Paridad de Género en los Medios Audiovisuales.
La Cámara de Diputados convirtió en ley esta madrugada el proyecto para promover la paridad de género desde una perspectiva de diversidad sexual, en los servicios de radiodifusión sonora y televisada del Estado Nacional. cualquiera sea la plataforma utilizada.
La iniciativa fue aprobada a las 3.30 horas de este viernes 11 con 134 votos afirmativos aportados por el Frente de Todos, y los interbloques Federal, y de Unidad Federal para el Desarrollo.
El proyecto fue presentado por la senadora Norma Durango, del Frente de Todos, y recoge una propuesta del colectivo de Periodistas Argentinas y aportes de otras redes de comunicadoras feministas y especialistas en el tema como la Red-PAR y LATFEM, que participaron en una serie de foros federales organizados en 2020 por la diputada del Frente de Todos Mónica Macha. En Diputados, la iniciativa fue impulsada por Macha y Gisela Marziotta.
La norma alcanza a los servicios de gestión estatal bajo la esfera de Radio y Televisión Argentina SE, Contenidos Públicos SE, Télam SE, y todo otro servicio de comunicación del Estado Nacional que se cree luego de la sanción de esta ley.
Además, la normativa establece que los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada a los que se otorgue el certificado de equidad en la representación de los géneros, tendrán preferencia en la asignación de publicidad oficial efectuada por el Sector Público Nacional.
Precisamente este punto fue el que mayor controversias planteó en el debate. La votación de este artículo fue de 126 afirmativos contra 78 negativos y 2 abstenciones.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Comunicaciones, Pablo Carro, aseguró que «éste no es un proyecto de cupo, ni de paridad. Habla de equidad de géneros y este concepto es más potente y nos va generar más oportunidades. Necesitamos más mujeres en las mesas directivas de los medios».
«No se trata que haya más mujeres, que por supuesto deben haber, sino de que haya una perspectiva de género» acotó.
La titular de la bicameral de Comunicación Audiovisual, Gabriela Cerrutti, aseguró que «los medios han sido dueños de la palabra durante el último siglo. Cuando peleamos por la democratización de los medios estamos hablando de representar a les trabajadores y trabajadoras y también diferentes pensamientos, voces y agendas».
«Pluralidad de voces significa que los medios de comunicación representen lo que van cambiando y lo que va evolucionando en la sociedad. Queremos que los medios sean pensados también por disidencias y que el discurso incluya esas sensibilidades», agregó.
Uno de los momentos mas tensos de la sesión fue cuando la mayoría de los diputados de Juntos por el Cambio se levantaron con el objetivo que la sesión se quede sin quórum, aunque no lograron su meta ya que los legisladores provinciales se quedaron en el recinto para votar.
En ese contexto, el diputado Germán Martínez dijo que «los que se están levantando (de sus bancas) no lo están haciendo por las radios comunitaria de Chascomús, sino se están levantando por la presión de los grandes medios de comunicación» y los acuso de que «hablan de proteger a los medios chicos pero garantizan a los grandes».
El proyecto fija que «la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual, debe aplicarse sobre la totalidad del personal de planta permanente, temporaria, transitoria y/o contratado, cualquiera sea la modalidad de contratación, incluyendo los cargos de conducción y/o de toma de decisiones».
También deberá «garantizarse una representación de personas travestis, transexuales, transgénero e intersex en una proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal».
El incumplimiento de estas obligaciones por parte de los responsables de los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal dará lugar a sanciones, llamado de atención y apercibimientos.
Estas sanciones «no excluyen aquellas que pudieran corresponder en virtud del carácter de funcionaria o funcionario público del infractor o infractora».
El régimen de promoción para los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada, con y sin fines de lucro, será creado por la autoridad de aplicación responsable.
Ese régimen «expedirá un certificado de equidad en la representación de los géneros para aquellos prestadores que incluyan dicho principio en sus estructuras y planes de acción».
Para acceder al registro y obtener el certificado, los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada deben elaborar anualmente un informe, donde acrediten progresos en materia de equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual.
La propuesta dice que en relación a los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal, la Autoridad de Aplicación debe, entre otros puntos:
a) Garantizar el cumplimiento del principio de equidad en la representación de los géneros;
b) Controlar la distribución equitativa de tareas y funciones en los servicios de comunicación;
c) Promover, en articulación con los organismos pertinentes, políticas de cuidado para quienes se desempeñen en los servicios de comunicación;
d) Realizar campañas institucionales de concientización y sensibilización para el fomento de la igualdad de las personas y la erradicación de la violencia por razones de género;
e) Promover el uso del lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos de comunicación;
f) Capacitar en las temáticas de género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria, a todas las personas que se desempeñen en los servicios de comunicación, sin perjuicio de las disposiciones previstas en la Ley 27.499 (Ley Micaela);
g) Elaborar protocolos, guías de actuación y materiales de apoyo con perspectiva de género y de diversidad sexual, destinados a transmitir y garantizar los principios de igualdad, equidad y no discriminación;
h) Fomentar la difusión de noticias y producciones con perspectiva de género, diversidad sexual e interculturalidad;
i) Procurar acciones para la prevención de la violencia simbólica y mediática en la producción y difusión de contenidos y mensajes, con perspectiva de género, diversidad sexual e interculturalidad en los términos de la Ley 26.485.