El Oficialismo Porteño y sus Aliados Ratificó el Convenio con IRSA en la Ex Ciudad Deportiva de Boca.

El proyecto fue aprobado (en primera lectura) con 37 votos positivos y 20 negativos.

La medida propicia un mega desarrollo inmobiliario en la Costanera Sur, que incluirá lujosas torres.

Después de una dura disputa judicial y el rechazo de la oposición de la Ciudad, la Legislatura porteña ratificó –en primera lectura- con 37 votos a favor y 20 en contra el convenio celebrado entre el Gobierno local y la empresa IRSA S.A para avanzar con un desarrollo urbanístico en la Costanera Sur.

La medida contó con el acompañamiento de Vamos Juntos, PS y UCR; y el rechazo de FdT, PTS, FIT y AyL.

Se trata de un convenio entre el Gobierno de la CABA y la empresa IRSA, para el desarrollo de un complejo urbanístico, habitacional, comercial y recreativo en terrenos de la Costanera Sur, donde hace décadas quedó trunca la creación de la “Ciudad Deportiva” del Club Boca Juniors.

Sostienen los bloques de la oposición que este sería el primer barrio privado de la Ciudad de Buenos Aires.

Requerirá una inversión de 1.600 millones de dólares y se llevará a cabo sobre un predio de más de 70 hectáreas de cara al río, en un área contigua a la Reserva Ecológica y pegada al Puerto Madero.

El convenio establece la cesión de terrenos a la Ciudad, con el objetivo de crear un parque público de 35 hectáreas, más otros espacios de uso común que totalizan 43 hectáreas.

A su vez IRSA desembolsará unos 250 millones de dólares entre el valor de la tierra cedida al Gobierno y los aportes iniciales para fondos públicos de innovación y desarrollo urbano.

El proyecto había recibido un tratamiento exprés y  en menos de una semana se había realizado la reunión informativa correspondiente y recibió el dictamen favorable de las comisiones de Planeamiento Urbano –a cargo de Daniel Del Sol (VJ)- y Presupuesto –presidida por Claudio Romero (VJ)-.

Hubo fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición al respecto de una delicada situación judicial, dado a que desde el Observatorio de Derecho a la Ciudad presentó una cautelar para frenar el tratamiento de la medida.

Es por ello que el juez Guillermo Martín Scheibler suspendió la feria judicial y dio lugar a la petición del mencionado organismo; no obstante, el juez Martín Miguel Converset  dio marcha atrás y estableció que “nada impide la celebración de la segunda reunión conjunta” entre ambas Comisiones para llevar adelante el debate del proyecto.

El conflicto judicial terminó resolviéndose la semana pasada, cuando una resolución del magistrado Luis Ammirato, a cargo del juzgado 10 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, revocó la orden medida cautelar de su colega, lo que dio luz verde a la Legislatura a llevar al recinto el expediente en cuestión.

El abogado Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, consideró que la sesión del jueves «fue la clara muestra de que la democracia representativa se encuentra capturada por el poder inmobiliario. Estamos presenciando un nuevo fraude democrático y un nuevo paso para la consolidación de una costanera privatizada y cementada en aras de alimentar la especulación inmobiliaria».

Desde la organización, que presentó el amparo que derivó en el fallo del juez Guillermo Scheibler que había suspendido precautelarmente el trámite legislativo del proyecto, adelantaron que evalúan presentar una nueva acción judicial ya que consideran que el mecanismo de mayoría absoluta utilizado para la votación fue «inconstitucional» y que debería haberse aprobado con dos tercios de las bancas, que equivalen a 40 votos a los que el oficialismo no hubiera podido llegar.

«No se respetaron las mayorías que establece la Constitución de la Ciudad para la sanción de leyes», manifestaron en un comunicado junto con la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA y la Defensoría de Laburantes.

El planteo, también esgrimido por los legisladores del FdT durante la sesión, se basa en lo estipulado por el Artículo 82 de la Constitución porteña que establece que se requieren dos tercios de la bancada para aquellas leyes que aprueben «concesiones, permisos de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público». 

Ahora se deben realizar la Audiencia Pública y la segunda votación (segunda lectura) para que definitivamente la Ciudad siga quedando aislada de su río.

Fuente: El Parlamentario

Página 12