La Legislatura y Dos Leyes Contra el Último Eslabón de la Cadena.

En el marco de una nueva sesión ordinaria, la Legislatura porteña sancionó con 37 votos positivos, 11 negativos y 9 abstenciones ( contó con el acompañamiento de VJ, GEN y BP; el rechazo de PTS, MC, Ev, AyL y PO; y la abstención de UC y PS.) un proyecto de ley que modifica varios artículos del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad, el Régimen de Faltas y el Código de Habilitaciones y Verificaciones, con el objetivo de frenar el avance de Uber en la Ciudad (atacando a los choferes), mediante el incremento en las multas para aquellos que transporten pasajeros sin contar con la habilitación correspondiente.

Es así que los choferes que no cuenten con la habilitación requerida, tendrán que abonara una multa de 10 mil unidades fijas y además se le quitarán 10 puntos del scoring; también se podrá retener la licencia de conducir por un periodo de entre 7 y 30 días.

Entre otros puntos, la medida impulsada por el oficialismo prevé retirarle preventivamente la licencia -sin intervención judicial- a los taxistas que agredan a pasajeros; aumentos en las multas y la retención de la moto a los motociclistas que lleven menores o acompañantes alcoholizados; mientras que a los conductores de transportes habilitados que corran picadas, pasen barreras bajas o tenga el registro adulterado serán multados y se les quitarán puntos en el scoring.

La Legislatura porteña también sancionó con 37 votos positivos, 11 negativos y 9 abstenciones una normativa impulsada por la legisladora de Vamos Juntos y presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte, Cristina García, a través de la cual se buscará prohibir el traslado de piqueteros en micros escolares, tratando así de anular las protestas masivas.

La medida modifica varios artículos del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad, el Régimen de Faltas y el Código de Habilitaciones y Verificaciones, y contó con el acompañamiento de VJ, GEN y BP; el rechazo de PTS, MC, Ev, AyL y PO; y la abstención de UC y PS.

Prevé que cuando el conductor o el vehículo no tuvieran habilitación para el transporte que están realizando, como ocurre con los micros escolares cuando trasladan manifestantes, se revoque la habilitación para funcionar como bus escolar y se inhabilitará al conductor -para manejar ese vehículo- por un plazo de hasta cinco años.

Además, se le sumarán sanciones económicas que ya estaban previstas en la Ley, que oscilan entre 150 a 1.500 unidades fijas.

Cuando un vehículo de esta índole circulara con licencia vencida o caducada por cambio de datos, no respetara los límites de edades, fuera evidente la disminución de las condiciones psicofísicas del conductor, incurriera en exceso de velocidad, cruzara en rojo, o circulara por la metrovía o bicisenda, se “procederá a la suspensión del servicio, de la habilitación del conductor y/o del vehículo por un periodo de dos hasta de seis meses de acuerdo a la gravedad y a la reiteración de las faltas».

Por otro lado, la misma iniciativa también endureció las penas para aquellos choferes que transporten pasajeros sin contar con la habilitación correspondiente, tal y como es el caso de los conductores de Uber.