«Pañuelazo» por Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Ayer se convocó a un «pañuelazo» en la zona del Congreso Nacional para exigir a los legisladores el tratamiento y aprobación de una ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Miles de mujeres con sus pañuelos verdes colmaron la zona del Congreso, recordando también que se acerca el 8 de marzo, día del segundo Paro Internacional de Mujeres y que la legalización del aborto seguro, gratuito sigue siendo una gran deuda de muchas democracias latinoamericanas.

Todas las Organizaciones convocantes defienden el derecho al aborto como una causa justa para recuperar la dignidad de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, y con ella la de todos los seres humanos.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito se lanzó oficialmente el 28 de mayo del 2005 y en el año 2007, luego de un amplio debate, lograron elaborar un proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que despenalice y legalice el aborto por decisión de la mujer hasta las 14 semanas de gestación y fuera de este plazo en caso de violación o cuando este en riesgo la salud de la mujer. El proyecto fue presentado ante la Cámara de Diputados y Senadores, aunque 11 años después no ha sido tratado.

El último proyecto fue presentado por Victoria Donda  el 30 de junio de 2016 y contó con la firma de más de 40 legisladorxs de un amplio arco político pero perdió estado parlamentario. Este mismo será el que se presente nuevamente en 2018, todavía con fecha a determinar.

Este permite la interrupción voluntaria del embarazo por decisión de la mujer hasta las catorce semanas, mientras que el anterior hablaba de doce, y sin límite en las causales que figuran en el Código Penal: si el embarazo es producto de una violación; si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano; si existieren malformaciones fetales graves.

Elimina la necesidad de denuncia policial para acceder al aborto y la objeción de conciencia. Este último punto se sustenta en la Observación General Nº 22, de 2016, del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Cdesc) que detalla las obligaciones de los Estados respecto de la salud sexual y reproductiva.

La Observación establece que “debe garantizarse que un número adecuado de profesionales de la salud dispuestos y capaces de proporcionar tales servicios, deben estar disponibles en todo momento en las instalaciones públicas y privadas”,según este proyecto de ley.

Amplia los beneficios de la ley a todas las personas con capacidad de gestar, en consonancia con la ley de Identidad de género.

Para su redacción se hicieron durante el año 2015 foros de discusión en varias ciudades del país: Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires Zona Oeste, Zona Sur y La Plata, Córdoba, Santa Rosa (La Pampa), Rosario, Santa Fe, Salta y Tucumán.

La Comisión redactora integrada por reconocidas juristas, médicas y militantes del movimiento feminista: Nelly Minyersky, Martha Rosenberg, Soledad Deza, Silvia Augsburger, Mabel Gabarra, Stella Maris Manzano, Nina Brugo, Alicia Cacopardo, Mónica Menini, Silvia Juliá, Carolina Comaleras y Cristina Zurutuza recogió todas las conclusiones de estos foros.

Las cifras estimativas de abortos en Argentina fue en 2015 cercana a las 500.000 intervenciones.

La semana pasada diputadas de diversos bloques (Nathalia González Seligra (PTS); Romina Del Plá (Partido Obrero); Mayra Mendoza y Mónica Macha (Frente para la Victoria); y la radical Lorena Matzen, Cambiemos)  se reunieron con integrantes de la Campaña y acordaron presentar el proyecto cuando se reinicie la actividad parlamentaria.

El trámite en el Congreso obliga a conseguir la aprobación de las comisiones de Legislación General; Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Acción Social y Salud Pública, para luego llegar al Recinto.