercado. Y acapara también el 77% de los yogures y el 70% de los postres.

Resumiendo, sólo 3 grupos controlan el 90,6% del aceite que se consume en nuestro país; sólo 2 el 82% de la harina de trigo; sólo uno el 79% de los fideos secos; sólo 2 el 80% del arroz; y sólo 2 más del 85% del azúcar. Y aunque la suma da diez grupos, son sólo 6 en total, porque los mismos nombres se repiten aquí y allá. Pérez Companc, con el gigantesco Molinos Río de la Plata; AGD, de la familia Urquía, de la cual proviene Acevedo, el actual presidente de la Unión Industrial Argentina; Navilli, dueños de Molino Cañuelas; Adecoagro, cuyos orígenes se remontan al magnate George Soros; Ledesma, de la familia Blaquier, y Seabord, una multinacional norteamericana que desde el 96 explota el histórico ingenio azucarero San Martín de Tabacal.

De esta manera, esas oligarquías nativas han construido y construyen mecanismos de control y asfixia para las economías nacionales. Como vimos más arriba producen para exportar, por lo cual cuanto más devaluadas estén las monedas nacionales, se ven beneficiadas con un dólar más caro, porque sus ingresos son en esa moneda, pero los salarios que pagan son en moneda local, por lo que sus costos de producción se le abaratan respecto a sus competidores internacionales.

Por eso, exigen permanentemente que no haya cupos a la exportación, aunque como en el caso de los alimentos sean productos de la canasta básica del pueblo. Por supuesto, también se oponen fervientemente a que se le cobren cualquier tipo de impuestos, es decir, a que una parte de los dólares ingresados con sus exportaciones queden en las arcas del Estado y sea transferido al desarrollo de la producción, la salud, educación y empleo.

Así, nos desarrollamos bajo el proyecto de una clase de carácter antinacional y antipopular, por esto nuestras ciudades se constituyeron subordinadas al campo y las regiones de nuestro país no están relacionadas a partir de una misma matriz productiva, sino que se desarrolló la zona centro y el puerto por un lado y el resto de la región fue realizándose como pudo. Es decir, no tenemos un país auto centrado donde el desarrollo esté organizado desde la cooperación de las zonas más rica y más pobres, sino por el contrario las zonas de mayor riqueza son funcionales al capital extranjero. La unidad nacional objetivamente requiere de la derrota de ese orden oligárquico imperial, sin el cual es imposible, resolver el problema de nuestra dependencia.

Queda así a las claras que la posibilidad de industrialización del país, desarrollar el mercado interno, y generar trabajo está directamente atada indisolublemente a la discusión sobre qué país y que región necesitamos y centralmente cómo lo hacemos.

Para el empresariado nacional mercado internista, y para gran cantidad de representantes políticos de lo que fueron los gobiernos progresistas de nuestra región, desarrollar los países ha significado en esta última década, desarrollar más y más empresas, ser más competitivos a nivel internacional, otorgando a través de ello mejores productos y servicios a la población.

Frente a los mecanismos de estrangulación económica, la especulación financiera y las corridas cambiarias y bancarias, rápidamente buscan refugio en el dólar agravando aún más el problema. Lo mismo hace con la especulación en los precios, la rebaja de salarios y el recorte de los puestos de trabajo a partir de la necesaria incorporación de tecnología para, vía abaratamiento de los costos, ganar en competitividad.

El empresariado nacional, parido por la oligarquía, que empujada a comienzos del siglo XX por las crecientes crisis y recesiones mundiales en la década del 30, se ve obligados a financiar con parte de sus rentas el desarrollo sustitutivo de algunos bienes y servicios que durante las grandes crisis y guerras veían escasear y que a su vez les garantizó la creación de un mercado interno que le haga de colchón para el consumo de parte de las materias primas producidas.

Acá desde su nacimiento estos sectores empresarios nacionales siempre se vieron atados al financiamiento vía plan propio de la oligarquía o años más tarde, vía confiscación de los gobiernos populares de parte de la renta de la producción primaria de materias primas para su desarrollo.

Toda la historia de lucha de nuestro pueblo nos indica que no podemos hacernos ninguna ilusión, ni tenemos derecho a ello haciéndonos la idea de lograr la libertad sin prepararnos para derrotar a los causantes de todos nuestros males.

La matanza de nuestros pueblos originarios, la “guerra” contra el gaucho,  la semana roja, los fusilamientos en la Patagonia, las bombas en Plaza de Mayo, el ultraje al cadáver de Evita, los fusilamientos de José León Suarez, la proscripción del Peronismo, los bastones largos, los 30 mil desaparecidos, los olvidados de Malvinas, los miles de muertos de hambre, enfermedades y miseria del Neoliberalismo, los asesinados del 2001, Darío y Maxi, Maldonado, Facundo, los ataques a Cristina y el hostigamiento a su hija Florencia, la cárcel de Milagro Sala, Amado Boudou, Delia, Esteche, la persecución a Hugo Moyano, la intervenciones de sindicatos y los que festejan por los muertos del covid 19, son un claro ejemplo de lo que están dispuestos los dueños del dios dinero en pos de inmortalizar el dominio de su agónica y sacrosanta propiedad privada.

Toda la historia de lucha de la clase trabajadora nos dio una vasta experiencia en la organización de comisiones internas en los lugares de trabajo, de unidades básicas en nuestros barrios, en la creación y desarrollo de Escuelas, Sociedades de Fomento, Unidades Sanitarias, Centros Culturales, entre tantas otras que hemos organizado.

Una vez más es la Hora del Pueblo, de que asumamos esas luchas parciales como una única lucha, la lucha por construir una Comunidad, Nacional, Regional y Mundial Organizada.