Día del Telefónico.

El 18 de marzo de 1948, Perón firmaba los convenios que incorporaron a los teléfonos al patrimonio del Estado, a través de la EMTA (Empresa Mixta Telefónica Argentina), que un año más tarde sería reemplazada por Teléfonos del Estado, luego de que el gobierno peronista comprobara el nulo interés de los empresarios de invertir en el negocio que había explotado hasta 1948 la Unión Telefónica, máscara del trust inglés ITT (International Telegraph and Telephone).

El Estado dejaría de limitarse sólo al ordenamiento y aparente control de las empresas telefónicas, pasando a intervenir directamente en la provisión y venta de servicios. Esta es una fecha cumbre en la historia de la telefonía y del devenir de los trabajadores.

 

Además, este hecho sería el inicio de la etapa más extraordinaria de la telefonía argentina: en pocos años, nuestro país se consolidaría como un líder en América Latina en prestación del servicio telefónico a través de la empresa estatal, que sería rebautizada con el célebre nombre de ENTel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones).

 

 

Después 42 años de administración estatal, ENTel, en el año previo a su pase al sector privado, fue intervenida y debió seguir a rajatabla las condiciones impuestas para el logro su privatización por parte del neoliberalismo, provocando un deterioro previo de la empresa tanto a nivel operativo como también en activos reales y cantidad de empleados para hacerla mas “accesible” a los futuros compradores extranjeros. Este procedimiento era común y necesario según el <modus operandi> utilizado por quienes confeccionaban los pliegos de estos actos contra el interés nacional.

 

 

El proceso de desguace de la empresa fue conducido la tristemente celebre María Julia Alsogaray, siendo ésta una de las primeras privatizaciones del gobierno menemista, orquestadas desde el extranjero (Consenso de Washington) y ejecutadas en el país por sus sirvientes, como José Roberto Dromi, el entonces Ministro de Obras y Servicios Públicos.

 

La decadencia programada chocaba con la realidad de la compañía telefónica estatal, distinta a las intentonas justificadoras de la privatización: ENTel, a pesar de sus limitaciones, era una empresa en expansión y a fines de los años ’80 había acelerado su crecimiento teniendo en cuenta la cantidad de líneas en servicio y teléfonos en funcionamiento.

 

En el período 2003-2015 el Estado avanzó en materias como la recuperación del espacio radioeléctrico, en materia satelital, en TV digital pública, e incluso con la reserva de sectores de banda para una posterior explotación por parte del mismo, pero en materia de telefonía la deuda pendiente continúa.

 

Los operadores privados de servicios de telefonía, internet y telefonía celular están más vivos que nunca y son propiedad de multinacionales extranjeras. Estas empresas, sin excepción, generan siderales beneficios anuales, gran parte de los cuales son girados a sus respectivas casas matrices, provocando así una creciente fuga de capitales.

 

De acuerdo a la lógica del privado, concesionario de un servicio público, si lo opera es por que dicha operación deja una cuantiosa ganancia, ganancia que, al igual que con YPF, podría quedarse en el país y ser utilizada en reinversión para ampliación y mejora de los servicios.

 

 

Fuente: La Baldrich