19 Años de Cromañon.

El 30 de diciembre del 2004, 194 personas murieron y más de 1.500 resultaron heridas al quedar atrapadas en un incendio en el ex boliche República Cromañón durante un recital de la banda de rock Callejeros.

El estatus de Monumento Histórico Nacional que obtuvo el ex boliche República Cromañón y la reciente reglamentación de la ley 27.695, que permite la creación de un espacio de memoria en ese lugar, «abren una puerta trascendental» en el proceso de justicia al reconocer lo que sucedió como una «causa nacional y de derechos humanos», subrayaron sobrevivientes a 19 años del incendio en el que murieron 194 personas el 30 de diciembre de 2004.

El 1° de diciembre pasado, el Gobierno Nacional (Alberto Fernández) reglamentó la ley 27.695 -sancionada en octubre de 2022- que declaró «de utilidad pública y sujeto a expropiación» los inmuebles ubicados en Bartolomé Mitre 3038/78 y Jean Jaures, en el barrio porteño de Balvanera, donde funcionó Cromañón, cuya autoridad de aplicación es la Secretaria de Derechos Humanos.

A su vez, el decreto 571/2023 de noviembre de este año declaró a Cromañón Museo Histórico Nacional, al «Paseo de Los Pibes de Cromañón» como Lugar Histórico Nacional y a la Colección Cromañón alojada en el Archivo Nacional de la Memoria como Bien de Interés Histórico Nacional.

La decisión de incluir a Cromañón como patrimonio nacional fue lograda a partir de un «trabajo arduo» entre la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos del Ministerio de Cultura de la Nación, las organizaciones de sobrevivientes y familiares de víctimas y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Desde el 2004, el local Cromañón no volvió a abrir sus puertas, con excepción de las pericias judiciales que se hicieron en su momento.

El Decreto 652/2023 designó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como «sujeto expropiante de los inmuebles» y lo instruyó para que coordine las acciones necesarias con el fin de «efectivizar el inmediato uso del inmueble sujeto a expropiación».

Para lograr la expropiación la Administración de Bienes del Estado solicitó meses atrás la tasación del inmueble al Tribunal Nacional de Tasación que, a su vez, solicitó el acceso al inmueble para realizar la inspección.

Según un informe de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia en base a información de la propia Corte Suprema  hay al menos tres mil demandas civiles cajoneadas en los juzgados que esperan desde hace años algún tipo de reparación.

El cuello de botella se produjo por tres razones.

El primero es el gasto para litigar, que muchas veces no es asumible para los familiares o sobrevivientes.

El segundo es que los peritos de parte no actúan o hay que pagarlos, y también están fuera de alcance.

El tercero es el abandono de algunos abogados particulares, que dejan de seguir las causas porque no encuentran rédito económico.

Hasta ahora, el Poder Judicial no movió de por sí un pelo para resolver esas deficiencias.

En 2009, la Justicia condenó al gerenciador del local Omar Chabán, al manager de la banda Diego Argañaraz, al subcomisario Carlos Díaz, al coordinador general del boliche Raúl Villarreal y a las funcionarias Fabiana Fiszbin y Ana María Fernández.

En 2011, Casación atenuó las calificaciones de incendio doloso a culposo -y achacó esa misma figura a los integrantes de Callejeros-; y de incumplimiento a omisión de los deberes de funcionario público.

En 2014 Rafael Levy, el dueño del local en el que funcionaba el boliche República Cromañon, quedó preso y comenzó a cumplir la condena de cuatro años y medio de prisión que le aplicó la Justicia.