Cobertura Universal de Salud. Comunicado de ATE.

La necesidad de “asegurar” a un conjunto de personas que “no tienen asegurado” el Derecho a la atención sanitaria es por lo menos una parte de las intenciones desde donde se pretende montar la argumentación para la implementación de la CUS.

En la Argentina, el acceso a la salud es formal y legalmente Universal y Gratuito consagrado por la propia Constitución Nacional sancionada en 1994: en su artículo 75, inciso 22, aprueba la inclusión con rango constitucional de tratados internacionales, entre ellos la “Declaración Universal de Derechos Humanos” que en su artículo 25 expresamente indica: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

El uso de los términos “cobertura” y “seguro” simbolizan el desplazamiento de las ideas de “atención” o “derecho” consagradas por la Constitución e implican una relación de “contrato” no de DERECHO. Estos términos legitiman el alejamiento del diseño de la oferta de servicios públicos de salud, su integración y la eficacia sanitaria.

La intención oculta es trasladarla hacia la contención de “costos”, estableciendo un conjunto restringido y ajustable de prestaciones donde el Estado pasa a ser un “comprador” de esas prestaciones que puedan ejecutar tanto el propio sector público como el privado. Esto en la práctica significa que los servicios podrían ser enteramente provistos por empresas privadas si así lo determinara la famosa ley de la oferta y la demanda, mientras el Estado sólo interviene para asegurar los fondos para esos servicios y regula su calidad y variedad a través de mecanismos y Organismos de escasa o nula legitimidad y transparencia con marcada influencia de los sectores del negocio de la enfermedad.

Es frecuente escuchar que hay un sector de la población argentina sin cobertura de salud. Se estima en aproximadamente 36 por ciento, es decir alrededor de  15,7 millones  de compatriotas. No obstante la afirmación es sólo parcialmente cierta, ya que el subsector público de salud a través de sus trabajadoras y trabajadores, aunque con expresiones disímiles en las distintas jurisdicciones, cubre todo el país ofreciendo el acceso al derecho a la salud. Pese a las crecientes dificultades producto de un deterioro programado e intencionado, la presencia del sector Público, sus efectores y sus trabajadores, en cada rincón del territorio, son la mejor garantía del acceso a la atención, aunque se impongan conductas activas para reposicionar al sector público para poder dar respuestas más efectivas y calificadas.

Esa situación se da ya sea porque en muchos rincones del país éste es el único efector disponible o bien porque consideran que en el ámbito público obtienen mejor respuesta. Dos ejemplos contundentes: Cerca del 60 por ciento de los 750.000 partos anuales que se registran en la Argentina se producen en instituciones públicas; es decir, que no solamente se asiste en el sector público a esa franja poblacional sin seguro, sino que un porcentaje importante de los que lo tienen eligen al Hospital Público como efector. Y el otro ejemplo son las emergencias, cuyos servicios de atención permanente en Argentina están garantizados por el sector público, pero además la pauta cultural más acendrada en la población es que ante una urgencia o emergencia el mejor lugar para atenderse es el hospital.

Concluimos que ya existe cobertura universal en salud. Entonces, si Argentina cuenta con una red pública extensa de efectores y de trabajadoras y trabajadores, distribuida en todo el territorio, abierta y disponible para la atención de quien requiera atención sin discriminación, ¿lo que falta es un seguro de atención básica, o lo que se requiere es fortalecer esa red?

 La propia “canasta básica” que hará operativa la CUS, es sinónimo de inequidad, ya que parte de aceptar que para algún sector de la población -aquellos que debieran en función del principio de equidad recibir más- los servicios se limitan a un conjunto acotado. Excluyendo prácticas de salud que hoy existen, limitando derechos o teniendo que acudir a la judicialización de la salud, como se observa plenamente en todos los países que han implementado este sistema (Chile, México o Colombia). Además, todo lo que no esté incluido en la “canasta” cada persona lo debería resolver por su cuenta. O sea, por fuera de la cobertura mínima, el sistema de salud se va a regir por la ley de oferta y demanda, lo cual implica que aquello que el Estado no pague, va a tener que ser costeado a precio de mercado de manera individual, por consumidores de salud. Ante esas situaciones los sectores populares se ven en clara desventaja: sólo tendrán acceso total al resto de los servicios, aquellos que puedan pagar por ello. Y los “gastos de bolsillo” (o sea por “aquello” que no está incluido en el seguro) obviamente, se van a incrementar exponencialmente.

Sabemos que la financiación adecuada para el sector salud, es una condición necesaria pero insuficiente para asegurar acceso, equidad, eficacia y calidad de los Servicios de Salud. O sea, puede haber más o menos plata (presupuesto), pero la pregunta es ¿Quién la administra? ¿Qué modelo de atención se financia? ¿Quién se queda con esa plata? El anuncio de la CUS se sustenta en utilizar 29 mil millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). De esos 29.000 millones de pesos, solamente 8.000 millones de pesos pasarán a formar parte de un fondo que será administrado por una Unidad Ejecutora de la que participarán 2 representantes del Ministerio de Salud de la Nación, 2 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y 2 de la CGT (socios del “acuerdo”). Es decir que en concreto, el financiamiento inicial se basa en el aporte de los 8.000 millones ($42 por mes para cada uno de los casi 16 millones de personas) provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, que será por única vez, previendo el retiro progresivo del nivel nacional, transfiriendolo a las provincias y a los municipios. Otra vieja y conocida receta neoliberal: descentralizar políticas sociales sin fondos, generando el riesgo de no poder sostenerse en el tiempo. Insignificante aporte frente a tamaño anuncio que se presenta como una gran solución.

La “canasta” prevé un modelo restrictivo, curativo y biológico; algunas (no todas) las prestaciones para algunas (no todas) las enfermedades, sin acciones de prevención y adaptable a la decisión política de qué “canasta” se financia, obviamente ajustable según criterios de mercado. Esta “canasta” la podrían ofrecer tantos los Hospitales (sector público) como las clínicas y sanatorios (sector Privado), lo que abre claramente la posibilidad de una transferencia de “asegurados” o “prestaciones” (y por lo tanto recursos públicos) al sector privado. Al relativizar el carácter público exclusivo de las prestaciones de salud, lo que se está procurando en realidad, es la creación de mercados de salud que puedan ser explotados por el capital. Específicamente, hay una decisión consciente y planificada de introducir “mercados internos” dentro del dominio de las prestaciones públicas. Y la noción de “privados” no sólo va a estar prevista en la conformación tradicional (clínicas y sanatorios), sino también en formas institucionales de alta precariedad institucional (aseguradoras, UTEs -Unión Transitoria de Empresas-, sociedades anónimas).

En este marco, la situación de las trabajadoras y trabajadores del sistema Público es de alto riesgo. No sólo se prevén modalidades de contratación y retribución (salario) más precarizantes como pago por cápitas o por rendimiento sino que es probable que los planteles se achiquen si los “pacientes” eligen al efector privado y, por lo tanto, se reduce la demanda del Hospital Público.

La estrategia o, como gusta expresar la actual conducción sanitaria nacional, esta “política sustantiva”, colisiona con las ideas de quienes creemos que hace falta afianzar sistemas universales de salud que aseguren equidad, integralidad y gratuidad, para el ejercicio pleno de un derecho ciudadano garantizado por el Estado, tal como manda nuestra Constitución Nacional.

Falta mucho para que esa red resulte igualmente efectiva en cada rincón de la patria. Infraestructura, equipamiento, comunicaciones y especialmente trabajadores de salud en número y con formación suficiente y una mirada amplia sobre la salud, marcan diferencias que ponen en riesgo el acceso al derecho. Es de la mano de políticas de fortalecimiento de ese sector, propendiendo a la integración efectiva de los distintos actores, en que se continuará mejorando y no limitando el accionar de la misma a escasas funciones.