49 Años del Golpe Cívico-Militar-Eclesiástico.

Hoy se cumplen 49 años de aquel fatídico 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas asumieron el poder político como representantes de las clásicas minorías a las que les era imposible acceder al gobierno por el voto popular.

Para aplicar aquella «reorganización nacional» -que gustaba imaginarse a sí misma como la continuadora de la «Organización Nacional» iniciada por Mitre en 1862-, los usurpadores del poder creyeron necesario destruir todo vestigio de oposición a aquel modelo antinacional, de concentración de la riqueza en pocas manos y socialización de la miseria.

Se había perpetrado un nuevo golpe de Estado cívico-militar que, al igual que los anteriores, contaba con el apoyo de importantes sectores: los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros; ciertos comunicadores sociales que colaboraron en la preparación de la sociedad para aceptar el golpe como única alternativa para salir de la crisis; la jerarquía católica; dirigentes políticos y sindicales que aunque no dieron un apoyo explícito, tampoco se pronunciaron claramente en contra.

El nuevo gobierno contaba también con el desconcierto y las expectativas de una población que, harta del desastroso gobierno de Isabel Perón y de la violencia cotidiana, pensaba que un «gobierno de orden» traería las soluciones esperadas (hoy resulta un pensamiento muy actual).

El Estado, que mediante la recaudación de impuestos debe garantizar a los ciudadanos educación, salud, seguridad y justicia, se convirtió en terrorista, transformándose en un poderoso instrumento de represión, ignorante del derecho en general y de los derechos humanos más elementales, cuyo objetivo era reorganizar en sentido regresivo la sociedad argentina entronizando la injusticia, la insensibilidad social y la ignorancia.

La censura llegó a todos los órdenes, desde los medios masivos hasta la vida cotidiana. Fueron cerradas las carreras universitarias de Psicología y Antropología y, en la provincia de Córdoba, llegó a prohibirse la enseñanza de la matemática moderna por considerársela subversiva.

La barbarie del nuevo gobierno y su desprecio por la cultura quedaron claramente sintetizados por el almirante Massera, miembro de la Junta: «La crisis actual de la humanidad se debe a tres hombres. Hacia fines del siglo XIX, Marx publicó tres tomos de El Capital y puso en duda con ellos la intangibilidad de la propiedad privada; a principios del siglo XX, es atacada la sagrada esfera íntima del ser humano por Freud, en su libro La interpretación de los sueños, y como si fuera poco, para problematizar el sistema de los valores positivos de la sociedad, Einstein, en 1905 hace reconocer la teoría de la relatividad, donde pone en crisis la estructura estática y muerta de la materia»  Así hablaban los supuestos defensores del pensamiento «occidental y cristiano».

A dos días de producido el golpe militar, el Fondo Monetario Internacional le otorgó un crédito a la flamante dictadura y anunció su satisfacción por la designación del nuevo ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.

La opinión del establishment internacional le era unánimemente favorable. El banquero David Rockefeller declaraba: «Siento gran respeto y admiración por Martínez de Hoz. Es muy obvio para mí, como para todo el segmento bancario y económico internacional, que las medidas de su programa son las indicadas»

Mientras Martínez de Hoz aplicaba los conceptos económicos monetaristas de la Universidad de Chicago, los militares aplicaban la Doctrinade Seguridad Nacional aprendida en la academia de West Point y la Escuela de las Américas de Panamá. Represión y plan económico iban de la mano.

Se aplicó un primer plan de ajuste aconsejado por el inefable FMI: liberación de precios, devaluación del peso, congelamiento salarial y disminución del déficit fiscal. Las consecuencias fueron que en el primer semestre de 1976 los precios al consumidor aumentaron el 87,5%, garantizando la tasa de ganancia de los sectores dominantes. Para disminuir el déficit fiscal, se redujeron los sueldos, se despidió personal estatal y se aumentaron los impuestos al consumo y las tarifas de las empresas públicas. La pérdida del poder adquisitivo del salario real fue del 40%, lo que implicó una transferencia de ingresos de los asalariados al sector privado del 17% del Producto Bruto Interno.

Entre los grupos de poder locales se respiraba un aire fresco: el que daba contar con uno de ellos en un puesto clave para sus negocios. A no pocos miembros de la clase media comenzó a caerle simpático aquel hombre de orejas exageradas cuando, retrasando el tipo de cambio, les permitió viajar a Miami y competir por comprar al menos dos productos igualmente inútiles.

Era la época en que la plata empalagaba a quien sabía especular y su ausencia amargaba los estómagos de los trabajadores que veían cerrar sus fábricas y fuentes de trabajo ante la desleal competencia del ingreso irrestricto de todo tipo de artículos importados.

Pero no todos callaron. Entre ellos, los organismos de derechos humanos, con las Madres y Abuelas a la cabeza, y sectores del movimiento obrero que entre 1976 y 1979, en la etapa más feroz de la represión, llevaron adelante más de 300 conflictos gremiales.

Tras la debacle económica del 80 y la desastrosa derrota en la Guerra de Malvinas, los militares y sus socios civiles se autoamnistiaron y estatizaron sus gigantescas deudas privadas. Comenzaban a preparar su retiro del gobierno, lo que no incluía perder sus posiciones dominantes de poder en el campo económico y financiero.

Revista Siete Días Ilustrados, N° 458, 26 de marzo de 1976.

«Agotadas todas las instancias del mecanismo constitucional, superada la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones y demostrada, en forma irrefutable, la imposibilidad de recuperación del proceso por sus vías naturales, llega a su término una situación que agravia a la Nación y compromete su futuro.»

Así comenzaba la proclama que, en la madrugada del miércoles 24, fue propalada por todas las radioemisoras del país.

Más adelante, el documento aludía al «trascendente compromiso» asumido por las Fuerzas Armadas y formulaba una convocatoria a «toda la comunidad nacional».

El proceso de reorganización nacional iniciado poco antes por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea definía así el espíritu que lo anima.

Las páginas que siguen testimonian los hechos iniciales del pronunciamiento militar, comandado por el teniente general Jorge Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti.

El primer comunicado se difundió a las 3.21 del miércoles 24, por medio de la Cadena Nacional de Radiodifusión.

En él, la Junta de Comandantes Generales informaba a la población que el país se encontraba bajo control operativo de las Fuerzas Armadas y exhortaba al estricto cumplimiento de las disposiciones militares, policiales y de organismos de seguridad. Posteriormente, otro parte militar recordaba la vigencia del estado de sitio y la prohibición de realizar manifestaciones callejeras. Más tarde -y siempre firmados por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Massera y el brigadier general Orlando Agosti- se informaba que «el personal afectado a la prestación de servicios esenciales, queda directamente subordinado a la autoridad militar», mientras se advertía que por la índole de esos servicios. «las infracciones o deficiencias en su prestación quedan incursos en las disposiciones del Código de Justicia Militar».

Otros comunicados -los números 5 y 6, respectivamente- prohibían la navegación de cualquier tipo de embarcación civil  en ríos argentinos y los vuelos en todo el territorio y aguas jurisdiccionales.

La Junta de Comandantes Generales -en su bando número 7- aclaró antes del amanecer que su intervención se efectuó «en favor del país todo y no contra determinados sectores sociales», llamando a la reflexión y exhortando al esfuerzo de trabajadores y empresarios «para lograr que las relaciones laborales se mantengan dentro de un clima de libertad y respeto». El texto de ese comunicado recomendaba a los trabajadores no escuchar incitaciones a la violencia y previno a los empresarios para que no tomaran medidas arbitrarias contra su personal.

Exactamente a las 4.40 las emisoras de radio divulgaron el octavo comunicado: la Junta de- Comandantes daba cuenta de que en el país reinaba tranquilidad y se garantizaba el normal abastecimiento de alimentos a la población.

Otras medidas

Durante las primeras horas de la mañana del miércoles, la ciudad estaba en calma y la mayoría de las actividades fabriles se desarrollaban normalmente. A esa altura del proceso se había decretado asueto administrativo y educacional, feriado bancario cambiario y bursátil y la suspensión de transferencias y el congelamiento de cuentas. Mientras tanto se responsabilizaba a funcionarios y empleados públicos de la conservación de bienes y fondos estatales a su cargo. Antes de las 10 de la mañana las radios dieron cuenta que la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas se constituiría, en el edificio Libertador, como Junta Militar.

Los partes números 15 y 16 comunicaron que quien causare lesiones graves o muerte del personal militar y de las fuerzas de seguridad, será recluido por tiempo determinado o penado con la muerte. «Se han creado en todo el territorio del país -dio cuenta el comunicado 15-, los Consejos de Guerra Especiales estables que determina el artículo 483 del Código de Justicia Militar, los que aplicarán el procedimiento sumario establecido en los artículos 481 a 501 del Código de Justicia Militar». Igualmente se castigará con reclusión hasta quince años al que cometiere cualquier violencia con el personal de las fuerzas de seguridad y el «que atentare con armas contra buques, aeronaves, cuarteles o establecimiento militar o de las fuerzas de seguridad», pena que puede llegar a reclusión por tiempo determinado o muerte si se produjeran lesiones graves del personal militar o de seguridad.

Ideario

A las 10.40, al asumir el poder los comandantes generales anunciaron once resoluciones, contenidas en el «Acta para el proceso de reorganización nacional y jura de la Junta Militar».

En ese documento se declaran caducos los mandatos del presidente de la Nación, gobernadores y vicegobernadores, interventores federales, diputados y senadores nacionales y provinciales, intendentes municipales, representantes y concejales.

También se removieron los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los integrantes de los tribunales superiores provinciales y se suspendió -entre otras medidas- la actividad política o gremial.

Finalmente, el Acta informaba que se notificaría de todo lo resuelto y actuado a las representaciones diplomáticas acreditadas en el país y a las representaciones diplomáticas argentinas en el exterior.

El Acta señalaba que una vez efectivizadas esas medidas se designaría al ciudadano que ejercería el cargo de presidente de la Nación.

Esas medidas ponían en marcha lo anunciado a las 3.20 de la mañana en una proclama difundida por la cadena radial y firmada por los tres comandantes generales.

Ese documento explicó la determinación asumida por las Fuerzas Armadas: «Esta decisión -señaló en uno de sus párrafos-, persigue el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo y sólo está dirigida contra quienes han delinquido o cometido abusos de poder. Es una decisión por la Patria y no supone, por lo tanto, discriminaciones contra ninguna militancia cívica o sector social alguno. Rechaza, por consiguiente, la acción disociadora de todos los extremismos y el efecto corruptor de cualquier demagogia».

Por la tarde se difundió el comunicado número 25. En él se establecía la intervención de la CGT y CGE y el congelamiento de sus fondos, la supresión del fuero sindical y la intervención de la Cruzada de Solidaridad, a efectos de su liquidación.

Esas fueron las primeras medidas de la Junta Militar, adoptadas en medio de la expectativa pública, durante una jornada que a pesar del continuo desplazamiento de tropas en todo el país, se vivió en calma y tranquilidad laboral: según constataron cronistas de distintos medios informativos, las zonas fabriles del Gran Buenos Aires y del interior trabajaron normalmente.

Fuente: El Historiador.