Atentado a la AMIA.

El caso del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, es una de las investigaciones que aún se están llevando a cabo en Argentina 27 años después.

En el hecho murieron 85 personas y más de 200 resultaron heridas. Este atentado estuvo precedido por otro similar a la Embajada de Israel en Argentina el 17 de marzo de 1992, donde murieron otras 22 personas.

En un comienzo Argentina adjudicó el atentado a Irán basándose en el testimonio de un falso testigo, Manouchehr Moatamer, un ciudadano iraní disidente que se hizo pasar por arrepentido y señaló a altos funcionarios iraníes como los autores intelectuales del crimen.

A la postre se iba a demostrar que las declaraciones de Moatamer eran falsas y que el juez de la causa, Juan José Galeano, había recibido sobornos para aceptar pruebas montadas contra de Irán.

Durante las investigaciones se comprobó que existió un pago de USD 400 mil dólares a Carlos Telleldín, un extraficante de autos robados, para que declarara haberle vendido una camioneta Traffic a un miembro de la organización libanesa Hezbolá, con la que luego se produjo el atentado.

En febrero del 2019, la justicia argentina confirmó el encubrimiento y el desvío de la investigación por parte de funcionarios públicos. De todas maneras, se espera que en el Gobierno de Macri se oficialice por medio de decretos presidenciales la declaratoria de Hezbolá como organización terrorista y la declaración del 18 de julio como día de duelo nacional en homenaje a las víctimas.

El primer juicio oral se llevó a cabo entre los años 2001-2004 y reveló un encubrimiento que involucraba a la justicia argentina y a los servicios de inteligencia.

Durante la investigación previa, el juez Galeano y los fiscales Eamon Mullen, José Barbaccia y Alberto Nisman, abrieron una causa paralela llamada “Causa Brigadas”, para investigar la supuesta conexión local con los autores intelectuales del atentado.

Allí se acusó falsamente a oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de haber participado en el atentado, quienes permanecieron en prisión casi una década hasta ser absueltos el 2 de septiembre de 2004.

La detención de los agentes policiales se dio a partir de la confesión de Telleldín, quien declaró haberles vendido el carro bomba que estalló en la AMIA.

El desarrollo del juicio al parecer contó con numerosas irregularidades. Algunos ejemplos son el motor supuestamente descubierto entre los escombros y del que nadie firmó el acta de secuestro de la prueba; el extravío de una agenda de Telleldín y de 66 casetes de interceptaciones telefónicas entre él y los supuestos terroristas iraníes; las escuchas de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que comenzaron el mismo día del atentado antes de que nadie sospechara nada del ‘reducidor’ de autos; el desinterés por Alberto Jacinto Kanoore Edul, una persona de origen sirio que llamó a Telleldín el mismo día en que se entregó el carro bomba.

En aquel juicio se comprobó entonces que la hipótesis de investigación tenía como objetivo encubrir el atentado y que había sido armada por el propio juez junto a los fiscales, funcionarios del Estado y dirigentes de la comunidad judía.
El juez Galeano fue destituido y se ordenó investigar a Carlos Telleldín, quien permaneció encarcelado por cobrar los USD 400 mil para involucrar a policías bonaerenses.

También se ordenó investigar a funcionarios y dirigentes, entre ellos el expresidente Carlos Menem, el mismísimo juez Galeano, los fiscales Mullen y Barbaccia, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), en aquel momento Ruben Beraja, y el ex comisario de la Policía Federal Jorge “Fino” Palacios.

El 14 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman denunció a la entonces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner por “decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA, con el propósito de fabricar la inocencia de Irán”. Nisman también involucró y pidió la indagatoria del canciller de entonces, Héctor Timerman, del diputado Andrés Larroque y del dirigente sindical Luis D’Elía.

Nisman fue encontrado muerto el domingo 18 de enero de 2015 en el baño del departamento que habitaba en la ciudad de Buenos Aires. Apenas cuatro días después de su denuncia y un día antes de presentarse ante una comisión en el Congreso para explicar sus querellas. Hasta el momento, las hipótesis que se evalúan son suicidio, suicidio inducido o asesinato (este último con nulas posibilidades de ser probado).

Aquella denuncia derivó en un juicio por el memorándum de entendimiento con Irán, un texto de 3 páginas que representó un principio de acuerdo para investigar el ataque terrorista a la sede de la AMIA. Allí se investiga si se llevó a cabo un pacto para quitar las alertas rojas de Interpol que aún pesan sobre los cinco iraníes sospechosos.

A fines de diciembre de 2017, la justicia confirmó los procesamientos de la expresidenta Cristina Fernández, del ahora fallecido Héctor Timerman, del exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y del resto de los acusados en la causa por el memorándum de entendimiento con Irán.

El juez Claudio Bonadío  dio los pasos para que el caso vaya a juicio oral respecto de quienes tienen los procesamientos confirmados. Causa que irremediablemente se caerá por lo ficticio de lo que ha presentado el fiscal Nisman y el impulso dado por el juez Bonadío (ambos muertos) con el objetivo de perseguir a la ex-presidenta.

Por otro lado, el segundo juicio sobre el atentado contra la AMIA se inició en 2015 y tuvo como acusados a exaltos funcionarios del Estado argentino y dirigentes mencionados en el primer juicio.

El 17 de mayo de 2016, el juez Ariel Lijo fue separado de la causa AMIA 2 a pedido de los querellantes que impulsan el proceso por no tener la intención de investigar la llamada “pista siria”. En su resolución, los jueces sostuvieron que la investigación buscó “desviar la línea de investigación que involucraba a Alberto Jacinto Kanoore Edul con el objeto de beneficiarlo”.

Además, apareció como prueba un cable emitido por el embajador argentino en Israel José María Valentín Otegui a las 2.50 horas del 19 de julio de 1994, del que se desprende que el gobierno del primer ministro israelí Yitzhak Rabin propuso al Gobierno argentino de Carlos Menem coordinar una interpretación unificada de lo sucedido, que conviniera a los intereses políticos de ambas administraciones.

El exsenador nacional Mario Cimadevilla fue designado en 2016 como titular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, que había sido creada en el año 2000.

Dos años más tarde, en marzo de 2018, la Unidad de Investigación sería disuelta y, en septiembre de ese mismo año, Cimadevilla publicó un informe titulado “Inf-AMIA”, acerca de la disolución de aquella unidad.

El informe de Cimadevilla cuestiona duramente la investigación llevada a cabo tanto por el juez Galeano, como por los fiscales Mullen, Barbaccia y Nisman. El exsenador afirmó además que “la pista iraní es muy débil, pero hay que investigarla”, y que “tanto Estados Unidos como Israel prefieren que persista el manto de dudas sobre los iraníes”.

Finalmente, la Justicia argentina absolvió al expresidente Menem, al extitular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Rubén Beraja y al excomisario de la policía Jorge Palacios, en tanto que condenó al exjuez Galeano a 6 años de prisión, al extitular de la SIDE Hugo Anzorreguy a 4 años y 6 meses de cárcel y a Carlos Telleldín a tres años de prisión, mientras que los exfiscales Mullen y Barbaccia fueron condenados a dos años de prisión.

La hipótesis de la pista siria sostiene que el caso AMIA fue un atentado contra el expresidente Carlos Menem por haber cancelado un proyecto para vender reactores nucleares a Siria y haber cancelado otro proyecto de un misil que luego sería vendido a Egipto.

El expresidente de la DAIA Beraja, absuelto en el juicio por irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA, alegó que la pista siria había sido un invento de Jaime Stiuso, uno de los principales jefes de lo que en su momento era la inteligencia argentina.

Como relató el exembajador argentino en Chile Oscar Spinosa Melo, en un viaje que hizo a Siria junto al en ese entonces candidato presidencial, Menem, en 1989, recibió un fuerte apoyo en millones de dólares para su campaña por parte del presidente sirio Hafez Al-Assad. Spinosa Melo afirmó además que Menem a cambio le prometió a los sirios tecnología nuclear.

La hipótesis detrás de la pista siria indica que la presión estadounidense obligó a Menem a frenar el proyecto del misil Cóndor y a cancelar la construcción de los reactores nucleares. De allí surge la teoría de los 3 golpes que la tradición árabe indica que se dan alrededor de una víctima.

Quienes apoyan la hipótesis de esta pista argumentan que el atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires (1992), el atentado contra la AMIA (1994) y la muerte del hijo de Menem, Carlos Menem Junior (1995), fueron 3 golpes asestados por la mafia árabe.

Cabría preguntarse entonces por qué las investigaciones se redireccionaron hacia Irán y no a Siria. La explicación que exponen quienes sospechan de los sirios y que en parte también expuso Cimadevilla en su informe, es que tanto los Estados Unidos como Israel presionaron para que Irán fuera el sospechoso.

Esto se debió a que la relación entre Irán con ambos países estuvo y está plagada de complicaciones constantes, mientras que por aquellos años Siria había llegado a tener una relación más amigable con los Estados Unidos.

Según esta versión de los hechos, el juez Galeano orientó la causa con pruebas montadas para inculpar a los iraníes y es por eso que sobornaron al ‘reducidor’ de autos Telleldín y los fiscales de la causa realizaron maniobras para desviar la investigación.

A 27 años, aún se desconocen los autores materiales y el pedido de justicia por el atentado a la AMIA persiste.

En el futuro será indispensable para que la investigación avance como corresponde que se desclasifiquen los archivos secretos de inteligencia y así impulsar el esclarecimiento del crimen para superar la impunidad que pesa desde aquel 18 de julio de 1994.