El Gobierno Nacional NO Cumplirá la Resolución de la Corte Suprema.

«Un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento», así definieron el presidente Alberto Fernández y catorce gobernadores la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia, en la que ordenó modificar los porcentajes de coparticipación en beneficio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

«Es un fallo inédito y político», dijeron desde el Gobierno y agregaron que con esa medida «la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA en un año electoral».

La postura definida en la reunión del presidente y los mandatarios provinciales es que el fallo no podrá cumplirse porque «el Congreso Nacional aprobó por ley el Presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad».

Por último, se resolvió recusar a los miembros de la Corte y presentar un pedido de revocatoria «in extremis» de la resolución cautelar dictada.

Los Estados provinciales solicitarán ser incorporados como parte querellante en el expediente, acompañando la recusación.

La reunión se llevó a cabo en Casa Rosada y duró más de una hora.

Estuvieron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raul Jalil; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de San Juan, Sergio Uñac; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y el de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Bajo modalidad virtual participaron también los mandatarios del Chaco, Jorge Capitanich; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; y de Misiones, Oscar Herrera Ahuad (quien se manifestó a favor de la postura común, pero no apareció como firmante del documento final). El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, no participó de la reunión, pero sí firmó la declaración conjunta.

En el salón Eva Perón estuvieron, junto al jefe de Estado, el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro; el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.

El documento acordado plantea que la Corte decidió aumentar el porcentaje de coparticipación que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires al 2,95, frente al 2,32 que recibe actualmente.

Es decir, ordenó otorgarle a CABA más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe.

El Presidente añadió que en, el fallo, los jueces sostuvieron «de manera insólita» que «transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas».

«Eso es completamente falso –indica el documento–: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación.»

En la reunión, los mandatarios analizaron que los fondos que el Gobierno debería entregarle a la Ciudad según la medida cautelar de la Corte provienen de plata que iba a ser para la administración general del Estado y no de los fondos coparticipables.

Para acatar la medida, entonces, habría que modificar el Presupuesto ya votado en el Congreso y reducir fondos previstos para obras públicas, salud y educación –entre otras áreas– en las provincias.

En ese caso, los legisladores oficialistas y de la oposición deberían votar un nuevo Presupuesto o una modificación del mismo, en perjuicio de las provincias que representan.

Uno de los argumentos que dan en Casa Rosada es que en el artículo 9 de la ley de cautelares se indica que “los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma, perturbe los bienes o recursos propios del Estado”, es decir, que la cautelar es «imposible de cumplir».

La resolución de la Corte es un nuevo capítulo de una disputa judicial iniciada en 2020, cuando el presidente decidió modificar los porcentajes de coparticipación, dando marcha atrás con el beneficio concedido a CABA por el gobierno de Mauricio Macri.

«En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4 por ciento del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016», explica el documento. En Balcarce 50 también cuestionaron que en el fallo la CSJN no explicó de dónde deberán salir los fondos y que tampoco detallaron cómo llegaron a la conclusión de que el porcentaje para CABA deberá aumentar un 0,6 por ciento.

Entre los análisis que el presidente hizo con los gobernadores, se evaluó que otra opción para poder cumplir con la medida podría ser el endeudamiento externo, algo que también debería pasar por el Congreso. Pero recordaron que una medida así también sería inviable por el extraordinario endeudamiento que dejó el gobierno de Macri.