Intervención del Grupo Agropecuario Vicentín

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para intervenir provisoriamente el grupo agropecuario Vicentin, a la vez que confirmó que mandará un proyecto de ley al Congreso para avanzar en su expropiación.

Actualmente, la empresa agroexportadora de este grupo se encuentra en concurso de acreedores y la Justicia investiga si los préstamos que le otorgó el Banco Nación (su principal acreedor) por 18.500 millones de pesos (más de 300 millones de dólares) fueron correctamente concedidos por su presidente Javier Gonzalez Fraga, aún después del famoso «stress» financiero de la compañia en noviembre de 2019 (con el macrismo derrotado electoralmente).

Se trata de una de las principales agroexportadoras del país. En la campaña 2018/2019 fue la sexta mayor agroexportadora del país.

De aprobarse, pasaría a formar parte de un fondo fiduciario que administrará YPF Agro, con lo que se replicará el modelo de gestión mixta.

El interventor provisorio (por 60 días) será Gabriel Delgado, ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015, durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Este grupo empresarial, según dijo el mandatario, cuenta con “plantas de cereales y oleaginosas en diferentes localidades (…), una división de producción de biodiesel, otra textil que incluye una desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, una bodega en Mendoza y hasta se dedica a exportar miel”, además de tener sedes en Asunción (Paraguay), Montevideo (Uruguay) y San Pablo (Brasil).

Explicaron que el objetivo es rescatar a la empresa, para que cumpla el rol de “empresa testigo en la comercialización de granos y en la producción de alimentos”. Además de destacar que la empresa podrá seguir trabajando y eso beneficiaría tanto a sus trabajadores como a 2.600 productores que le venden a Vicentin,

Destacó que se trata de una “decisión estratégica para la economía nacional”, ya que el Estado, mediante una empresa mixta como YPF, se hará cargo de la producción de alimentos, una actividad que consideró tendrá “una relevancia singular” luego de la pandemia.

La Constitución Nacional sostiene que “la expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. Según la ley de 1977 de expropiaciones, “la utilidad pública”, que es el fundamento legal que permite la expropiación, “comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común”.

Según explicó Fernández, en el proyecto de ley de expropiación de Vicentin se declarará a la empresa de utilidad pública teniendo en cuenta que “se dedica a la producción de alimentos” y que, en un momento de post pandemia, para el Gobierno “tiene una relevancia singular todo eso”. En ningún momento de la conferencia se mencionó un monto de indemnización, sino que se habló de una “operación de rescate”.

En total, la deuda de Vicentín llega a 1.350 millones de dólares (1.000 con bancos y 350 con empresas)  y el proceso de convocatoria de acreedores  tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista.

La posibilidad que el ex ministro del menemismo José Luis Manzano se quedara con la compañia, asociado al fondo especulativo CarVal (propiedad de Cargill), aceleró la toma de decisiones para evitar por todos los medios la internacionalización de la empresa. Los presidentes de ambas cámaras del Congreso de la Nación Cristina Fernández y Sergio Massa participaron activamente.

Según el balance de 2018 las familias Padoán y Nardelli (propietarias) facturaron 118.000 millones de pesos al 31 de octubre de ese año, con una ganancia neta para el grupo de 30.000 millones.

Dependen de las 20 empresas que integran el «holding» 4.000 trabajadores directos y otros miles indirectos.

La cantidad de acreedores de la empresa intervenida llega a la importante cifra de 2.638, quienes aguardan definiciones para saber en que condiciones quedarán en el futuro.