Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle.

Unas 4500 duermen en las calles de Buenos Aires, cuatro veces más que las que reconoce el Gobierno porteño.

Las más de 40 organizaciones participantes, que contaron con el respaldo del Ministerio Público Fiscal, la Defensoría del Pueblo, la Auditoría General porteña y legisladores, extendieron a 25.872 personas el número de ciudadanos que están “en riesgo”.

Entre las personas censadas, el 23 por ciento dijo que el año pasado no estaba en situación de calle.

El cuadro es mucho más grave que lo reflejado año tras año por el relevamiento del Gobierno porteño, que entre  2011 y 2016 osciló entre 850 y 900, y que en 2017 arrojó un aumento del 20 por ciento, alcanzando a 1066 personas según las cifras difundidas por el subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Corach.

Las organizaciones denuncian en el informe que, «esta invariabilidad no condice con el aumento de la tasa de pobreza (32,2 por ciento) y de indigencia (6,3 por ciento) registrado en el área metropolitana en el último año —según el informe del Barómetro Social de la UCA— ni tampoco con el deterioro socio-económico admitido por las propias cifras oficiales».

El censo agrega otro dato alarmante respecto del rol del Estado: «El 70 por ciento de las personas entrevistadas relató haber sido víctimas de una o varias formas de violencia institucional o social. Entre las que la principal fuente de violencia fue institucional, ejercida primero por las fuerzas de seguridad y luego por funcionarios públicos de instituciones y programas estatales de gobierno».

En el relevamiento se muestra que la Comuna 1 —Montserrat, Constitución, Retiro, San Nicolás, Puerto Madero y San Telmo— concentra la mayor cantidad de personas durmiendo en las calles, con un total de 1239. O sea, el relevamiento solo en la Comuna 1 supera el realizado por el gobierno porteño en toda la Ciudad.

La comuna 10 —Versalles, Floresta, y Villa Luro— es la que le sigue, con 468 personas en situación de calle.

Luego se ubica la comuna 4 —La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya—, donde 440 personas no tienen techo.

Entre las personas relevadas, el 62 por ciento son porteños; el 25 por ciento proviene de otras provincias argentinas y solo el 12 por ciento de países limítrofes.

Las organizaciones señalaron que el número se eleva a  5872 si se cuentan las personas que duermen en los paradores e institutos que ofrece la Ciudad de Buenos Aires para no dormir a la intemperie.

El censo extiende a 25.872 personas el número de ciudadanos que están “en riesgo a la situación de calle”.

El Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, al presentar el informe dijo, “se pueden tener distintos criterios metodológicos, pero lo que no se puede hacer es negar la realidad. El año que viene, cuando volvamos a difundir el censo, espero que las políticas que se estén aplicando mejoren la situación de las personas en situación de calle”.

Claudia Enrich, de Ciudad Sin Techo reclamó, «a partir de ahora, y de acuerdo a la ley, una vez censada la realidad de las personas en situación de calle, nos debemos sentar en una mesa de trabajo para establecer políticas públicas y  que esas políticas deben contar con “presupuesto” y un plan de prevención. Tenemos que sentarnos quienes trabajamos en la cancha y quienes tienen el poder de las decisiones”.

El relevamiento —que ordena la Ley de Protección de personas en riegos y en situación de calle votada en 2010— considera en «situación de riesgo» a  las mujeres, hombres, niñas y niños que duermen en paradores, en casas recuperadas con sentencia de desalojo o con amparos judiciales, personas institucionalizadas o aquellas que están en hoteles, al que acceden por el decreto 690. El decreto, sancionado en 2006, estuvo sin actualizarse desde 2013, con un monto de 1800 pesos. Recién en diciembre del año pasado, por intervención de la Defensoría del Pueblo, se ajustó a 4 mil pesos.

Voluntarios de todas las organizaciones participantes hicieron un barrido territorial durante tres meses que permitió realizar un muestreo completo de los barrios porteños.

Cada zona fue recorrida dos veces, una por la mañana y otra por la noche, un día laboral y otro del fin de semana.

La metodología del primer censo popular dista mucho del relevamiento realizado en 2016 por la subsecretaría encabezada por Corach, que duró tres horas, en un día con lluvia.

El relevamiento anual de personas en situación de calle, (en falta con la ley sancionada en 2010), no incluye conteo de personas a quienes se alojan en forma transitoria en la red de alojamiento nocturno; no releva la totalidad de los barrio de la Ciudad; no incluye a personas en riesgo de calle; no publica los datos en las páginas web a pesar de la «pretendida ‘inciativa de Datos Públicos y Transparencia'».

El defensor del Pueblo puso dos ejemplos durante la presentación del informe: el de una persona oriunda del oeste del Conurbano, que prefería dormir de lunes a viernes en las calles porteñas porque “en su trabajo cobra el mínimo del convenio y los viajes de ida y vuelta significan un ingreso mínimo más para su familia”, y la situación de jóvenes con adicciones que viven en “ranchadas”. “Nos obliga como funcionarios públicos a tener la decisión política de resolver los problemas”, sentenció.

El 60 por ciento de las personas indicaron que viven en las calle desde hace más de tres años. Al momento de señalar las razones de la situación que los expulsó a la calle, los encuestados indicaron que se debió a problemas intra familiares (43 por ciento), que fueron empujados por la situación económica (39 por ciento) y por la falta de contención ante la problemáticas del consumo drogas (10 por ciento).