Discusiones por Virtualidad, Presencialidad e Incumplimientos Judiciales.

En estos tiempos de segunda ola de contagios de Covid-19 el gobierno porteño retomó la presencialidad escolar en los niveles inicial y primario para los chicos de la CABA.

Los docentes reinstalaron los reclamos de virtualidad ante el creciente aumento de casos, los fallecimientos en el gremio y los incrementos de contagios en niños. La lucha docente ya forzó al GCBA a acelerar la vacunación de sus integrantes.

La ministra de Educación, Soledad Acuña, admitió que el Gobierno de la Ciudad no garantizará una oferta educativa igualitaria para quienes por distintos motivos opten por su derecho a no asistir a las aulas.

“Le vamos a dar elementos para la continuidad pedagógica, pero no podemos garantizar que cada chico tenga la misma oferta educativa que los que van de forma presencial”, dijo la ministra en una entrevista televisiva.

Volvió a afirmar que no se computarán faltas ni se pondrán en riesgo las vacantes para quienes no asistan de forma presencial (algo que no siempre se cumple, según denuncian las familias).

Mas allá que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta incumple fallos judiciales sabe que una resolución judicial le ordena garantizar la educación virtual “en condiciones de razonable igualdad con quienes lo ejercen a través de la modalidad combinada”.

Así lo estableció la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario en la causa “Ruibal Mariana Beatriz y otros contra el Gobierno de la Ciudad”. Se trata de un amparo presentado por la Asociación Civil Compromiso Ciudadano en representación de medio centenar de familias de la escuela Mariano Acosta.

El GCBA no quiso de ninguna manera flexibilizar, hacer lugar a lo que estaban pidiendo los padres y los intimó para que manden a los chicos al colegio, que les aseguraban que no se iban a contagiar, que se cumplían las condiciones. (los padres les decían que no hay papel en los baños, que hay ratas, et…).

En uno de los fallos dice que tienen que garantizar la educación de la misma calidad que la de quienes van de manera presencial.

En un expediente iniciado por la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia se reclamó conectividad y dispositivos tecnológicos para barrios populares durante la pandemia, y luego especificó la exigencia para garantizar el derecho a la educación virtual para estudiantes exceptuados o que no asistan por distintos motivos.

El colectivo Nace un Derecho se presentó para exigir que no se computaran las faltas y se garantizara educación virtual.

En esa causa, el juez Guillermo Scheibler ratificó que los padres y madres pueden optar por la modalidad virtual para la educación de sus hijos, pero la medida se dio a conocer antes de la decisión de la Corte Suprema que avaló la presencialidad impuesta por Horacio Rodríguez Larreta.

La Ciudad apeló el fallo y recusó al juez, por lo que la causa está provisoriamente en otro juzgado, mientras crece el número de familias que adhiere a la presentación: ya son más de cien.

Pero como lo hace habitualmente el gobierno porteño viene utilizando la misma estrategia de siempre cuando un fallo judicial le es adverso: ignorarlo.

Según la resolución del Juzgado de la Justicia Nacional del Trabajo de 1ra Instancia N°4, que ordenaba al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “que se disponga el cese del comportamiento antisindical” y que proceda a la inmediata devolución de los descuentos de días de huelga realizados a las y los trabajadores de la educación, que se adhirieron a las medidas de fuerza que fueron convocadas a mediados de abril de este año.

La sanción económica que plasmaron viola un fallo de la justicia laboral y llega, en algunos casos, a los 35.000 pesos sobre sueldos de 40.886 pesos.

Además, de manera inconsulta, cambió la manera de acceder a los cargos en las escuelas.

Esta semana, la cartera que conduce Soledad Acuña, realizó una modificación inconsulta del Estatuto Docente, donde se plasman todos los derechos laborales del sector.

Mediante el decreto 179/21 alteró artículos referidos a la carrera docente.

El artículo en cuestión es el que permite el acceso a cargos docentes. Acuña modificó ese punto delegando la potestad absoluta a la Comisión del Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales COREAP y modificando el puntaje docente dando marcha atrás al Decreto 678, establecido en el año 2017.