Represión en Jujuy – Amenazas de la Derecha Política para el 2024.

Más de 170 heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo, y 68 detenidos (45 hombres, 18 mujeres y 5 menores) es el saldo de una violenta represión policial que se extendió este martes 20 de junio en Jujuy por más de cuatro horas sobre manifestantes que protestaban contra la reforma de la Constitución provincial, aprobada y jurada en la Legislatura local.

Los convencionales oficialistas junto a los del Frente Justicialista ( 11 convencionales apoyaron la reforma) a puertas cerradas dieron por aprobada y jurada la reforma parcial de la Constitución, la cual quedará en vigencia tras su publicación.

El Frente Justicialista tuvo 13 convencionales.

La bancada quedó presidida por Guillermo Jenefes (ex vicegobernador de Eduardo Fellner y vice del PJ), Noemí Isasmendi como vice, Jorge Noceti como secretario y Carlos Catacata de prosecretario. Además estaban José Pedro Pascuttini, Rosa Jerez, María de los Ángeles Ros, Alberto Matuk, Rosana Aldapi, Vicente Apaza, Anahí Massari, Amelia de Dios y Carlos de Aparici. Estos dos últimos que responden a Moisés, renunciaron cuando vieron el texto de la reforma.

Los seis convencionales de la izquierda se manifestaron en contra de la reforma y se retiraron.

Sobre 48 legisladores, el radicalismo tenía 32 y necesitaba 33.  Rivarola gestionó ese voto faltaba para aprobar la necesidad de la reforma constitucional.

En la sesión ordinaria, los convencionales constituyentes que responden a Morales aprobaron la marcha atrás en dos artículos vinculados a los pueblos originarios, como había prometido el gobernador, pero se mantuvo la prohibición de cortes de calles y rutas.

Los incidentes sucedían mientras docentes, pueblos indígenas, trabajadores estatales, organizaciones sociales y sindicales avanzaban por las calles de San Salvador de Jujuy con un «banderazo», portando banderas argentinas.

Las protestas en la provincia se replicaron con al menos 22 cortes de ruta en las localidades de La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, Libertador San Martín, Susques, Caimancito, San Pedro, Fraile Pintado, y Purmamarca, donde el pasado sábado hubo represión contra comuneros indígenas.

Los gremios que componen la Intergremial de Jujuy, convocados frente a la Casa de Gobierno local, pidieron a Morales «el inmediato cese de la represión» y le exigieron que «actúe con conciencia ciudadana de respeto». Anunciaron un paro total de actividades para este miércoles y demandaron que la medida se extienda a nivel nacional.

El dirigente del sindicato de trabajadores municipales Seom Santiago Seillant llamó a dirigentes de gremios y de partidos políticos, a organismos de derechos humanos y a funcionarios del Gobierno nacional a «que vengan a Jujuy porque está siendo un laboratorio de represión para llevar como modelo a nivel nacional», expresó, y advirtió que seguirán resistiendo en las calles.

La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel ‘Kelly’ Olmos, anticipó este miércoles que desde el Gobierno nacional “se elabora una presentación sobre la inconstitucionalidad de la reforma» de la Carta Magna jujeña ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación “porque hay varios artículos» de ese texto que «contradicen derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales” suscriptos por la Argentina.

La plana mayor completa de dirigentes de Juntos por el Cambio en conferencia de prensa para respaldar a Morales, «se avalaron la represión y un modelo de país homogéneo para Argentina» anunciando que ese es el rumbo que se fijará a partir de su triunfo en las elecciones de octubre.

Se especula con que Rodríguez Larreta va encabezar una fórmula de JxC con (Gerardo) Morales.

Son los funcionarios que reprimieron en 2001 y tiene una propuesta de ajuste y represión, situación que no se avalará desde los sindicatos y los partidos que hoy integran el oficialismo nacional.

Las imágenes que llegaron desde la provincia recordaron a esas tristes jornadas de diciembre del 2001 y cuando se allanaban viviendas a patadas al proceder de la dictadura impuesta en 1976.

La nueva Constitución provincial con la que el gobernador limitó el derecho a protestar, preparara el terreno para un avance del negocio del litio sin cuestionamientos ni oposición.

La jura de esta reforma constitucional  fue aprobada de apuro en tres semanas; Morales intentó el lunes volver a cambiarla como si el texto constitucional dependiera sólo de su voluntad.

La Legislatura jujeña amaneció vallada, y desde las once de la mañana los manifestantes se empezaron a movilizar hacia la zona.

La columna gremial más numerosa estuvo integrada por docentes.

El sector marchó con su repertorio de cantos: «Morales, gato / sos un ladrón, le robaste a la educación / has mentido has engañado / a todo el pueblo ¡Morales gato!», coreaban las maestras. Otro muy repetido fue: «Paso paso paso, se viene el jujeñazo».

Los docentes están de paro por tiempo indeterminado en reclamo de un aumento salarial. Si bien el gobernador argumenta que les hizo una buena oferta, que lleva su piso salarial a 179 mil pesos, los maestros plantean que están por debajo de la línea de pobreza. «Queremos 200 mil pesos de básico», dijo en la protesta Silvia Vélez, la titular del gremio Adep.

Los maestros denuncian que por la precarización del sector tienen trabajadores de la educación que están cobrando 45 mil pesos.

En la represión que le siguió a la jura se vieron dos cosas:

Una, que la policía estaba decidida a una reacción sin freno: de nuevo hubo personas que recibieron disparos de postas de goma en sus ojos.

Otro hecho saliente fue que se llevaron a los arrestados en autos sin identificación y hubo detenidos al voleo.

En medio de la refriega, un manifestante, que luego sería identificado como Nelson Mamani, quedó tirado sobre el asfalto, sobre un charco de sangre. Ayer lo operaron y permanecía internado.

La segunda cosa evidente fue que las organizaciones que estaban en la calle tenían una decisión de permanecer.

Así, mientras en un primer círculo pegado a la Legislatura grupos de manifestantes tiraban piedras, encendían neumáticos, recibían los gases lacrimógenos y balas de goma y daban vuelta vehículos —en un momento incluso ingresaron al edificio de la Legislatura—, en los bordes, a distancia del efecto de los gases, las columnas más gruesas de manifestantes se mantuvieron, sosteniendo su presencia. Por eso los disturbios y la represión duraron tanto: más de cuatro horas. 

Pero incluso una vez dispersada la protesta la represión no cesó.

La policía entró con camionetas sin patente a los barrios, donde grupos de efectivos ingresaron en las viviendas e hicieron nuevos arrestos. Por eso al penal de Alto Comedero siguieron llevando detenidos hasta entrada la tarde. Para los abogados de las organizaciones, la impresión fue que, si pararon, fue por falta de lugar.

Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya, aseguró el principal motivo por el que rechazan esta Constitución es que se trató de una reforma inconsulta, y por eso hay un convencimiento de estar hecha «para el despojo».

Entre los pueblos originarios circula la idea de hacer un Tercer Malón de la Paz que lleve sus reclamos a la Ciudad de Buenos Aires.