A 9 Años del Incendio de Iron Mountain, los Homenajes, un Poco de Historia.

El 5 de febrero de 2014, a las 8:00 horas aproximadamente, se produjo un incendio en el depósito 7 de la firma Iron Mountain, ubicado en el barrio porteño de Barracas.

Su propagación hacia los niveles superiores y el depósito 8 provocaron que la estructura metálica que sostenía el techo comenzara a ceder ante la alta temperatura y derrumbara una de sus paredes.

Como consecuencia fallecieron ocho bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil. Todos trabajaban en la extinción del foco ígneo.

Hace exactamente dos años la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional había anulado los procesamientos de doce ex funcionarios del gobierno porteño y cinco directivos de Iron Mountain.

Todos habían sido considerados responsables del delito de «incendio culposo seguido de muerte». En ese mismo fallo, se habían ordenado nuevas indagatorias

Ahora, tras una nueva tanda de procesamientos dictada por el juez Pablo Ormaechea, la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (con otra integración) confirmó esa decisión y también los embargos a 17 personas, entre los que se encuentran directivos de la empresa, funcionarios y personal de vigilancia acusados por el delito de “incendio culposo seguido de muerte en concurso ideal con lesiones culposas”. 

Los señalados son Vanesa Berkowski, Guillermo Lockhart, Héctor García, Pierre Lois Chapar o Pedro Luis Chapar, Roberto Chiesa, Felix Lugo, Luis Cogo, Ricardo Grunfeld, Alberto Graziani, Patricia Moroni, Silvia Hers, Jorge Papanicolau, Oscar Alfredo Godoy, Rafael Mario Roldán, Gastón Lauglé, Christian Walter Castiñeiras y Eduardo Alfredo Sueyras Parra.

Los peritajes señalaron como causa inmediata del derrumbe de la pared hacia el exterior, al colapso de la estructura metálica del depósito -cabriadas y columnas- como consecuencia del fuego, pero no se pudo determinar fehacientemente si el inicio del fuego obedeció a un caso fortuito o a una actuación personal, intencional o negligente, según se desprende de la causa.

Con esta decisión, la causa queda al borde del juicio oral. Ahora, solo quedará la decisión del juez de cerrar la instrucción, consultar a las partes y luego enviar el expediente a sorteo para que se determine que tribunal oral realizará el debate.

En el Paseo Quinquela Martín y la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Berazategui, se recordará este domingo a las diez víctimas fatales: los bomberos de la Policía Federal Leonardo Day, Anahí Garnica, Carlos Veliz, Eduardo Adrián Conesa, Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli; los bomberos voluntarios Sebastián Ezequiel Campos y Facundo Ricardo Ambrosi; y los rescatistas de Defensa Civil, Pedro Esteban Barícola y José Méndez Araujo.

En este tiempo de espera, se suicidaron Mario Colantonio y Diego Oneil, dos bomberos que sobrevivieron al incendio ocurrido en Azara 1245, en el barrio porteño de Barracas, el 5 de febrero de 2014.

El próximo jueves 9 de febrero a las 20 se estrenará en el Cine Gaumont el largometraje documental «En cumplimiento del deber», una película dirigida por Jorge Gaggero, con la narración en off de Cecilia Roth y la producción general de Renato Miari que participó en el 43 Festival Internacional de Cine de La Habana.

En el barrio de La Boca –donde se emplaza el cuartel de Vuelta de Rocha al que pertenecían los dos bomberos voluntarios fallecidos– habrá un homenaje a partir de las 8.30 en el Mástil a los Caídos en Cumplimiento del Deber, ubicado en el Paseo Quinquela Martín (Avenida Pedro de Mendoza, entre Benito Quinquela Martin y Rocha), con la participación de integrantes de diferentes cuerpos de bomberos de la ciudad.

A las 18 habrá un acto similar en la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Berazategui, de Avenida Rigolleau Nº 4525.

Quien fue el inspector de la Subsecretaría de Trabajo porteña, Edgardo Castro, testificó lo perverso del caso.

Castro informó que “la causa se sigue pedaleando”, y lamentó que “los responsables de fondo han sido dejados fuera, y quedó involucrada la gente de cuarta línea”.

“Lo que pasó fue peor que en Cromañón, entonces quieren cubrir a los responsables, al que firmó la habilitación de Iron Mountain que por supuesto no cumplía con ningún requisito de seguridad y a los amigos de Macri (Mauricio) que eran funcionarios de altos nivel”, agregó.

En ese sentido relató de primera mano que “empezó a correr mucha plata”, y los afectados fueron silenciados con 250.000 pesos en ese momento y cargos públicos en la Ciudad».

Asimismo cuestionó la complicidad entre las partes involucradas, donde él siendo inspector jamás fue llamado como testigo y fue amenazado públicamente por una fiscal del caso. “La federal tiene elementos más que suficientes y sin embargo todavía están durmiendo”, señaló.

Uno de los momentos más explícitos del caso fue cuando el gerente operativo de inspecciones del gobierno porteño, Fernando Cohen,  admitió que el ahora expresidente Mauricio Macri hablaba con inspectores para evitar las clausuras en el lugar.

“La intervención de Cohen no se puede creer, porque se lo ve diciendo que el expediente fue para otro lado porque Macri llamó entonces ya no había mas nada que discutir”, recordó Castro.

En ese marco también se descubrieron documentos provenientes de Estados Unidos que revelaban un galpón clandestino que lavaba dinero en La Boca, entre otros múltiples espacios ilegales.

“Hubo persecusión, me hicieron dos sumarios administrativos y después de la denuncia pública me quisieron dar vuelta como una media, pero no me encontraron absolutamente nada”, declaró.

Nuevamente, el testigo relacionó el eventó con la tragedia de Cromañón, y expresó: “Vos podés decir que ahí algunos funcionarios de media línea coimearon y pasó lo que pasó, pero acá fue directamente Macri diciendo que no interfieran porque estaban todos los papeles de él y sus amigos”.

Y agregó: “De toda las empresas que se vieron afectadas por la pérdida de documentos importantes, ninguna reclamó nada”.

Vale destacar que las pericias del caso dieron como resultado que el incendio fue provocado, a lo que Castro explicó: “Les salió mal porque murieron diez personas, pero el incendio fue promovido directamente desde el Gobierno de la Ciudad”.

De esta manera aún continúan impunes los responsables que participaron del encubrimiento del incendio habilitando los galpones y las irregularidades que beneficiaron a la empresa, como su estadía en Argentina con terrenos regalados y “todas las concesiones posibles”.

La lucha judicial continúa en pos de visibilizar la verdad, ya que se espera que “intenten condenar a algunos perejiles” y quede la causa en el olvido, cuando realmente Castro había presentado un camino firme de investigación que fue ignorado y hasta castigado.