La Oposición del Senado Expuso el Fracaso del Gobierno.

Pese a las presiones de la Casa Rosada, la sesión autoconvocada reunió un quórum mayor al esperado: 42 senadores se sentaron en sus bancas para dar inicio a una jornada clave para jubilados y colectivos de personas con discapacidad, que rodearon el Congreso en busca de una respuesta política alejada de la crueldad y la lógica de la motosierra. Como si fuera miércoles, Patricia Bullrich desplegó un dantesco operativo de seguridad con el objetivo de desmovilizar la protesta. 

En total la oposición avanzó con siete expedientes que expusieron el fracaso del gobierno para negociar y su fragilidad parlamentaria. 

El número necesario para habilitar la sesión se alcanzó con la presencia de 33 de los 34 integrantes de Unión por la Patria; los radicales Eduardo Vischi, Martín Lousteau, Maximiliano Abad, Pablo Blanco, Mercedes Valenzuela, Daniel Kroneberger y Flavio Fama; Guadalupe Tagliaferri y Beatriz Ávila, del PRO; Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro; y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. 

Con la sesión iniciada, el oficialismo activó una burda estrategia: declarar inválida la autoconvocatoria de los senadores, aunque se trataba de un sesión ordinaria.

El encargado de hacerlo fue el jefe del bloque, Ezequiel Atauche, quien repitió el libreto dictado por Santiago Caputo desde la Casa Rosada: “La cantidad de nulidades es infinita, y por ende vamos a impugnar y no vamos a reconocer los dictámenes ni la validez de esta sesión autoconvocada y sin antecedentes”.

El Senado también sancionó por unanimidad la ley de emergencia para personas con discapacidad, con 56 votos a favor y ninguno en contra.

La norma declara la emergencia hasta diciembre de 2026, con revisión periódica, e incluye: la actualización automática del nomenclador de prestaciones en base al IPC, la recomposición de aranceles a partir del 1° de diciembre de 2023 según inflación acumulada y la actualización mensual de las pensiones no contributivas.

Durante el debate, el senador Luis Juez afirmó: “Este tema me atraviesa. La sociedad mira, pero no ve. Quizás hay una mirada de lástima, pero nuestros hijos son invisibles. No puedo hacerme el tonto, esta ley viene a reparar”.

El cierre estuvo a cargo de Anabel Fernández Sagasti que habló de una crisis de valores: “Hay una emergencia moral y de valores. Esto no es un tema entre privados, como dijo el Gobierno nacional. Ni siquiera es una cuestión de caridad. Es una cuestión de derechos, y de derechos internacionales”.

Por segunda vez, el Senado aprobó por unanimidad la emergencia para Bahía Blanca y rechazó el veto impuesto por Javier Milei con 51 votos afirmativos.

El presidente había vetado la norma mediante un decreto publicado el 24 de junio, alegando que el Ejecutivo ya había girado los 200 mil millones de pesos previstos en la ley sancionada por el Congreso para atender el desastre climático.

Finalizada la votación, la senadora Juliana Di Tullio traspasó la responsabilidad a la Cámara Baja: “Así como la Constitución contempla el veto presidencial, también contempla la insistencia del Senado con dos tercios de los presentes. Aunque Milei no quiera, nosotros insistimos. Ahora debemos alcanzar los dos tercios en Diputados para que efectivamente sea ley”.

Con cuatro derrotas acumuladas, el gobierno sufrió un nuevo revés cuando el Senado comenzó a tratar los proyectos impulsados por los gobernadores para automatizar el reparto de los ATN y hacer coparticipable el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

Ambos fueron debatidos sobre tablas al no contar con dictamen previo y habilitados con una mayoría agravada de 54 votos.

Las dos iniciativas se aprobaron con 56 votos a favor y solo uno en contra, el de Luis Juez. Ahora deberán obtener media sanción en la Cámara de Diputados donde se descuenta que serán convertidos en ley.

Senadores aprobó la media sanción de dos leyes: giro automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la eliminación de los fondos fiduciarios que modifica la distribución del impuesto a los combustibles a las provincias.

Ambos proyectos, que fueron consensuados por los gobernadores de las 23 provincias más el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, marcan un antes y un después en la relación de la Casa Rosada con algunos de los mandatarios provinciales «con peluca» que le facilitaron al mileísmo la aprobación de la Ley de Bases y de los poderes extraordinarios que permitieron en buena medida el desguace del Estado nacional.

La ofensiva de Milei contra los mandatarios, declarando la guerra a las provincias en la antesala de la sesión, no logró frenar la avanzada. Tampoco surtieron efecto las presiones sobre los gobernadores de Juntos por el Cambio: ninguno aceptó votar en su propia contra.

Fuente: Página 12