DINERO A CAMBIO DE HABILITACIONES ?

El titular de la Agencia Gubernamental de Control –el área que concentra las inspecciones de comercios en el Gobierno de la Ciudad– admitió ayer que existen personas que trafican influencias a cambio de dinero para lograr habilitaciones de comercios y reconoció que su área no puede hacer demasiado para combatir a esas organizaciones. No defendió a los funcionarios sospechados y renunciados en el área, aunque tampoco los acusó. “Estoy en desventaja ante gente que menciona nombres de funcionarios para acelerar un trámite”, dijo Ibáñez, en un tramo de su informe ante la Comisión de De-sarrollo Económico de la Legislatura. El funcionario fue convocado para dar explicaciones sobre la causa en la que, por presunta extorsión, aparece involucrada una funcionaria de la AGC que renunció hace tres semanas.

Ibáñez fue convocado a la Legislatura a raíz de la investigación del juez Juan Ramos Padilla en la cual quedaría al descubierto una presunta red de tráfico de influencias y extorsiones que a cambio de dinero tramitaba habilitaciones y evitaba inspecciones y clausuras.

En la audiencia, que duró tres horas, estuvieron presentes familiares de las víctimas de la tragedia de Beara, el boliche de Palermo en el que, hace casi un año, murieron dos chicas como consecuencia del derrumbe de un entrepiso. También estuvieron integrantes de la agrupación Que no se Repita, que reúne a familiares de víctimas de Cromañón. “La Corrupción mata”, “Justicia por Beara” y “AGC: Agencia Gubernamental de Cohecho” fueron algunas de las frases esgrimidas en pancartas por los familiares, dentro de la audiencia.

La presidenta de la comisión convocante, Delia Bisutti, opinó: “Lo que hizo Ibáñez fue correrse de los funcionarios a su cargo que están sospechados. Pero él tenía información y no le pidió la renuncia a nadie. No nos convenció”.