Legisladores presentan un proyecto para incentivar el alquiler de casas desocupadas en la Ciudad

Es una iniciativa de María Rachid y Jorge “Quito” Aragón, del Frente para la Victoria. Si los dueños de las propiedades se oponen, se aplicaría un 300 por ciento de aumento en la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL).

“Es una iniciativa que establece un régimen de alquileres que garantice a los sectores más vulnerados y a la clase media el pleno ejercicio de su derechos de acceso a la vivienda”, explicó Rachid en diálogo con Télam.

Según la iniciativa, “el inmueble desocupado es contrario al interés social y es pasible de una tributación especial de los propietarios, como medida para promover la locación y para atender las necesidades sociales en la materia”.

“A los fines de la presente ley, se considera que un inmueble es ocioso cuando permanezca deshabitado por un plazo mayor a seis meses consecutivos o que pertenezca a una persona que posea más de un inmueble”, dice el proyecto.

También se considerarán inmuebles ociosos “los que no posean ningún contrato de locación vigente, ni puedan demostrar el uso del inmueble o no tengan causa justificada para su desocupación”. “Los inmuebles comprendidos en el artículo 52, es decir los ociosos, deben abonar el 300% del Impuesto Inmobiliario y de la tasa de Alumbrado Barrido y Limpieza”, se establece en la iniciativa.

Para probar la ociosidad de una casa “se deberá tener en cuenta que los consumos o promedios de consumo de servicios de electricidad, gas natural y agua no se condigan con el uso de la propiedad en función de su tamaño, capacidad de habitantes y la ubicación geográfica”, entre otros.

“Las empresas prestadoras de servicios públicos quedan designadas como agentes de información, a los fines de advertir la posible existencia de inmuebles ociosos”, indica la propuesta.

La intención del proyecto está en sintonía con la necesidad de revertir los alarmantes datos en torno al déficit habitacional: La Ciudad de Buenos Aires tiene viviendas suficientes para alojar a todos sus habitantes, a un promedio de 2 personas por vivienda.

Al respecto Jorge Aragón manifestó que “la toma de tierras es una realidad por la que atraviesa nuestra Ciudad de Buenos Aires desde hace muchos años. Es preciso abordar la problemática desde una perspectiva social, así evitamos situaciones que generan violencia dentro de la comunidad, como es el caso de los desalojos que utiliza el macrismo como política de Estado”, aseguró.

Sobre el proyecto de ley, Quito argumentó que “esta iniciativa viene a reparar una deuda social porque nuestro objetivo es que el Estado pueda garantizar a los sectores más humildes el acceso a la tierra, tal como sucedió durante la primera presidencia del General Juan Domingo Perón con la ley de alquileres. El avance del mercado es un hecho que generó la mercantilización de nuestros derechos sociales”, concluyó el legislador.

Según informaron mediante un comunicado, la norma contempla mecanismos para proteger a los inquilinos, mejoras al sistema de garantías bancarias, sanciones por excesos en las comisiones inmobiliarias y subas de impuestos para propiedades ociosas.

El Proyecto de Ley de Locaciones Urbanas con Destino a Vivienda define, en primer lugar, “la función social de todo uso del suelo, especialmente el destinado a ese fin”. También establece impuestos a la propiedad que no está ocupada ni en alquiler equivalentes al 300% del ABL. Este aspecto tiene por intención “incrementar la oferta de propiedades en alquiler y que esto redunde en costos más accesibles”.

Además, el proyecto define pautas para los contratos de alquiler a favor de quienes alquilan, y propone una reforma del sistema bancario de garantías propìetarias. Finalmente, para favorecer el otorgamiento de subsidios a personas en situación de calle, el proyecto incluye la creación del Fondo para Locaciones Urbanas destinadas a Vivienda.

La toma de tierras es una realidad por la que atraviesa nuestra ciudad de Buenos Aires desde hace muchos años. Es preciso abordar la problemática desde una perspectiva social, así evitamos situaciones que generan violencia dentro de la comunidad, como es el caso de los desalojos que utiliza el MACRISMO como política de Estado”, manifestó Aragón.

Sobre el proyecto de ley, Quito argumentó que “esta iniciativa viene a reparar una deuda social porque nuestro objetivo es que el Estado pueda garantizar a los sectores más humildes el acceso a la tierra, tal como sucedió durante la primera presidencia del General Juan Domingo Perón con la ley de alquileres. El avance del mercado es un hecho que generó la mercantilización de nuestros derechos sociales”, concluyó el legislador.

Por su parte Rachid expresó que “estamos presentando esta iniciativa a partir de la ausencia de una política habitacional concreta e inclusiva por parte del Gobierno de la Ciudad. Hoy la vivienda en la Ciudad parece ser más una mercancía que un derecho. La falta de políticas públicas facilitan la especulación económico-financiera y dificultan el acceso a la vivienda para la clase media y los sectores más vulnerados de la sociedad. El proyecto de ley de alquileres que presentamos hoy expresa nuestra voluntad para que la legislación local priorice el acceso a inmuebles destinados a ser vivienda única, sobre aquellos destinados a satisfacer una acumulación inmobiliaria desmedida; proteja a los inquilinos y facilite el acceso a una vivienda para todas las familias; y empezar a instaurar así, una política habitacional según las necesidades sociales de la Ciudad”.

Y agregó: “Existen 500.000 personas que viven en asentamientos urbanos. Por eso, ya tenemos presentado un proyecto para declarar la emergencia habitacional, acompañamos la iniciativa del diputado Taiana para crear el Ministerio de la Vivienda, y seguimos exigiendo que se cumpla con las leyes de urbanización de villas, y que se ejecute el presupuesto del IVC que año tras año el Gobierno de la Ciudad no utiliza”.