17 Años de la Masacre de Cromañon…

Este jueves se cumplen 17 años del incendio del local bailable Cromañon, ocurrido el 30 de diciembre del 2004, en el que murieron 194 personas y unas 1.500 resultaron heridas al quedar atrapadas en el boliche, cuyo gerenciador, Omar Chabán, permitió el ingreso de concurrentes muy por encima de lo habilitado al recital de la banda Callejeros, cuando comenzó un foco de incendio de la mediasombra situada en el techo por el uso de bengalas.

En reiteradas oportunidades, los familiares y sobrevivientes presentaron proyectos de ley en la Legislatura porteña para que el edificio del boliche de la zona de Once, que es propiedad de Rafael Levy -el mismo dueño que al momento del incendio-, sea expropiado para «resguardar los elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica colectiva de la Ciudad».

El objetivo es que el lugar se transforme en un espacio para la memoria en recuerdo de las víctimas, que se sume al santuario ubicado enfrente al edificio que, en la actualidad, sirve de espacio de encuentro y homenaje pero que, al estar al aire libre, sufre periódicamente vandalizaciones.

Desde hace años hay dos grandes grupos de familiares, el que representa Bignami y el que encabeza Nilda Gómez, Familiares por la Vida.

Las organizaciones tienen ópticas diferentes pero son coincidentes en la necesidad de que el ex República Cromañón sea un Espacio Integral para la Memoria.

La Legislatura porteña extendió el pasado 9 de diciembre y por tres años la vigencia de la ley de asistencia integral a sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre, que prevé la entrega de un subsidio mensual y prestaciones en materia de salud.

La norma quedó sancionada con 57 votos positivos durante la última sesión ordinaria del año a instancias de un proyecto presentado por el bloque del oficialismo porteño para prorrogar los alcances la ley 4786, cuya vigencia concluía el 31 de diciembre.

La iniciativa contempla la renovación por tres años de la ley que data del 2013, que ya fue prorrogada en 2018 y que, puntualmente, prevé una ayuda económica y el servicio de programas para la atención de salud.

La propuesta que se votó finalmente actualiza los montos que reciben los sobrevivientes y familiares de víctimas fatales del incendio y estipula, para los próximos tres años, que la asistencia económica se ajustará de acuerdo al Índice de precios al consumidor anual acumulado que elabora la Dirección General de Estadística y Censos porteña.

Por otra parte, incorpora, dentro de los programas de salud y tratamientos médicos, «el acceso a toda la medicación requerida de forma ágil, accesible y gratuita prescripta», así como promueve una «descentralización de la dispensa» de los remedios «en los efectores de la red pública de salud de la Ciudad».

Desde el grupo de sobrevivientes y familiares insisten en la necesidad de que la ley tenga una vigencia mayor a lo establecido por los legisladores a fin de evitar una «revictimización» cada tres años. También la apertura del empadronamiento para contemplar a aquellos que quedaron fuera de los subsidios.

Además, manifiestan cautela frente a la definición respecto que el subsidio se ajuste por paritarias dado que la propuesta impulsada en un proyecto presentado en la Legislatura meses atrás disponía que la ayuda fuera un salario mínimo vital y móvil para sobrevivientes y dos salarios mínimos vitales y móviles para familiares.