8 Años de Milagro Sala, Presa Política.

Hoy 16 de enero se cumplen 8 años de Milagro Sala como presa política.

6 de esos años estuvo presa sin condena firme. Recién en diciembre de 2022 la Corte confirmó una condena en una de las tantas causas armada por la (in)Justicia jujeña.

La detención de Sala ha sido ampliamente criticada por organismos de derechos humanos y políticos de todo el espectro ideológico.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha ordenado en dos oportunidades su liberación, debido al riesgo que implica para su integridad personal. Sin embargo, el gobierno de Jujuy, encabezado por el gobernador Gerardo Morales, ha hecho caso omiso de estas órdenes.

La detención de Sala ha sido interpretada como una forma de criminalizar la protesta social y de silenciar a una voz crítica del gobierno de Morales.

Sala es una líder popular que ha luchado por los derechos de los pueblos indígenas y los sectores más vulnerables de la sociedad.

Su detención genera un fuerte rechazo en parte de la sociedad argentina y en el ámbito internacional.

Su caso sigue siendo una causa de preocupación para los organismos de derechos humanos y para la comunidad internacional.

El 16 de enero de 2016, a pocas semanas del comienzo del primer mandato de Gerardo Morales, Milagro Sala fue detenida por participar de un acampe frente a la casa de gobierno de Jujuy.

Desde entonces fue encerrada dos veces en una unidad penal y hasta este momento sigue privada de la libertad.

La prisión preventiva y la sucesión de acusaciones en su contra buscó desde el comienzo disciplinarla a ella y debilitar su organización la Tupac Amaru..

Apenas asumió, en diciembre de 2015, Morales anunció que las organizaciones sociales debían empadronarse en un registro de cooperativas. Ante un pedido de reuniones por parte de distintas organizaciones para entender las medidas, Morales no quiso mantener diálogo ni dar explicaciones. Eso provocó que distintos grupos hicieran el acampe frente a la gobernación. A los pocos días, dictó un decreto que disponía la suspensión de la personería jurídica y otros derechos de las organizaciones que se quedaran en el lugar. Algunas se fueron pero Milagro Sala y la Tupac Amaru mantuvieron el acampe. Sobre esta organización recayó una serie de medidas de criminalización, que incluyó la detención de su referenta.

Casi dos semanas después, se ordenó su excarcelación. Pero ese mismo día, antes de que fuera liberada, se pidió otra vez su detención por otra causa. Así comenzó un ciclo de denuncias que la mantiene encerrada hasta el día de hoy. En esta nueva investigación se la acusaba de defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita.

El gobierno de Jujuy subordinó al poder judicial provincial en función de sus objetivos políticos: de manera encadenada y superpuesta se le iniciaron procesos y se reabrieron otros en los que se la había desvinculado. A Milagro se le abrieron 12 causas y atravesó seis debates orales y públicos. La finalidad de esta estrategia es asegurar su situación de encierro y desprestigiarla.

A partir de su delicado estado de salud físico y mental, cuando estaba presa en el penal de Alto Comedero, en noviembre de 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le exigió al Estado Argentino que adopte “las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud” de Milagro. En ese momento, el tribunal internacional consideró que su estado revelaba “una situación de extrema gravedad”.

El hostigamiento ejercido estuvo acompañado por situaciones de humillación pública y privada, como haber recibido notificaciones judiciales cuando estaba en la cama de un hospital durante una internación. Ningún varón que participe en política vive el grado de persecución, intimidación y acoso que transita Milagro Sala, con el afán de limitar su influencia y acción.

La búsqueda por menoscabar su construcción popular, se cruza con la violencia política por razones de género y raza que se ejerce contra ella.

Durante estos años de privación de la libertad de Milagro, también varios de los integrantes de la Tupac Amaru sufrieron similares episodios de hostigamiento, con el objetivo de desarticular definitivamente la organización.

La causa judicial contra la protesta que dio origen a su detención sigue pendiente de juicio oral y la persecución por este hecho continúa hasta hoy. En toda la Argentina, por supuesto incluida la provincia de Jujuy, la protesta y la organización política y social son derechos. Su ejercicio nunca puede ser blanco de la persecución penal.

Sala está en prisión domiciliaria, con una condena a 13 años de prisión por asociación ilícita, extorsión y fraude.

Su traslado a Buenos Aires para ser atendida en el Hospital Italiano de La Plata se definió a fines de septiembre del 2023.

La defensa de la dirigente social solicitó para el viaje el avión sanitario del gobierno provincial, pero finalmente ese traslado se hizo en un vuelo de línea el 4 de octubre.

El 16 de octubre la dirigente social obtuvo el alta hospitalaria tras haber sido intervenida quirúrgicamente y continuará con tratamiento ambulatorio en La Plata.

Se le practicó un procedimiento endovascular para intentar colocarle un stent venoso que atendiera el cuadro de trombosis venosa profunda que padece, algo que no pudo ser concretado en forma completa, y deberá permanecer en La Plata y continuar con un tratamiento que le demandará varios meses.