Candidata de Macri y lo Opaco del Manejo de la Basura en la CABA.

Clara Muzzio es la titular del Ministerio de Espacio Público, una de las cajas más codiciadas de la Ciudad, que, este año ya gastó alrededor de 5 millones de pesos por día en el intercambio de baldosas.

En la Ciudad de Buenos Aires se generan más de 8 mil toneladas de basura por día en una superficie aproximada de 20.200 hectáreas.

El servicio de recolección de residuos es un desafío para cualquier centro urbano y el de Buenos Aires no escapa a esa preocupación.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en uso de las facultades conferidas por el artículo 135 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 131, 132 y 136 de la Ley Nº 70 y en cumplimiento de la planificación institucional del año 2022, procedió a efectuar un examen en la Dirección General de Limpieza (DGLIM), Recolección de Residuos por terceros., dependiente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana (MEPHUGC) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), por el período Enero a Diciembre 2021.

De allí se desprende que la administración de los recursos no fue tan limpia. Entre otros hallazgos, detectó que se firmaron actas en las cuales el Gobierno asumió gastos que no le corresponden y se extendieron contratos de forma irregular. 

El organismo hizo hincapié en aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos. Y en ese análisis encontró que se suscribieron actas acuerdo durante 2021 que no se ajustaron a los parámetros del pliego, haciéndose cargo el ejecutivo porteño de obligaciones como el pago de antigüedad y vacaciones del salario de operarios de las contratistas, la provisión y reposición de contenedores o la adquisición de equipamiento.

Otra de las observaciones realizadas por el organismo está vinculada a los plazos contractuales. Se indicó que el contrato a todas las prestatarias se prorrogó por cuatro años, aunque no fueron detalladas las razones o fundamentos. 

Según el informe, a partir de marzo de 2021, fueron incorporados contenedores para la recolección de residuos sólidos urbanos que no estuvieron sujetos a una licitación pública. Lo mismo ocurrió con las “modificaciones de microrutas, macrorutas, ruteos y trazabilidad sin la debida incorporación de nuevos equipos para su prestación”.

Además se observó que se realizaron modificaciones de la flota de vehículos y equipos para la recolección de contenedores verdes.

Por otra parte, la Auditoría corroboró que gran parte de la flota destinada al servicio no cumple con los años de antigüedad previstos. Al respecto, se constataron “98 unidades con una antigüedad mayor a los cinco años” para actividades de control ejercidas por la Dirección de Limpieza en las zonas adjudicadas. También una unidad con elevador hidráulico cuyo año de fabricación es 2007 excediendo por cinco años a la fecha de la oferta.

¿Cómo se distribuyen las zonas y qué empresas tercerizadas están a cargo?

El informe de la AGCBA detalla que, de acuerdo a la licitación realizada en 2013 para la contratación del Servicio Público de Higiene Urbana Fracción Húmedos, se establecieron siete zonas y a cada una se le destinó una estación de transferencia para realizar las correspondientes descargas. La zona portuaria quedó excluida de estos pliegos.

• Zona 1 (Comuna 1): AESA S.A.
• Zona 2 (Comunas 2/13/14): CLIBA Ingeniería ambiental S.A.
• Zona 3 (Comunas 11, 12, 15): Industrias metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F.
• Zona 4 (Comunas 9/10): Ecohabitat S.A. – U.T.E.
• Zona 5 (Comuna 8): Ente de Higiene Urbana (EHU).
• Zona 6 (Comunas 5/ 6/ 7): Ashira S.A. – Martin y Martin S.A. U.T.E.
• Zona 7 (Comunas 3/ 4): Transportes Olivos S.A.C.I. y  Urbaser Argentina S.A, U.T.E.

Además, se determinó como fecha de inicio de las prestaciones el 1 de octubre de 2014 y como vencimiento el 30 de enero de 2024. Sin embargo en octubre de 2021 se celebraron, para todas las zonas, las actas acuerdo que establecieron prorrogar el contrato por cuatro años con nuevo vencimiento al 30 de septiembre de 2028. 

De las siete zonas, seis fueron asignadas a empresas privadas y la restante quedó a cargo de la administración del Ente de Higiene Urbana (EHU) como zona testigo. En este punto se certificaron $282.827.571 con cargo a la Dirección General de Limpieza cuando se trataba de una suma que debió ser abonada por la EHU.

Relevar la información no fue una tarea sencilla para los auditores. Al menos eso dejaron registrado al indicar que “los datos cualitativos de los informes de gestión del 2021 no son homogéneos tanto en el armado disímil de los distintos registros mensuales de una misma empresa como en las diferencias de estructura con las demás prestatarias”. Y en este sentido, señalan que el 52.61% de los reclamos realizados respecto de la prestación del Servicio Público de Higiene Urbana durante el año 2021 fue resuelto fuera de los plazos estipulados informados por la Dirección General de Limpieza.

No es la primera vez que la Auditoría advierte sobre fallas en los registros y evaluaciones del servicio de limpieza de la Ciudad. En octubre de 2021 aprobó un informe sobre la Dirección General de Limpieza (DGLIM) en el que registró fallas en el sistema de control por no estar debidamente sistematizada la información y licitaciones «poco claras» para verificar el cumplimiento por parte de las empresas. El período examinado por el organismo de control fue 2019.

En tanto, en un informe aprobado en 2018 sobre la gestión de 2016, concluyeron que no era posible saber cuántos vehículos tenía el Ente de Higiene Urbana.

Allí se mencionaba que desde el Ente declaraban 78 vehículos, mientras que desde la Dirección General de Flota Automotor del Gobierno de la Ciudad registraba 54. Sin embargo, el organismo de control identificó 80 móviles.

Como lo viene haciendo, desde la Auditoría recomendaron a la Dirección General de Limpieza del GCBA respetar los términos contractuales para garantizar la transparencia y legalidad, que no se altere el objeto del contrato y se respeten las normas, que se propicie el cumplimiento de los pliegos licitatorios y se fundamente el dictado de los actos administrativos.

También que se apliquen parámetros técnicos tipificados en los pliegos respectivos, se propicie que el dictado de los actos administrativos reflejen con claridad y especificidad la metodología que ellos determinen y se promueva el cumplimiento de las respectivas actas acuerdo.

Fuente: El Auditor-Info