La Justicia ordenó al Gobierno Porteño a reponer el empedrado

La justicia respondió a un reclamo de los vecinos y tomó esa decisión al considerar, como dice la ley, que el adoquinado es «patrimonio cultural». Para los amparistas, además, el adoquín contribuye a controlar las inundaciones.
Un fallo judicial de la Ciudad de Buenos Aires le ordenó al gobierno porteño que frene las tareas de remoción de los adoquines en todo el barrio de Palermo, y además instó a que reponga el empedrado en las cuadras donde ya lo quitó, «dejando las calzadas en el mismo estado en el que se encontraban antes del comienzo de las obras». Los magistrados mencionan la existencia de una reciente ley que protege a este tipo de calles, aunque el PRO al reglamentarla les quitó el poder original que tenían las Comunas, y realizó su propio (y acotado) listado de cuadras protegidas, por lo que comuneros y organizaciones patrimoniales presentarán la inconstitucionalidad de la reglamentación de la norma.

El reclamo apuntó contra el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño y fue rechazado en primera instancia, pero ahora la Sala Tercera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario adhirió al planteo de los vecinos, sobre la base de la legislación vigente que «declara integrante del patrimonio cultural a las calles construidas con adoquinado granítico que integren el catálogo definitivo previsto en la ley». Así lo señala la Ley 4806 sancionada a fines de noviembre de 2013. Ese catálogo, tal como lo marca el artículo 2º, debía surgir de un «inventario provisorio» a cargo de las Juntas Comunales, el cual sería enviado a la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad (CPHC) que, en base a ese relevamiento, «conformará el Catálogo Definitivo».
Sin embargo, en la reglamentación ocurrida el 8 de julio de este año, el Ejecutivo porteño cambia la modalidad: es la autoridad de aplicación (el Ente de Mantenimiento Urbano Integral –EMUI–, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público) quien «elabora un listado preliminar de calles construidas con adoquinado» –sin especificar límite de tiempo– y luego se lo remite a las Juntas Comunales que cuentan con un plazo de apenas veinte días para «efectuar en forma fundada cualquier observación que consideren pertinente». Vencido ese tiempo, «la autoridad de aplicación envía a la CPHC el listado, como inventario preliminar, sobre el cual debe basarse la confección del Catálogo Definitivo».
Este cambio, con el que le quitan poder de decisión a las Comunas, generó que el Observatorio de Patrimonio y Políticas Urbanas elabore un reclamo de inconstitucionalidad que presentarán en estos días ante la justicia, con el acompañamiento de un grupo de comuneros. «En algunas comunas el PRO ya envió su listado de cuadras protegidas, que es mínimo al lado del nuestro. Y ese plazo de 20 días para las Comunas es absurdo. Menos mal que varias arrancaron su propio relevamiento el año pasado», aseguró Mónica Capano, titular del Observatorio. Un ejemplo es la Comuna 10, compuesta por los barrios de Floresta, Monte Castro, Vélez Sarsfield, Versalles, Villa Luro y Villa Real. El EMUI envió a la Junta Comunal un listado que protege 235 cuadras empedradas, un 11% del total de las calles de esa zona. El Observatorio relevó 368, un 19 por ciento. Y en el listado oficial de Ciudad figuran las calles Magariños Cervantes y Juan Agustín García, que ya están asfaltadas. Algo similar ocurrió en Palermo, donde la Comuna identificó 156 cuadras adoquinadas para proteger, casi el doble de las que presentó el PRO, que además incluyó tramos de la calle Aráoz, ya cementados.
«El empedrado, además de las cuestiones históricas, es un regulador natural de la velocidad de los automóviles, contribuye al control de las inundaciones por su capacidad de absorción del agua de lluvia, y al ahorro energético, ya que su inercia térmica es muy inferior a la del asfalto, lo que disminuye las temperaturas nocturnas de la ciudad, con el consiguiente ahorro de energía para refrigeración«, expresó Ricardo Castañeda, uno de los amparistas del reciente fallo. Es miembro del Observatorio e integrante de la Comisión de Cultura y Patrimonio del Consejo Consultivo de la Comuna 14.

Mientras se asfaltan calles empedradas y se demoran los listados de protección, crece la venta de adoquines por parte de privados. Muchos los venden los trabajadores de obras contratadas por Ciudad, como fue testigo este diario en la zona de Nicaragua y Dorrego. Los vendían a diez pesos cada uno. Pero la gran vidriera es Internet. Por MercadoLibre aumentaron los vendedores. Uno los puso a 7 pesos, otro ofrece por metro cuadrado. También aparecen «adoquines de 20 x 20, cordones, también hay muchos grandes uniformes»; o «adoquines antiguos de calle, grandes e irregulares». Avisos con stock de «más o menos 750 adoquines». Siete pesos cada uno.  Ante las consultas, respondió que los compró, que «son completamente legales».