Día del Reportero Gráfico – 25 Años del Asesinato de Cabezas.

La Ley 24.876 sancionada el 10 de setiembre de 1997 y promulgada el 13 de Octubre de 1997 establece el 25 de enero como el Día Nacional del Reportero Gráfico.

Esta fecha se conmemora en todo el país en homenaje a José Luis Cabezas, periodista y fotógrafo, asesinado el 25 de enero de 1997  en la costa atlántica cuando cumplía con su trabajo.

El fotógrafo José Luis Cabezas era asesinado hace 25 años en la localidad bonaerense de Pinamar, en un hecho perpetrado por una banda vinculada al empresario postal Alfredo Yabrán y que conmocionó a la opinión pública de una Argentina que, en el ocaso de los ´90, comenzaba a hacer vaivén en la disputa política entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde.

En la actualidad, familia y compañeros del trabajador de prensa que se desempeñaba en la revista Noticias (Editorial Perfil) luchan por mantener viva su memoria y deploran que todos los acusados por el crimen se encuentren en libertad.

Un año antes de su asesinato, Cabezas había logrado fotografiar al enigmático empresario propietario de la empresa OCA, durante la cobertura de verano que realizaba junto al periodista Gabriel Michi para Noticias.

«Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente. Ni los servicios de inteligencia tienen una foto mía», era la frase que por entonces se le atribuía al dueño del emporio postal.

A 25 años del crimen, Michi no duda sobre el efecto que causó aquella captura de Cabezas. «Con su foto, José Luis logró ponerle rostro al personaje más oscuro y poderoso de los años ’90. Con esa foto reveló muchos de los secretos que el poder no quería que salieran a la luz», señaló a Télam.

Y agrega: «Sin dudas, desde el punto de vista político, el crimen de Cabezas marcó un antes y un después. La reacción social que hubo fue el principio del final del menemismo, que protegió al autor intelectual del crimen, Yabrán, a quien no quiso soltarle la mano hasta último momento y trató de proteger de todas las maneras posibles»

El homicidio fue cometido en tiempos en que Duhalde, en representación del Partido Justicialista, buscaba suceder a Menem, quien ejercía su segundo mandato como presidente y buscaba un tercero.

La disputa entre el presidente y el gobernador, quien dijo que con el asesinato de Cabezas le habían «tirado un muerto» para trabar su postulación a la presidencia, se profundizó con el avance de la investigación por el asesinato.

En 1996, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, había denunciado que Yabrán «lideraba una mafia enquistada en el poder», en una prolongada exposición ante la Cámara de Diputados.

En tanto, Duhalde consideraba que Yabrán era «sospechoso» del crimen de Cabezas, Menem sostenía en cambio que se trataba de «sólo un empresario más».

La emblemática foto de Yabrán caminando en la playa fue publicada en la tapa de la revista Noticias en marzo de 1996. La investigación judicial posterior determinó que el empresario tomó la revelación de su imagen como una afrenta que no estaba dispuesto a perdonar.

Después de la publicación, el fotógrafo y su pareja, Cristina Robledo, comenzaron a recibir amenazas telefónicas y un año después, un funcionario cercano a la gestión del entonces intendente de Pinamar, Blas Altieri, le confió a Cabezas que «gente de Yabrán» había indagado sobre la dirección donde se alojaría durante la cobertura de la temporada.

Un mes antes del crimen, el policía de la bonaerense Gustavo Prellezo, condenado como uno de los autores materiales del hecho, se reunió con Yabrán en Buenos Aires, en las oficinas que el empresario tenía en Carlos Pellegrini al 1100.

En esa reunión, ´Don Alfredo´ le confió que quería «pasar un verano tranquilo sin fotógrafos ni periodistas», según lo que el oficial declaró luego ante la Justicia.

Michi asegura que el objetivo «de máxima» que tenían ese verano él y Cabezas era entrevistar a Yabrán

En ese marco, el 24 de enero de 1997 ambos concurrieron a una fiesta que ofreció en su casa de Pinamar el empresario Oscar Andreani, donde llegaron en un Ford Fiesta de color blanco.

A las 4 de la madrugada el periodista se retiró y el fotógrafo lo hizo una hora después, en el vehículo en el que se desplazaban.

A la mañana siguiente, el cuerpo de Cabezas apareció adentro del Ford Fiesta quemado con alcohol metílico, en una cava de las afueras de Pinamar. El cadáver tenía sus manos esposadas y dos proyectiles de un arma calibre 32 alojados en la cavidad craneana.

El asesinato del fotógrafo develó vínculos entre el gobierno, políticos y empresarios, y cinco meses después del crimen debió renunciar el entonces ministro de Justicia, Elías Hassan: el funcionario había mantenido más de cien contactos telefónicos con Yabrán, a quien le había otorgado el reparto de la correspondencia de la cartera a su cargo.

La cobertura del caso fue tema excluyente para todos los medios del país y la foto del reportero gráfico acompañada con la leyenda «No se olviden de Cabezas» se convirtió en un símbolo de la denuncia contra la impunidad que unió en un mismo reclamo a organizaciones gremiales y organismos de derechos humanos.

Tras varios meses de instrucción, el juez federal de Dolores, José Luis Macchi, procesó y dictó prisión preventiva en mayo de 1989 para Yabrán como instigador del crimen.

Tras permanecer algunos días en condición de prófugo, el empresario postal se suicidó en un campo de su propiedad ubicado en Entre Ríos, donde cuando permanecía oculto.

Prellezo, quien estaba al servicio de Yabrán, y un grupo de delincuentes conocidos como «Los Horneros», fue quien encabezó la autoría material del crimen.

El expolicía bonaerense fue condenado a reclusión perpetua en febrero de 2002, pero sólo pasó tras las rejas 13 años pese a que la sentencia fue ratificada en las máximas instancias judiciales de la provincia y del país.

Actualmente, permanece en libertad condicional desde diciembre de 2017 y desde 2010 en su vivienda bajo el régimen de prisión domiciliaria. Se recibió en la cárcel de abogado y escribano e intentó obtener una matrícula, pero ante una denuncia presentada por la familia Cabezas, el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados la Capital Federal resolvió excluirlo en noviembre de 2020.

«Seguimos peleando para que a Prellezo, le saquen definitivamente la matrícula de abogado. Tiene una condena hasta 2022, sin embargo, sigue trabajando como abogado», señaló a Télam Gladys Cabezas, hermana de José Luis..

A 25 años del crimen, Gladys considera que «no se hizo justicia» por el asesinato de su hermano, y como prueba de ello remarca que «están todos los responsables libres».

«Sí se descubrió quién lo mató, pero ninguno cumplió la condena que tenía que cumplir. La prisión perpetua no existe, porque es toda la vida, y acá nadie está preso toda la vida. Los acusados se portaron bien, y por buena conducta o por el criterio del 2×1 salieron en libertad», apuntó.

Los otros condenados por el asesinato fueron el expolicía Aníbal Luna (condenado a prisión perpetua y en libertad condicional desde 2017); el exjefe de Seguridad de Yabrán, Gregorio Ríos (condenado a perpetua como instigador del hecho y en libertad condicional desde 2008); y el comisario Mario «La Liebre» Gómez (condenado por liberar la zona en la que ocurrió el crimen, recuperó la libertad en 2006 tras una decisión de la Cámara de Casación bonaerense).
Además fue sentenciado el policía Sergio Cammaratta, quien murió en el penal de Dolores en 2015, sindicado por la Justicia como responsable de haberle hecho «un seguimiento» a Cabezas cuando trabajaba en Pinamar en el verano de 1997.

De la banda «Los Horneros», reclutados por Prellezo, fueron desvinculados de la causa José Luis Auge (que recibió condena en el juicio que se hizo en 2004 pero quedó en libertad cuatro años más tarde); y Sergio Gustavo González (sentenciado a prisión perpetua recibió una reducción de la condena y salió de la cárcel en 2006, aunque tiene una causa por drogas radicada en los tribunales de CABA).

Por su parte, también de la banda de «Los Horneros», fue desvinculado de la causa Horacio Braga (quedó en libertad condicional diez años después del crimen, y a mediados de 2018 cumplió su condena con la Justicia), mientras que Miguel Retana, sentenciado a prisión perpetua en 2000, murió por una afección originada por el SIDA en la cárcel un año después.