Día del Jubilado.

Todos los 20 de septiembre se conmemora en el país el «Día del jubilado», con motivo de homenaje para las personas retiradas de su trabajo.

La fecha surgió un día como hoy, pero en 1904, cuando se sancionó la Ley 4.349 que establecía un beneficio previsional para empleados públicos del Estado Nacional.

Por aquel entonces, el presidente Julio Argentino Roca (en su segundo mandato) dispuso la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, el primer instrumento que otorgó un ingreso para la clase pasiva.

Con el impulso de dicha normativa en el Congreso, Roca se convirtió en el mandatario que dio inicio a la era de la política social en la Argentina.

En aquellos años, la asistencia y previsión social estaba bajo el ala de las asociaciones de socorros mutuos, una especie de «obra social» que estaba bajo el control de comunidades de italianos, españoles y otras nacionalidades que buscaba cubrir las necesidades cotidianas de la población más empobrecida.

Con la Ley 4.349, el Estado nacional empieza a otorgar seguros a la vejez a los estatales, los maestros, los empleados del Banco Nación y del Banco Hipotecario, personal judicial y de los Ferrocarriles Nacionales. Las cajas jubilatorias se acordaban entre el Estado y los sindicatos – en algunos casos con empresas privadas-, y las cotizaciones se hacían bajo la base de aportes tripartitos. Eran estas cajas las que fijaban el monto de los aportes, como la edad jubilatoria.

El primer régimen de seguridad social en el mundo había sido instituido hacía dos décadas en Alemania (1883) por el canciller Otto Von Bismarck.

Al igual que en Argentina, en aquellas latitudes europeas los nuevos problemas de la sociedad moderna y la «cuestión social» estaban a flor de piel, a raíz de las olas inmigratorias y el nacimiento de una industria que paulatinamente  comenzó a incorporar a ingentes cantidades de obreros y obreras.

En un contexto de convulsión política y social por las revueltas del la Unión Cívica Radical (UCR) y las luchas de anarquistas y socialistas por derechos laborales y mejoras salariales, el presidente Roca, tras sancionar la Ley de Residencia (cuyo objetivo era expulsar a los extranjeros que cuestionaran el régimen), ordenó al ministro del Interior Joaquín V. González la realización del «El estado de las clases obreras«, tarea encargada al socialista Juan Bialet Massé.

El estudio sirvió de base para la legislación social posterior.