Aporte Solidario y Extraordinario.

La AFIP afirmó que el organismo «notificó el inicio de fiscalizaciones integrales» a los contribuyentes que no pagaron el Aporte Solidario y Extraordinario, que generó ingresos por más de $ 223.000 millones gracias al cumplimiento de alrededor del 80% del universo potencial alcanzado por la ley.

Comenzarán a analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días donde el organismo está habilitado a solicitar información detallada de muchos contribuyentes con patrimonios superiores a los $ 200 millones en todo el país que no presentaron su declaración jurada ni pagaron el Aporte.

Desde la Administración Federal de Ingresos Públicos señalan que «la mayoría de los contribuyentes alcanzados asumió su compromiso y cumplió. Los datos preliminares muestran que 10.000 individuos con patrimonios superiores a los $ 200 millones ya pagaron» y subrayan que «es una muy buena noticia, son fondos con destino específico que asistirán en la pandemia».

Precisaron que, “$130.000 millones, es decir el 58% de los fondos totales, ingresarán a través del Plan de Facilidades de Pago. Tomamos una buena decisión al ofrecer ese mecanismo que facilitó la cobrabilidad”.

La AFIP ofreció a los contribuyentes alcanzados la posibilidad de pagar un anticipo del 20% y luego financiar el saldo restante en hasta 5 cuotas.

La funcionaria Marcó del Pont detalló que los restantes $93.000 millones, es decir el 42% de todos los recursos generados por el Aporte, ya fueron ingresados por los contribuyentes alcanzados.

El Aporte Solidario y Extraordinario alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, y a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes, por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que los mismos superen la suma de $ 200 millones.

La ley estableció que los recursos extraordinarios generado serán destinados a financiar la política sanitaria (20%), subsidiar a las pymes para sostener los puestos de trabajo (20%), inyectar recursos en las becas Progresar (20%), mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares (15%) y apuntalar la inversión energética (25%).

Alrededor de 200 contribuyentes con patrimonios superiores a $200 millones interpusieron recursos de amparo para evitar el pago de ese tributo.

En cuanto al destino de los fondos, la ley 27.605 aprobada en diciembre del año pasado estableció que los recursos generados se usarán para financiar distintos proyectos definidos en la normativa.

Alrededor de $ 45.000 millones (20% del total recaudado) será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.

Una suma similar (20%) irán a subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.

Mismo porcentaje corresponderá a financiar las becas Progresar, de modo que los fondos refuercen el programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa.

A su vez, más de $ 33.000 millones (15%) se destinará a la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

Por último, cerca de $ 55.000 millones (25%) financiarán programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional.

Fuente: Télam.