El «Protocolo» de Bullrich.

Su objetivo principal es que «las personas sepan qué consecuencias van a tener si cortan la calle», señala el gobierno.

Inicialmente, el protocolo fue objeto de críticas por parte de dirigentes sociales que lo consideraron «inconstitucional» y presentaron denuncias ante organismos internacionales como la ONU y la CIDH.

Sin embargo, el Poder Judicial rechazó estas denuncias y determinó la legalidad del protocolo.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió no aplicar este protocolo de seguridad, argumentando que «no criminaliza la protesta».

En el protocolo publicado en el Boletín Oficial se establecen las medidas de seguridad que se implementarán frente a las manifestaciones y piquetes:

• Intervención de las cuatro fuerzas federales, además del Servicio Penitenciario Federal, frente a cortes, piquetes o bloqueos, totales o parciales. «La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple y nosotros la vamos a cumplir», expresó la ministra.
• De acuerdo a los códigos procesales vigentes, presentarán una nueva ley que se va a presentar a corto plazo, de acuerdo al artículo 194 del Código Penal.
• Las Fuerzas provinciales deberán actuar en las zonas de su competencia, para poder complementarse de forma ordenada con las Fuerzas Federales, «para que los argentinos sean liberados de esta situación permanente de extorsión que sufren», expresó
• «No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas. Si se corta la vía principal, se libera la vía principal», dijo Bullrich. En esa línea, insistió en que se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación y que para llevar esto a cabo, las fuerzas aplicarán «la mínima fuerza necesaria y suficiente, graduada en proporción a la resistencia»
• Serán identificados los autores, cómplices, e instigadores «de este tipo de delito», así como también los vehículos y sus conductores. Se va a proceder a «incautar a los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que tengan que tener», y tomarán en cuenta vigilar estaciones de tren para quienes intenten no ser reconocidos por las Fuerzas.
• «Sea por un bloqueo, sea por gente que viene por un plan social, sean sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa», todos serán remitidos a las autoridades de aplicación correspondientes, anunció.
• Daño ambiental: «algo que sucede de manera permanente es la quema de cubiertas, lo cual es muy dañino al ambiente y las personas alrededor», dijo, y confirmó que será una cuestión que se le va a avisar al juez competente para que lo tenga en consideración.
• Lo mismo sucederá con la presencia de niños y adolescentes. «Se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a tener sanciones a aquellos que lleven niños en horario escolar».
• «Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones e individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las Fuerzas de Seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se tendrán que hacer cargo del costo de los operativos», anunció
• Se va a crear un registro, además, de todas las organizaciones que participen de estos hechos, «y que sistemáticamente hacen de voceros de estas manifestaciones».
• Por último, anunció que deroga «el protocolo garantista» de Nilda Garré, un protocolo de actuación para las Fuerzas de Seguridad que se oficializó durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2010.