Decretan el Cierre de Vialidad Nacional.

Las políticas de ajuste del Gobierno nacional produjo el cierre y desfinanciamiento de diversos organismos.

Uno de ellos es la Dirección Nacional de Vialidad quién cerró sus puertas tras el anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni.

Tras el anuncio del decreto que desmantela la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, hizo responsables al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, de generar “rutas nacionales de la muerte”.

“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, denunció Aleñá.

Por otra parte, la dirigente gremial alertó que, con esa decisión, “más de 5.500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura”.

Advirtió que los bienes de infraestructura, como edificios y maquinarias que “valen cientos de millones de pesos, pasan a ser liquidados por el organismo de bienes AABE”.

«Para eso sí funcionan: hacer negociados con el patrimonio de todos los argentinos, son unos caraduras”, lamentó.

Este decreto por parte del Poder Ejecutivo generó una crisis en las provincias y puso en vilo el destino de los trabajadores que se encargaban del cuidado de las rutas en todo el país.

“Vialidad tenía funciones de auditoría, control de calidad y certificación de obras públicas. Su desaparición compromete la capacidad del Estado para garantizar transparencia y cumplimiento”, afirmó.

Las estadísticas de accidentes de tránsito en Argentina ya son alarmantes, con un promedio de 12 muertes diarias según informes de la Asociación Civil Luchemos por la Vida. El abandono de la infraestructura vial y la posible eliminación de Vialidad Nacional no harían más que agravar esta trágica realidad. Las organizaciones de seguridad vial, conformadas por expertos y familiares que han sufrido la pérdida de seres queridos en siniestros, son las primeras en levantar la voz. Ellas entienden que la prevención y el mantenimiento son pilares fundamentales para reducir la siniestralidad.

El 28,5% de la recaudación del Impuesto a los Combustibles va destinado al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, que durante 2024 recibió 619 mil millones de pesos. También según la legislación nacional, el 50% de ese monto debería transferirse a Vialidad Nacional para obras en la red vial. El problema es que solo se transfirieron 149 mil millones, menos de la mitad de lo que corresponde.

Durante 2024 el gobierno de Javier Milei aumentó los combustibles de manera reiterada y en la mayoría de las casos el ajuste estuvo vinculado a una suba en el componente impositivo, que pagan los trabajadores. Pero más allá de esta situación, que contradijo a la promesa de bajar impuestos, la totalidad de los recursos no fueron al destino correspondiente (obras viales), ya que se transfirió y se ejecutó menos de la mitad del total.

Si bien el gobierno nacional embolsó una millonaria cifra proveniente del bolsillo de los conductores que afrontaron incesantes aumentos en cada carga, hay un porcentaje destinado a rutas y caminos que todavía no llegó a destino. Se sabe desde el primer momento en que asumió el gobierno nacional, que la obra pública se suspendería casi por completo, lo que se desconoce, por ahora, es a donde fue a parar el dinero que se recauda con esa finalidad.

Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a datos abiertos del presupuesto nacional, el impuesto a los combustibles, que está compuesto por alícuotas y montos fijos actualizables con el precio del combustible, recaudó durante todo el 2024 un total de $2,5 billones. Este monto representa un crecimiento interanual del 33,9% en términos reales, que solo fue superado por el Impuesto Pais.

Según la legislación nacional, el 50% de ese monto debería transferirse a Vialidad Nacional para obras en la red vial (equivalentes a 40 mil KM). El problema es que solo se transfirieron 149 mil millones, menos de la mitad de lo que corresponde.

Ante el rumor de que será Gendarmería Nacional o cooperativas las que reemplacen las funciones especializadas de Vialidad, el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional aseguró: «Gendarmería por ejemplo, no tiene laboratoristas, topógrafos ni ingenieros especializados como los que forman parte de Vialidad. A lo sumo podrían cortar el pasto o hacer tareas menores, pero el mantenimiento real de una ruta es muchísimo más complejo». 

Asimismo, enfatizó que los trabajadores de Vialidad realizan tareas múltiples que no son «solo cortar el pasto», y enfatizó que «se hace relevamiento de señales, mantenimiento de alcantarillas, reemplazo de luminarias, señalización horizontal… todo eso que una cooperativa no hace y que requiere conocimiento técnico». 

«Estamos luchando para que se revoque este decreto. Es una aberración. Si no lo logramos, exigiremos la reparación que por ley corresponde a cada trabajador. En los 90, con la ley de disponibilidad, se prometía reubicar a los despedidos, pero si se reinsertó el 2% fue mucho. Hoy el panorama es el mismo: los achiques no reubican a nadie», remarcó el referente. 

Finalmente, alertó sobre el impacto directo en la ciudadanía ya que «entre un 65% y 70% de las rutas están en mal estado, muchas en pésimo estado», y concluyó que «cada ciudadano que use una ruta está en riesgo real, vialidad tiene más de 90 años de experiencia y el relato de que somos ineficientes solo sirve para justificar un ajuste brutal».

La Confederación General del Trabajo (CGT) repudió la decisión del Gobierno nacional de cerrar Vialidad Nacional junto con la Comisión Nacional de Tránsito y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y denunció que la medida implica el despido de miles de trabajadores.

Desde la central sindical alertaron: «Estas intempestivas e improvisadas medidas dejan en vilo a miles de trabajadores cuyas funciones y tareas en cada una de las rutas de la Argentina son fundamentales para la prevención de accidentes automovilísticos, una de las principales causas de muerte en nuestro país».

De esta manera, la gestión neoliberal de Milei tira por la borda una institución reconocida con 90 años de historia encargada de gestionar rutas nacionales, llevar adelante controles, obras y tareas de mantenimiento fundamentales para evitar siniestros.

Según Martínez Carignano, no se trata de una decisión «casual«, sino que el «cierre claramente está implicando lo que pasó en los 90 con la educación: tirárselo a las provincias”.

En este contexto, dijo, “aquellas que se puedan hacer cargo, lo harán, y las rutas rentables irán a los privados”. “Es un plan de negocios”, afirmó, en línea con la nueva ola privatizadora que busca poner en marcha Milei.

Para el especialista, lejos de generar ingresos al Estado, va a producir todo lo contrario: “Y respecto a la Agencia de Seguridad Vial, organismo gracias al que hoy existe la ley de alcohol cero y la ley de atención a víctimas, se ha reducido año tras año la siniestralidad vial en un 30 por ciento”.

“Es de una ignorancia profunda y van a perder muchísimo dinero. Va a bajar la productividad y nada de eso va a salir bien”, añadió sobre la decisión “demencial” del Gobierno.