Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle.

Con temperaturas bajo cero y un contexto de abandono creciente, más de 11.892 personas viven a la intemperie en la Ciudad de Buenos Aires según los datos preliminares del tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle que se realizó durante junio, presentado este lunes por más de 50 organizaciones sociales en una conferencia de prensa en la sede de los metro delegados.

El informe completo, con detalles sobre salud, alimentación y condiciones de vida, estará disponible dentro de un mes, pero los números ya encendieron las alarmas.

El contraste con la información oficial del Gobierno de la Ciudad es notorio: mientras que el último relevamiento porteño, de noviembre de 2024, contabiliza 4.049 personas en situación de calle (1.236 en plena calle y 2.813 en paradores), las organizaciones sociales dieron por triplicada esa cifra.

Desde 2017 realizan sus propios censos ante las diferencias metodológicas con el GCBA que, por ejemplo, excluye a quienes duermen en albergues no estatales o en autos.

Más de 50 organizaciones sociales, políticas y no gubernamentales participaron de esta experiencia colectiva realizada el 26, 27 y 28 de junio en todos los barrios porteños.

Algunas de ellas fueron Proyecto 7, Nuestramerica Movimiento Popular, Red Puentes, Lxs Irrompibles, La Patria es el Otro, Barrios de Pie, Frente Popular Patria y Futuro, MP la Dignidad, Kilómetro 0 y alrededor de 300 voluntarios y voluntarias.

Estado de alerta

La emergencia humanitaria se agravó este invierno, con al menos 63 muertes por frío en todo el país, de las cuales 13 ocurrieron en CABA.

El CELS advirtió sobre las consecuencias del Decreto 373/25 firmado por el presidente Javier Milei, que no solo estableció cambios en la ley que protege los derechos de las personas en situación de calle, sino que también resolvió transferir a las provincias la responsabilidad total en la gestión de las políticas para personas en situación de calle. “El Ejecutivo solo supervisará y, eventualmente, podrá financiar las jurisdicciones locales que lo necesiten”, remarcó el organismo de derechos humanos.

Desde las organizaciones advirtieron un preocupante aumento de personas mayores en situación de calle, así como también un crecimiento de esta problemática dentro de los barrios populares, donde muchas personas migran para dormir ante el incremento de la violencia institucional ejercida por la policía y personal de Espacio Público.

Si bien reconocen la importancia de atender la emergencia, garantizando acceso a centros de inclusión frente a las bajas temperaturas, también denunciaron una política represiva por parte del Gobierno porteño, que se refleja en el desalojo sistemático de ranchadas en distintos puntos de la ciudad.

En respuesta a esta violencia institucional, durante la conferencia de prensa se presentaron 10 puntos acordados por las organizaciones participantes para exigir al Gobierno porteño que, básicamente, respete los derechos de las personas que están en una situación de vulnerabilidad habitacional.

Las exigencias van desde jerarquizar el Subsidio Habitacional 690 y convertirlo en una ley, suspender todos los desalojos, solicitar el cese inmediato de la represión y persecución por parte de las fuerzas de seguridad, hasta decretar la emergencia en situación de calle y adicciones en todo el ámbito de la Ciudad,

“El censo es un puntapié. Tiene que haber frazadazos, merendazos y ollas populares por todos lados. Nadie se puede quedar con los brazos cruzados con la cantidad de personas que están en situación de calle”, concluyó Mariam López Dualde, referente de Red Puentes.