Recortes a Estudiantes con Discapacidad Intelectual en la CABA.

Desde el mes de diciembre del 2021 se profundizó el recorte de clases a estudiantes mayores de 22 años con discapacidad intelectual en escuelas de formación integral y laboral.

Por el desfinanciamiento y ajuste en las escuelas especiales de la Ciudad de Buenos Aires, el Frente de Todos (Laura González Velasco), presentó un pedido de informes en la Legislatura porteña advirtiendo que el ajuste se implementó en 13 escuelas de educación especial con las características mencionadas.

Con la excusa de «estar dando cumplimiento» a una resolución nacional de 2011, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta recorta el presupuesto educativo de ese sector.

Hace unos años la ministra Soledad Acuña comenzó su gestión con la idea de fusionar escuelas especiales de la Ciudad, cuando, en realidad, las 56 instituciones especializadas en la temática son insuficientes y tendrían que construir mayor cantidad de establecimientos escolares para personas con discapacidad.

Esta vez el gobierno porteño decidió cortar la formación de todos los estudiantes a los 22 años de edad, violando la resolución 155 del Consejo Federal de Educación firmada en 2011.

Paradójicamente, la Ciudad difundió la noticia en las vísperas de lo que fue la conmemoración del Día Mundial de la Discapacidad el 3 de diciembre del año pasado.

Las autoridades del gobierno porteño quieren que un chico con discapacidad intelectual termine a los 22 años, cuando cada uno tiene sus tiempos de aprendizaje.

Durante su formación las y los estudiantes aprenden Cocina y Chocolatería; Artes combinadas, artesanías en cuero y Fotografía. Además tienen talleres de Radio, mosaiquismo y Cerámica; y varios más como huerta, velas, jabones, etc.

La resolución N° 155 del Consejo Federal de Educación en la que Ciudad se basa para realizar el ajuste, es contundente: En uno de los puntos del ítem 27 afirma que tanto los Ministerios de Educación Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al Ministerio Nacional a través de la Coordinación Nacional de Educación Especial, se comprometen de manera progresiva a “definir al corto plazo las transformaciones de las escuelas de educación especial de Formación Laboral en escuelas o centros de educación para adolescentes y jóvenes con discapacidad (franja etaria entre 12/14 años hasta 20/22 años)”.

Inmediatamente después en la misma resolución respecto a la “Educación Permanente para Adultos con Discapacidad”, señala que las jurisdicciones deberán “impulsar propuestas de formación permanente, a las cuales puedan acceder aquellos/as adultos, a partir de los 20/22 años con discapacidad innata o adquirida que hayan finalizado o no su escolarización formal y precisen un ámbito de perfeccionamiento para incorporar nuevas competencias que les permitan desempeñarse en distintos ámbitos de la vida (…) incluyendo criterios de certificación de los diversos trayectos educativos”, es definitiva, el gobierno porteño debe seguir garantizando la formación hasta después de los 22 años en la etapa adulta de los estudiantes con discapacidad.

Hay un recorte porque pasan de los cinco días de trabajo en las Escuelas de Formación Laboral, hasta los 22 años; a dos talleres que realizan dos veces a la semana, es decir: no implementan la formación continua del adulto como lo establece la resolución 155, sino que los largan al vacío con dos horas de talleres y recortan, presupuesto de comedor y presupuesto de transporte.

Esta decisión de Soledad Acuña afecta a alrededor de unos 600 estudiantes. A estas escuelas especiales, hasta el 2021 asistían estudiantes de 15 a 30 años.

El pedido de informes presentado por Velasco cuestiona, entre otros puntos, el presupuesto destinado a las Escuelas para Niños, Niñas, Jóvenes y Adultos con Discapacidad Mental y Formación Integral para los años 2021 y 2022; las propuestas educativas que existen actualmente para estudiantes mayores a 22 años con discapacidad; si hay un plan para crear nuevos espacios educativos y qué acciones orientadas a una salida laboral de estudiantes jóvenes y adultos con discapacidad se estuvieron/están realizando.

Según el último estudio realizado por la Dirección General de Estadística y Censos y COPIDIS, 4 de cada 10 personas con discapacidad manifiestan que existen barreras en su inclusión educativa.

La falta de apoyos para la asistencia y el aprendizaje es la más importante (86,9% de las respuestas), le siguen las actitudes discriminatorias (51,3%) y falta de accesibilidad arquitectónica y comunicacional (28,9%).

El relevamiento también indica que el 83,6% de las personas requiere personal especializado, Acompañante Personal No Docente o Maestro Integrador.

Fuente: Martín Suárez – Tiempo Argentino.