20 Años del 19 y 20 de Diciembre del 2001.

Ese fin del año 2001 resumió el hartazgo generalizado de la sociedad frente a un modelo conservador y excluyente, la pérdida de puestos de trabajo, una «revolución productiva» que terminó en casi 2 millones de desocupados (la más alta y sostenida de la historia), el aparato productivo desmantelado, el entramado de corrupción a flor de piel, la certeza del negociado impune, la fuga de divisas, etc, etc, etc….

Durante la campaña electoral, la Alianza en el gobierno, difundió un programa de centroizquierda, sin embargo, terminó aplicando el esquema de política macro-económica del Gobierno de Menem.

La consigna predominante se centró en sostener la convertibilidad, medida bien vista por gran parte de la sociedad y de la dirigencia política.

Antes de asumir su mandato como Ministro de Economía (1999), José Luis Machinea, a su regreso de Washington, donde se reunió con el FMI, anunció una serie de medidas. Entre las cuales se recategorizaban hacia arriba los distintos tramos del impuesto a las ganancias y se reducían progresivamente las deducciones y se aplicaba por única vez un gravamen a los ingresos superiores a los $10.000 mensuales.

El costo del ajuste recaía así sobre los sectores medios, mientras que la máxima alícuota del impuesto a las ganancias se mantenía constante y la renta financiera permanecía exenta de gravámenes.

A pocos días de la asunción presidencial, una movilización de Trabajadores estatales correntinos fue brutalmente reprimida en el puente General Belgrano, que une Corrientes con Chaco, con el saldo de 2 muertos y 28 heridos por armas de fuego.

En febrero de 2000, el Gobierno propuso la Reforma Laboral y se promulgó la ley en mayo de ese año en medio del escándalo de corrupción conocido como «Ley Banelco».

Surgen denuncias que dan cuenta de que varios senadores habrían sido sobornados para votar de manera positiva; circulaban versiones de que el dinero habría salido de la SIDE que presidia el banquero Fernando de Santibañes, amigo del Presidente Fernando de la Rúa. El Ministro de Trabajo era Alberto Flamarique y Rodolfo Terragno el Jefe de Gabinete.

La nueva Ley que desató una crisis incluía:

• La eliminación de la cláusula de ultraactividad

• La descentralización de las negociaciones laborales

• La creación de servicios de mediación y arbitraje

• La autorización para cambiar acuerdos de trabajo en casos donde la estabilidad económica de la firma estuviera en riesgo

• La extensión del período de prueba

• La nacionalización del registro de Trabajadores

• La modificación del sistema de tributación de microempresas para extenderlas a cuentapropistas de bajos ingresos

Los pretendidos efectos positivos de la Ley nunca se vieron.

El Presidente reorganiza el gabinete, acepta las renuncias de Terragno y designa a Patricia Bullrich como Ministra de Trabajo y a Flamarique, acusado de sobornar senadores, como Secretario General de la Presidencia.

Ante los cambios en el gabinete, en el contexto de los sobornos, «Chacho» Álvarez (vicepresidente de la Nación) se expresó así: «Estoy convencido de que estamos en una crisis terminal en la forma de hacer política, del vínculo entre la política y la gente». El Presidente Fernando de la Rúa en el discurso por cadena nacional afirmó: «Aquí no hay crisis».

Un día después de estos cambios, el 6 de octubre, el Vicepresidente Álvarez renunció. Se precipita una crisis financiera que preanunció la cesación de pagos de la deuda, se disparó el riesgo país y la posibilidad de default estuvo muy cerca.

Dentro de la Alianza se produjo un quiebre y ésta perdió peso político, fundamentalmente dentro del Congreso.

La mayor parte de los reclamos de los Trabajadores se realizaron a través de modalidades organizativas por fuera de las estructuras sindicales tradicionales, la pérdida de representatividad de los Trabajadores se debió a varias causas:

• El desprestigio de los dirigentes nacionales de los sindicatos más grandes por su vinculación y adhesión a la política menemista

• La pérdida de afiliados por el altísimo nivel de desocupación y el achicamiento del aparato productivo que los dejaba fuera de la órbita sindical

• El crecimiento del trabajo no registrado (en negro) que no aportaba al Sindicato ni al sistema de seguridad social

• El avance de una nueva herramienta sindical, la CTA, que además de estar integrada por distintos sindicatos ya existentes, impulsaba la afiliación directa de jubilados, desocupados o Trabajadores sin afiliación

La irrupción en el conurbano de los piquetes hizo visible que la profundidad de la crisis no afectaba solamente al interior del país.

En La Matanza se llevó a cabo la primera Asamblea Nacional Piquetera con presencia de organizaciones de ese distrito y del interior del país, que aprobó un plan de lucha con cortes de ruta progresivos para oponerse a la política de ajuste. Una semana después realizaron un corte que abarcó 50 rutas del país.

Muchos Trabajadores se organizaron de manera horizontal y democrática, generalmente bajo la forma de cooperativas.

Otro fenómeno inédito apareció en las calles de la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano, donde miles de personas, conocidas como «cartoneros», dependían para subsistir de la selección de residuos domiciliarios que trasladaban en pesados carros, logrando un importante nivel de organización. Y el llamado Tren Blanco (por el color de sus vagones) estaba destinado exclusivamente a transportar, cada noche, desde la Estación de José León Suárez hasta la terminal de Retiro, a cientos de carros con sus dueños, hombres y mujeres, muchas veces acompañadas con sus niños.

El 10 de noviembre se anunció un blindaje financiero. Consistía en una ayuda por 39.700 millones de dólares, a cambio de la aplicación de una Reforma del sistema jubilatorio que eliminaba el régimen estatal de reparto y la prestación básica universal:

• Aumento de la edad jubilatoria

• Reducción del gasto para aumentar el equilibrio fiscal

• Eliminación de los impuestos considerados distorsivos

• Desregulación de las obras sociales

Para el otorgamiento del blindaje el Gobierno Nacional se logró la firma del Pacto Fiscal con 23 provincias, menos la de Santa Cruz cuyo Gobernador era Néstor Kirchner, en noviembre del 2000. Este pacto establecía los pisos de la Coparticipación y congelaba el gasto público hasta el año 2005. Finalmente se aprobó por Ley en diciembre del 2000.

Ante el fracaso del plan económico, José Luis Machinea renunció en los primeros días de marzo de 2001 y fue reemplazado en el Ministerio de Economía por Ricardo López Murphy, quien llega con propuestas de más achicamiento del Estado:

• Un recorte de 2500 millones de los cuales 1100 afectarían al Presupuesto Educativo

• La eliminación de 550 millones del Incentivo Docente

• Reducción de 360 millones a las universidades

• Reducción de 200 millones más a infraestructura

• Se proponía el despido de 100000 empleados públicos

Vuelve como Ministro de Economía el padre de la criatura, Domingo Felipe Cavallo, con los superpoderes que le fueron otorgados por el Congreso, anunciando un recorte significativo al gasto público.

El megacanje fue una operación que David Mulford, ex Subsecretario de Asuntos internacionales del Tesoro Estadounidense y Vicepresidente del Banco Credit Suisse First Boston, uno de los bancos más beneficiados durante la década del ’90 por las renegociaciones de la deuda, elaboró con Domingo Cavallo.

Se canjearon 46 tipos de bonos por 5, cuyos vencimientos se establecieron para 2001 y 2005 y para 2008, 2015 y 2031.

Cuando en agosto de 2001 la Nación Argentina anunció una primera emisión de bonos LECOP (Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales) se mencionó como destino la cancelación de la mayor parte de la Coparticipación Federal Impositiva adeudada.

Sin embargo, distintos gobiernos provinciales iniciaron una emisión alternativa de bonos «sustitutos de moneda». En noviembre de 2001 circulaban 11 bonos diferentes.

En algunas provincias los bonos se cambiaban por el 50% de su valor y no eran aceptados en todos los comercios.

Con la Ley de Déficit cero, que se aprobó en julio en el Congreso Nacional, pensaban alcanzar a fin de año el equilibrio fiscal. El FMI en un nuevo acuerdo amplió el stand-by de 2001 por el cual se comprometió a desembolsar 6.300 millones de dólares y preveía futuros giros de 1.240 millones de dólares a fines del 2001, 6.930 millones de dólares en 2002 y 973 millones en 2003.

Los depósitos se fugaban de los bancos, el FMI proveía los dólares para que esa fuga se hiciera en el marco de la convertibilidad, asegurando a los acreedores poder continuar con el negocio financiero en un país con la peor crisis de su historia.

Las metas con el FMI no pudieron ser cumplidas y frente a la corrida bancaria, a comienzos de diciembre de 2001, el Gobierno establece el «corralito bancario».

El corralito financiero fue, tras el megacanje y la Ley del Déficit cero, otro intento desesperado para salvar la convertibilidad: se implantó para frenar la corrida bancaria y la salida de capitales que estaba vaciando las reservas del Banco Central.

El corralito fue la solución de un deudor desahuciado, que hace cualquier cosa con tal de durar un poco más. La recesión ya tenía tres años, la fuga de capitales fue de 19.000 millones de dólares en 2001, la pérdida de reservas del Banco Central de 12.000 millones y se había cerrado toda fuente de crédito externo.

El descontento popular crecía, los ahorristas con cuentas en los bancos no podían retirar sus ahorros. Como consecuencia, los sectores afectados por las medidas salieron a la calle a protestar, haciendo ruido con cacerolas. Mientras tanto Cavallo viajaba a EEUU en busca de más ayuda, a cambio de más recortes salariales -del 13 al 21%- según trascendidos de aquel momento.

Mientras sonaban las cacerolas, los sectores a los que el plan de convertibilidad había condenado a la extrema pobreza irrumpieron en las calles del conurbano bonaerense y en algunas ciudades del interior como Rosario, Mendoza y Entre Ríos; saquearon supermercados y comercios de los barrios.

El 18 de diciembre, De La Rúa pronunció un discurso en el que llamaba a la unidad nacional y el 19 se llevaron a cabo movilizaciones en varias provincias.

El Presidente De La Rúa anunció por cadena nacional que había decretado el Estado de Sitio por 30 días en todo el país. Ese discurso jugó como detonante de un estallido y en el anochecer del 19, luego de escuchar al Presidente, una multitud, fundamentalmente de los barrios de Capital, llenó la Plaza de Mayo con el cántico contundente «Que se vayan todos, que no quede ni uno solo», consigna que se generalizó y daba cuenta de la crisis de representación política que se vivía. Hubo represión.

También las Madres de la Plaza fueron brutalmente golpeadas por la policía montada.

Cavallo presentó la renuncia a su cargo en el Ministerio de Economía. Desde la mañana del 20 de diciembre el pueblo siguió concentrándose en la Plaza de Mayo y en otras ciudades del país.

En Rosario fue asesinado el militante Claudio «Pocho» Lepratti, de 35 años, auxiliar de cocina de una Escuela en el barrio Ludueña, a la que llegaba en bicicleta. Subido al techo de la Escuela le gritaba a la policía: «Dejen de tirar que aquí solo hay pibes comiendo». Como respuesta recibió un escopetazo de un policía llamado Esteban Velásquez. Desde su muerte se convirtió en símbolo de la resistencia de los barrios más vulnerables y las bicicletas pintadas en las paredes nos recuerdan que ¡Pocho vive!

Al atardecer, renunció el Presidente De La Rúa y la imagen del helicóptero en el que se retiró de la Casa Rosada simbolizó la inviabilidad de aquel proyecto político económico y el final anticipado de otro Gobierno de la democracia. El saldo de la represión de esos dos días fue de 39 víctimas y centenares de heridos y detenidos.

Fuente: Libro «Clase Trabajadora, nuestra historia».SUTEBA