Según un Observatorio, en 2019 Murió un Trabajador en su Puesto Cada 14 horas.

El Observatorio «Basta de Asesinatos Laborales» (BAL) se vale de fuentes periodísticas y sindicales y concluye que durante el 2019 hubo 534 casos de muertes en los lugares de trabajo de las cuales 200 se produjeron en el marco de una relación laboral no registrada.

El estudio limita su alcance a los hechos ocurridos en los lugares de trabajo y no a aquellos que se produjeron en el camino desde y hacia el lugar de trabajo que la legislación vigente reconoce responsabilidad de las patronales.

En días laborables, se produce un deceso evitable cada 14 horas. Los registros oficiales, sin embargo, identifican entre 300 a 350 decesos anuales en los lugares de trabajo.

El sector más afectado, con un 19% del total, es el del transporte y en particular el de cargas como resultado de jornadas agobiantes y “falta de mantenimiento de vehículos”.

Luego se ubican las muertes en el sector de la Construcción (16%), donde el empleo no registrado, según relevamientos oficiales, alcanza el 40% de los trabajadores. Los decesos se producen por caídas de altura o derrumbe de edificaciones que indican condiciones precarias de trabajo.

Algo similar ocurre en el sector agrícola y pesquero donde el 50% de los empleados lo hacen sin registración dificultando aún más la identificación cuantitativa de los decesos.

En la pesca, al tratarse en gran parte de ahogamientos, los casos se encubren detrás de la figura del “desaparecido”.

Junto con el agrícola representan un 14% de las muertes en el lugar de trabajo.

El relevamiento ubica a la Industria, presumiblemente con un menor grado de precariedad laboral, como responsable de una de cada diez muertes al igual que el Comercio.

El informe indica que las muertes son el resultado de la violación de los convenios, la desinversión en maquinarias y equipamiento y el incremento de los ritmos laborales con el sólo propósito de engrosar las ganancias empresarias.

El BAL pone el foco en las patronales pero también en el Estado a través de sus diversos poderes (en particular el judicial) que, además, también carga con muertes de empleados cuando oficia de patronal.

También se omite la discusión de las condiciones de seguridad e higiene en las discusiones paritarias así como la creación de comisiones obreras para el control de las mismas en los lugares de trabajo.

El informe destaca que a pesar de que la Organización Internacional del Trabajo considera que “las enfermedades laborales causan entre el 70 al 80% de las muertes relacionadas con el mundo del trabajo”, en la Argentina “se estima que causan solo el 3%”.

Se trata de envenenamientos y enfermedades recurrentes así como dolencias emocionales causadas por stress que matan y envejecen prematuramente a los y las trabajadoras pero que “la mayoría de las ART las niega y las atribuye a enfermedades preexistentes” porque las mismas aseguradoras tienen como “único objetivo la acumulación de ganancias”.

Los casos mas conocidos son el uso de glifosato, el amianto que afecta a los trabajadores del subterráneo entre otros, las afecciones respiratorias (asma y tuberculosis) en la industria textil, uso de químicos cancerígenos en la industria del neumático o los problemas como la tendinitis y afecciones posturales en empleos que van desde el transporte hasta Comercio y los trabajadores judiciales.

Hoy las reformas en las leyes de las ART han disminuído la capacidad de los trabajadores para accionar legalmente contra sus empleadores reforzando, de este modo, la lógica indemnizatoria del sistema en detrimento de una política de prevnción en los lugares de trabajo.