Argentina Primera en Colaboración con su Población.

Según un estudio realizado por UNI (Union Global) y la Confederación Sindical Internacional (CSI) han concluido que el 98 por ciento de los trabajadores de todo el mundo no reciben el subsidio de enfermedad, el reemplazo de salario y los beneficios sociales que necesitan para soportar los impactos del COVID-19.

Poco más de la mitad de los gobiernos estudiados reconocen al COVID-19 como una enfermedad ocupacional a través de un proceso regulatorio formal.

El informe realizado en 181 jurisdicciones representados por 124 países, 37 estados de EEUU, 13 provincias y territorios de Canadá y 7 de Australia evidencia que los primeros cinco países del ranking que mas beneficios han brindado fueron Argentina, Austria, Suecia, Francia y España.

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Aun cuando se reconoce que el COVID-19 es una enfermedad ocupacional, los gobiernos a menudo niegan injustamente los beneficios porque los trabajadores no pueden demostrar que contrajeron el virus en el trabajo.

Sin embargo, algunos han adoptado presuntas leyes o políticas, lo que significa suponer que la enfermedad se contrajo en el trabajo. Este paso elevó las respuestas de estos países a la pandemia a lo más alto del ranking.

También sostuvo que «los Gobiernos le fallan a los trabajadores de primera línea al obligarlos a asumir cargas físicas, psicológicas y financieras de la Covid-19 por su cuenta, y son a menudo mujeres, migrantes y personas de color que no deberían tener que elegir entre su salud personal y financiera», por lo que aseguró que el reconocimiento de la enfermedad como ocupacional garantizará esos beneficios y las compensaciones.

La UNI (Global Union) y la CSI están haciendo cinco recomendaciones políticas clave para garantizar un mejor apoyo a los trabajadores de primera línea:

-Calificación automática para beneficios relacionados con la enfermedad COVID-19

-Cobertura para todos los trabajadores independientemente de la relación laboral

-Recopilación de datos confiable

-Inclusión de una categoría general de enfermedades ocupacionales infecciosas en las leyes y políticas

-Licencia por enfermedad remunerada para pruebas y recuperación

Argentina es uno de los países que más pronto ha reaccionado en la respuesta a los impactos económicos (ha invertido miles de millones de pesos) y en materia de empleo provocados por la crisis sanitaria de la COVID-19.

Cuando había apenas unos pocos casos confirmados en el país, el Gobierno estableció un conjunto de medidas que permiten hablar de una respuesta integral a las consecuencias de esta crisis sin precedentes, entre las mas destacadas:

 – Licencias para trabajadores expuestos al riesgo de contagio.

 – Licencias para trabajadores con responsabilidades de cuidado y pertenecientes a grupos de riesgo.

 – Fomento del trabajo remoto.

 – Recomendaciones de seguridad e higiene para los trabajadores del sector de telecomunicaciones.

 – Obra pública en infraestructura, educación, turismo y vivienda.

 – Líneas de crédito para garantizar la producción de productos básicos.

 – Asistencia digital a pymes

 – Estímulos al consumo a través de la fijación de precios y facilidades de pago

 – Programa de Recuperación Productiva (REPRO)

 – Exenciones al pago de contribuciones patronales

 – Reglamentación de aspectos laborales en los servicios esenciales

 – Asignación compensatoria al salario.

 – Asignación especial a los trabajadores de la salud

 – Ampliación del Seguro por Desempleo

 – Refuerzos en los planes sociales y las asignaciones

 – Ingreso Familiar de Emergencia

 – Ayuda a los comercios, la hostelería, el transporte, las actividades culturales y los clubes de barrio.

 – Ampliación de la tarjeta Alimentar.

 – Linea de Créditos para Pymes y Cooperativas Tecnológicas

 – Terminación de hospitales abandonados hace 4 años y adquisición de vacunas gratuitas para la población (hoy 13 millones)