Primeras Decisiones desde el Ministerio de Seguridad.

La Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, derogó el protocolo de uso de armas de fuego dictado por Patricia Bullrich que habilitaba a los miembros de las fuerzas de seguridad a realizar disparos letales ante cualquier «peligro inminente» y hacerlo incluso por la espalda (doctrina Chocobar).

Bullrich había modificado el Reglamento General para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad a fines del 2018.

El Ministerio de Seguridad señaló que la disposicion dictada por Bullrich se alejó de “las recomendaciones del `Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley’de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que, según el artículo 22 de la Ley de Seguridad Interior N° 24.059, deben ser incorporadas a los reglamentos que delineen el accionar policial y de las fuerzas de seguridad”.

“Dicha norma establece que cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben actuar en proporción a la gravedad de los daños, respetando y protegiendo la vida humana, para luego resaltar que sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”. agregaron.

También dejó sin efecto la utilización de las pistolas eléctricas Taser; Frederic dispuso que en lo inmediato no sean utilizadas por las fuerzas de seguridad. En el marco de esa decisión la ministra instruyó a las áreas competentes de la cartera a su cargo a que en el término de 30 días hábiles administrativos elaboren un protocolo que regule integralmente las condiciones y recaudos bajo los cuales los cuerpos especiales de las fuerzas policiales y de seguridad que se hallen facultados para el uso de armas electrónicas menos letales, puedan proceder a su empleo, previa capacitación específica.

También suspendió el Servicio Cívico Voluntario;“el diseño institucional y las finalidades y funciones asignadas” a esa fuerza “no guardan correlación -y mucho menos en el marco de una política pública de seguridad democrática- con los objetivos y fundamentos del Servicio Cívico Voluntario” y que “son completamente ajenas” a sus competencias., afirmaron desde el Ministerio.

La policía no podrá pedir documentos como dispuso Bullrich cuando habilitó a las fuerzas de seguridad a pedir discrecionalmente el DNI con la puesta en marcha del Programa Ofensores en Trenes. A partir de ahí se estableció que la exhibición del documento nacional de identidad sería obligatoria en todas las circunstancias en que fuera necesario probar la identidad de las personas, sin indicar cuál sería el procedimiento a realizar en caso que el pasajero o pasajera careciera de dicho documento o se negara a exhibirlo, pudiendo dar lugar a la detención, el traslado a una comisaría y la conformación de una causa por resistencia a la autoridad.

La nueva gestión en el área de Seguridad advirtió que esa medida “criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados”. Señaló también que “se trata de una herramienta que pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación”.

Además dejó sin efecto la disposición que cedía a la Gendarmería el Complejo Turístico de Chapadmalal, donde funcionaron las colonias de vacaciones de la Fundación Eva Perón. La disposición tomada por la Ministra, fue publicada en la resolucion 1231/2019, que le dio un duro revés a varias de las disposiciones discrecionales tomadas por su antecesora.

El predio construido en 1946 con fines sociales e inclusivos volverá a su utilización de origen y los hoteles 7 y 8 deberán ser desafectados por  los mas de 500 gendarmes que habían sido consignados allí en marzo de este año, en una medida que ponía en riesgo el carácter de “patrimonio histórico” de esos edificios convertidos por Bullrich en cuarteles.