Milei Desmantela la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad.

El gobierno le dio una nueva estocada al proceso de verdad y justicia.

Por decreto, Javier Milei avanzó en el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que busca a los niños y las niñas robados durante la dictadura.

La Conadi ya no contará con su Unidad Especial de Investigación (UEI), por lo que no podrá conducir pesquisas ni acceder a los archivos del Estado para contribuir con la búsqueda que las Abuelas de Plaza de Mayo llevan adelante hace 47 años.

La Conadi es el organismo del Poder Ejecutivo que se encarga de colaborar con las Abuelas en el hallazgo de sus nietos y nietas.

Como distintos entes estatales, la Conadi se fue moldeando a través de distintas gestiones gubernamentales que se comprometieron con encontrar a los bebés que habían sido arrancados de sus familias durante los años del terrorismo de Estado.

Se creó en 1992 para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocía el derecho a la identidad.

En 2001, su existencia quedó ratificada por ley.

En 2004, Néstor Kirchner firmó un decreto, el 715, a través del cual se creaba una UEI dentro de la Conadi y se la facultaba a acceder a todos los archivos en poder del Estado para encontrar a los bebés apropiados.

La Conadi recibe denuncias –que pueden provenir de Abuelas o de alguien que pueda aportar un dato para encontrar a las personas que se buscan– y presentaciones espontáneas de quienes tienen dudas sobre su origen biológico.

Por ley, es el nexo con el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). El 90 por ciento de los casos que llegan al BNDG lo hacen desde la Conadi.

Desde hace meses, el gobierno viene gestando una embestida contra el organismo.

El Ministerio de Defensa fue el primero en anunciar que no iba a mandar documentación a la Conadi.

Organizaciones que defienden a condenados por lesa humanidad celebraron la decisión en redes sociales.

Ya se filtró el proyecto de decreto que había redactado Florencia Zicavo, jefa de gabinete de Mariano Cúneo Libarona, en el Ministerio de Justicia. Abuelas de Plaza de Mayo denunció que se estaba preparando el vaciamiento del organismo. A los pocos días, corrieron a Claudia Carlotto de la dirección de la Conadi.

Cuando parecía que el tema había quedado en el tintero, el decreto se publicó en el Boletín Oficial (BO) con las firmas de Javier Milei y Cúneo Libarona.

El argumento para cerrar la UEI es que el Poder Ejecutivo no puede llevar adelante investigaciones, ya que éstas deberían quedar en manos del Ministerio Público Fiscal (MPF).

“No puede legitimarse que un órgano establecido por decreto desempeñe funciones que el texto constitucional y, concordantemente con éste, el legislador asigna a órganos específicos del Estado nacional en el marco del diseño institucional definido por la Ley Fundamental”, dice el decreto 727/2024.

Durante 20 años no hubo planteos de jueces ni de fiscales ni de defensores contra la UEI de Conadi.

Pese a la falta de cuestionamientos, la cartera que conduce Cúneo Libarona celebró su disolución y dijo que su existencia era un “atropello a nuestra Carta Magna”. Nada explicó el Ministerio acerca de cómo hará con las investigaciones que estaban en marcha. Si se archivan de oficio, podría tener que dar explicaciones el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, que es el máximo responsable de la Conadi.

Pablo Parenti es el fiscal a cargo de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante) y valora especialmente el trabajo realizado por la Conadi. “La UEI se creó hace 20 años y vino haciendo un trabajo muy importante para el sistema de justicia. Su aporte ha permitido clasificar miles de denuncias recibidas por Abuelas de Plaza de Mayo desde la dictadura y determinar mínimamente las hipótesis para que luego el sistema de justicia pueda investigar sobre una base más definida. No hay que olvidar que estamos hablando de comunicaciones de personas particulares hacia Abuelas que muchas veces tienen datos muy escasos o imprecisos y la tarea que viene cumpliendo la Conadi es justamente intentar delimitar una hipótesis para que los jueces y fiscales podamos realizar las investigaciones sobre una base más determinada”, explicó Parenti.

“En estos 20 años de trabajo, la Conadi realizó centenares de denuncias basadas en el trabajo de la UEI y eso nunca fue cuestionado por ningún juez, ningún fiscal y ni siquiera por las defensas de los imputados. Por eso, es llamativo el argumento de que la tarea de la UEI afectaría la división de poderes cuando, en verdad, lo que hace es colaborar con el sistema de justicia para que pueda desempeñar mejor su tarea”, resaltó Parenti. 

A contramano de lo que dice el gobierno, no es una rareza que haya entes del Poder Ejecutivo que realicen investigaciones.

El mes próximo se cumplirán 40 años desde que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) concluyó su informe sobre los campos de concentración de la dictadura. Hay otros organismos del Ejecutivo que también investigan como la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF) o la UEI AMIA.

Para la legisladora porteña Victoria Montenegro (UxP), una de las nietas que restituyó su identidad gracias a la búsqueda de Abuelas, la avanzada del gobierno contra Conadi tiene un fin claro. “Buscan preservar a los victimarios”, afirma. «Hay que reaccionar prontamente porque esto afecta la búsqueda de los nietos y a todo el proceso de verdad y justicia».

Guillermo Pérez Roisinblit, otro de los nietos encontrados por Abuelas, sostiene que se trata de un “gesto para los genocidas sin precedentes en 40 años de democracia”y resalta que no hubo otro intento de obstaculizar de este modo la búsqueda de los bebés apropiados. Resalta que incluso este delito no quedó contemplado en la Ley de Obediencia Debida.

La decisión de vaciar de funciones a la Conadi se ejecutó en pleno escándalo por la visita de seis diputados oficialistas a los genocidas que están presos en el penal de Ezeiza, visita que no fue repudiada por la Casa Rosada ni por las autoridades del Congreso –como advirtió desde su cuenta de X el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti.

Hay varias iniciativas en pie para impedir el desguace. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, ante la posibilidad de que se desarmara la UEI, dictó una medida de no innovar para evitar que toda la documentación que la Conadi produjo a lo largo de su historia no se pierda o destruya.

Horas después de publicado el decreto de Milei, desde Unión por la Patria (UxP) presentaron un proyecto para restablecer la UEI por ley. La iniciativa lleva las firmas de Cecilia Moreau, Germán Martínez, Paula Penacca, Máximo Kirchner y Gisela Marziotta, entre otros diputados.

Resumen Histórico de la Conadi:

La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad es el organismo dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos responsable de garantizar el cumplimiento de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, en lo referente al derecho a la identidad.

Impulsa la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres, durante la última Dictadura cívico-militar (1976-1983) a fin de determinar su paradero y restituir su identidad.

Requiere asistencia, información y colaboración del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y ordena la realización de pericias genéticas en dicho Banco.

Interviene en toda situación en que se vea lesionado el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes.

La CoNaDI fue creada en 1992 y sus alcances, objetivos y facultades fueron ratificados en 2001 por la Ley 25.457.
Algunas de las acciones que desarrolla la CONADI son:

– Recibir y atender a las personas que se presentan con dudas sobre su identidad y, en caso necesario, solicita al Banco Nacional de Datos Genéticos la realización de pericias genéticas.

– Recibir denuncias e información sobre posibles hijos e hijas de personas desaparecidas con el fin de corroborar los hechos denunciados y, de existir elementos suficientes, promueve instancias pre-judiciales o judiciales con el fin de esclarecer su identidad.

– Realizar presentaciones jurídicas y asistir a jueces y fiscales en los casos de apropiación de menores de edad durante la última dictadura cívico-militar.

– Relevar los integrantes de cada grupo familiar de las mujeres embarazadas que fueron víctimas de la represión ilegal en cualquier punto del país con el fin de incorporar sus datos genéticos al BNDG.

– Brindar acompañamiento psicológico y asesoría jurídica a las personas en los procesos judiciales de restitución de identidad y a los distintos actores involucrados en ello.

– Investigar casos sobre mujeres embarazadas que fueron víctimas de la represión ilegal y niños desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, con el fin de incorporar los datos genéticos al BNDG.

– Recibir presentaciones de personas que buscan a sus hijos/as, sin distinción de fechas o circunstancias de nacimiento.

Fuente: Luciana Bertoia – Página 12