Aprobaron la «Reiterancia Delictiva» en el Código de la CABA.

Las modificaciones al CP fueron aprobadas con 36 votos a favor y 21 en contra en la sesión de este jueves.

Los rechazos fueron de los bloques de Unión por la Patria (UxP) y del Frente de Izquierda (FIT), mientras que los votos positivos llegaron por parte del PRO, UCR-Evolución, Confianza Pública y La Libertad Alianza. 

La figura de «reiterancia delictiva» se incorporará así al listado de «antecedentes» con que un juez cuenta para el dictado de prisiones preventivas ante «peligros de fuga».

De esta manera, el magistrado tendrá la potestad de determinar una preventiva si una persona es detenida y tiene «múltiples procesos penales» en instancia de requerimiento de elevación a juicio, siempre que se trate de delitos dolosos.

El documento advertía, entre otros puntos, que la figura de «reinterancia» «viola el principio de inocencia, ya que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario».

Además, sostenía que la aprobación de la ley «implica un avance injustificado de criterios punitivistas y criminaliza la protesta social».

Este último punto fue uno de los más mencionados por parte de los legisladores y legisladoras de la oposición, que señalaron que la figura incorporada al Código podría ser utilizada de forma arbitraria para dictar prisiones preventivas a manifestantes.

«La Policía detuvo gente mientras estaba desconcentrando y sin cometer ningún delito. Todos estos casos son detenciones que terminan caratuladas como ‘resistencia a la autoridad’, que es la figura que más se utiliza en la ciudad», advirtió la oposición que plantea que, de llegar a la instancia de requerimiento de elevación a juicio, esas mismas detenciones pueden ser utilizadas como «antecedente» por cualquier juez a la hora de dictar una prisión preventiva.

En Mendoza, por ejemplo, ya se aplica la reiterancia y en febrero fueron detenidos con esa figura dos militantes del Partido Obrero en el marco de una movilización contra la entonces llamada ley ómnibus.

El texto aprobado en el recinto, que recibió varias modificaciones al articulado original que bajó desde el Ejecutivo, prevé una excepción que, según el oficialismo, busca evitar que se produzcan esas situaciones. Es que el artículo incorporado indica que «los hechos investigados en el marco del ejercicio de la libertad de expresión, a manifestarse o a peticionar frente a las autoridades» quedan exceptuados en la aplicación de la reiterancia. Sin embargo, la oración siguiente aclara que esa excepción regirá «siempre y cuando no concurran con delitos contra las personas o daños a la propiedad». En su discurso el oficialismo aseguró que «ejemplo de esto es la situación de extrema violencia que hemos vivenciado en el día de ayer», en referencia a los detenidos en la movilización.

Pero la modificación del CP también recibió otras críticas en torno a la eficiencia de su utilización en el marco de una ciudad que viene atravesando una crisis de sobrepoblación carcelaria, que incluyó cuatro fugas consecutivas a principios del mes de abril.

La legisladora Claudia Neira (UxP) sostuvo que si se aplica la figura incorporada «va a ser un desastre porque no se ocuparon antes de que haya un Servicio Penitenciario propio ni de que haya cárceles». «Y encima ahora van a agravar aún más la situación poniendo detenidos en containers, que los mismos vecinos piden que no les pongan en las comisarías de sus barrios», agregó en referencia a la decisión del Gobierno porteño de instalar cárceles modulares en Barracas, Chacarita y Saavedra para «desagotar» las comisarías y alcaidías superpobladas.

La primera es la obligación de los tribunales de comunicar a Migraciones cuando una persona extranjera reciba una sentencia condenatoria, lo que busca acelerar los procesos de deportación.

La segunda modificación es la incorporación de la figura del «allanamiento de urgencia», que da potestades a la Policía de la Ciudad para realizar allanamientos de forma autónoma.

El articulado aprobado estipula que la fuerza porteña podrá hacer un allanamiento sin previa orden judicial cuando, entre otros puntos, haya «indicios manifiestos de comisión de un delito» o «se tenga sospechas fundadas» de que en el domicilio hay un menor de edad que corre peligro o en casos de personas víctimas de violencia de género. Otro motivo estipulado es la denuncia «de forma verosímil» de que «una o más personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en una casa o local».

El texto fue cuestionado por la oposición por su laxa redacción, que otorga a las fuerzas policiales la potestad de decidir sobre ese tipo de allanamientos, sin control de la Justicia.

Previo a la sesión que inició a las 14 horas, los legisladores del Frente de Izquierda realizaron un acto frente a la Legislatura con el acompañamiento de la legisladora de UxP, Victoria Montenegro, donde se presentó un petitorio por el rechazo al proyecto con la firma de más de 40 organismos, entre ellos, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), agrupación H.I.J.O.S. Capital y la Correpi.

En el documento se volvió a advertir -al igual que se hizo en la audiencia pública realizada el pasado lunes en la Legislatura- que la figura de reiterancia delictiva viola el principio de inocencia y el debido proceso dispuestos en el artículo 18 de la Constitución Nacional, en tanto, vulnera el hecho de que “toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

También reiteraron que la aprobación de la ley “implica un avance injustificado de criterios punitivistas y criminaliza la protesta social”.