El Gobierno Nacional Derogó el Decreto Migratorio del Macrismo.

El decreto 70/2017 apuntaba a acortar los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales y establecía condiciones más estrictas para las causas que impedían el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.

En diciembre último, en el marco del Día Internacional de los Derechos de las Personas Migrantes, la derogación de este decreto fue el reclamo principal de las organizaciones participantes de la Campaña Nacional Migrar No Es Delito.

Otra de las cuestiones es que el DNU amplía las causales a cualquier tipo de cuestión penal, aunque sea un delito menor. Por lo cual una persona migrante ante cualquier situación de la vida cotidiana –como un accidente de tránsito, por ejemplo- se ve expuesta a una expulsión.

Ante esto tampoco se toma en cuenta el arraigo, y el hecho de tener familia acá también está atado a una serie de razones y siempre queda a discreción de la Dirección Nacional de Migraciones la resolución, que es el mismo órgano administrativo que pide la expulsión”.

Sostuvieron que la política de Macri no mostró “mejoras ponderables” en materia migratoria. Y justificaron que las modificaciones que se hicieron no resultan “conciliables con la Constitución Nacional”.

El decreto determinaba que se entendía como antecedente penal “un acto de procesamiento firme, el cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable”.

También se incorporaba otro cambio: si un inmigrante pagaba para que lo trajeran, a pesar de que esto infringe la ley, si colaboraba para dar con el traficante de personas, podía pedir la residencia y evitar la expulsión.

En solo dos años de vigencia, el gobierno macrista expulsó del país a 3 mil inmigrantes y limitó el ingreso a la Argentina de muchos más que contaban con antecedentes penales. Estas medidas habían sido tomadas en clara sintonía con la política restrictiva de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Ahora su derogación quedó oficializada a través del decreto 128/2021 firmado por el presidente Alberto Fernández, que entre sus considerandos destaca que la los cambios a la Ley de Migraciones (25.871) impulsada por el gobierno anterior eran “irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos».

Por este motivo, restituyó la vigencia de la normativa que había sido modificada de manera unilateral y con criterios discriminatorios, y creó además una Comisión Asesora de Política Migratoria que deberá «proponer medidas no vinculantes” relativa a la Ley de Migraciones.

Esa modificación que Macri hizo por decreto había agravado «exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria», causándole también un daño económico al Estado argentino.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio.

Luego de que el decreto derogatorio fuera publicado en el Boletín Oficial, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) celebró la decisión del Gobierno del Frente de Todos. Fue «un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos», destacó la organización.
El DNU de Macri » fue parte de una política de exclusión social que vinculó de forma directa a las personas migrantes con la comisión de delitos, y que argumentó que, por eso, había que expulsarles de manera inmediata», explicó el organismo a través de un hilo de Twitter.
También » significó un giro en el rol que Argentina venía teniendo a nivel regional y mundial desde la Ley de Migraciones en 2004″ y «formó parte de una tendencia que aumentó la discrecionalidad de los Estados para controlar, detener y expulsar migrantes».

El CELS explicó que desde que el macrismo hizo esa modificación en la legislación migratoria “se vulneraron derechos y garantías: separó a madres de sus hijes, y a miles se le sometió a una inminente expulsión, atada a la suerte de los escasos recursos legales que ofrecía la norma«.

Por eso, añadió, «celebramos la decisión del Poder Ejecutivo” de derogar esa norma “cuya implementación significó un claro retroceso en los derechos de las personas migrantes en el país en los últimos cuatro años».

En este sentido, la decisión del gobierno de Alberto Fernández dio “un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos, el derecho a migrar y la obligación del Estado de regularizar».

Recordamos que después de la revelación de las irregularidades en el acceso a las vacunas, el periodista Horacio Verbitsky pidió licencia como presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que dirige hace más de 20 años.

En este momento es la académica Sofía Tiscornia quien se encuentra a cargo de la presidencia del CELS, uno de los organismos de derechos humanos más prestigiosos a nivel nacional e internacional. Además, la Comisión Directiva decidió iniciar un proceso de transición, informaron.