Día de la Trabajadora y el Trabajador Ferroviario.

Recordemos que los ferrocarriles iniciaron su actividad en Argentina a partir de 1857.

El transporte ferroviario comenzó con la iniciativa nacional de empresarios locales.

Rápidamente, empresarios ingleses y franceses se hicieron cargo del ferrocarril y desarrollaron las principales líneas que todavía hoy continúan en funcionamiento.

El 1 de marzo de 1948 el presidente argentino Juan Domingo Perón nacionaliza la actividad ferroviaria y crea la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos.

Con esta iniciativa el ferrocarril se transforma en un medio de transporte al servicio del desarrollo de las economías regionales con servicios regulares de pasajeros y carga, llegando a operar casi 47.000 km de vías.

El Decreto N° 32.574, firmado ese 1 de marzo, reorganizó las antiguas compañías, incluyendo a los Ferrocarriles del Estado, en ocho líneas en que fue dividida la red ferroviaria a partir del año siguiente: Línea General Bartolomé Mitre, Línea General Belgrano, Línea Domingo F. Sarmiento, Línea General Roca, Línea General San Martín, Línea General Urquiza y el Ferrocarril Patagónico.

Durante este período el sistema ferroviario argentino desarrolló su máxima extensión, siendo el más grande de América Latina con cerca de 47.000 kilómetros de vías.

De todos modos, a causa del impulso dado al transporte automotor, paulatinamente se fueron desactivando e incluso levantando ramales enteros. Durante la presidencia de Arturo Frondizi se puso en práctica el llamado Plan Larkin a instancias del Banco Mundial consistente en una larga serie de cancelaciones y levantamiento de vías. Si bien el plan se suspendió por efecto de una recordada huelga ferroviaria de 42 días en 1961, dejaron de correr trenes en la casi totalidad del ex Ferrocarril Provincial de Buenos Aires, ramales del ex Ferrocarril Patagónico, del Ferrocarril Roca y demás.

La empresa, que en 1968 adoptó en forma definitiva el nombre y logotipo de Ferrocarriles Argentinos, logró reducir sensiblemente su déficit operativo. El Decreto-Ley N°18.360 de 1969 reglamentó el funcionamiento de la empresa bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, estableciendo su objeto como la operación de los ferrocarriles de propiedad nacional.

Desde los años 80 hasta mediados de los años 2000 el ferrocarril en Argentina sufrió un importante declive, a la par de lo ocurrido un poco por todo el mundo.

En este proceso algunos servicios de pasajeros y de carga fueron privatizados.

La privatización ferroviaria en fue un proceso comenzado en 1990 durante la presidencia de Carlos Menem, tras la aprobación de la Ley de Reforma del Estado que autorizaba al ejecutivo a privatizar y disolver entes estatales.

Antes de la privatización, FA tenía una red nacional de alrededor de 35 000 kilómetros y 92 000 empleados y un déficit operativo de 450 millones de dólares por año.

En la práctica, la red de vías férreas existentes presentaban un gran deterioro en su infraestructura producto del abandono adrede que se fue implementando, incluyendo locomotoras y vagones de carga y pasajeros.

Toda la industria ferroviaria fue desarticulada. Sólo se mantuvieron en pie las líneas de trenes urbanos que conectan a la Capital Federal con el conurbano y algunos pocos ramales de larga distancia. Un grupo de consorcios privados se hizo cargo de la gestión de los servicios. La privatización de los ferrocarriles se impulsó para reducir el déficit fiscal y modernizar el servicio, pero ninguno de los objetivos se cumplió. El Estado siguió aportando recursos a través de la entrega de subsidios y la compra de insumos, mientras la mayoría de los trenes continuó en una situación penosa.

El peor momento fue durante la crisis de 2001-2002. Por entonces, las formaciones partían con los asientos destruidos, sin luces y experimentaban un notable traqueteo, evidenciando la falta de mantenimiento de las vías.

El gobierno de Eduardo Duhalde decretó en 2002 la emergencia ferroviaria, pero eso sólo sirvió para que las privatizadas fueran exceptuadas del cumplimiento de casi todas las exigencias de inversión y mantenimiento que figuraban en los pliegos. Eso se hizo supuestamente para evitar que los concesionarios, entonces en convocatoria de acreedores, quebraran.

A partir de 2013 la mayor parte de las líneas de pasajeros fueron absorbidas por el estado argentino nuevamente al constituirse la actual Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, realizándose relevantes inversiones en material rodante e infraestructura.

En el sector de cargas ferroviarias se dio impulso a la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística al mismo tiempo que operadores privados explotan en resto de las líneas ferroviarias.