Empleados judiciales en pie de guerra contra el PRO

Un proyecto del PRO busca aumentar el poder de las próximas autoridades del Ministerio Público dotándolos de la capacidad de expulsar a funcionarios y trabajadores. Representantes gremiales se oponen.

Varios proyectos vinculados a reformas judiciales fueron presentados muy recientemente en la Legislatura por autores que integran la bancada macrista, entre ellos, una iniciativa del legislador Enzo Pagani que propone modificar la Ley 1903 que organiza al Ministerio Público de la Ciudad. La propuesta de modificación plantea, según explica el propio autor en los fundamentos del proyecto, “ejercer correctamente la potestad disciplinaria” en este organismo judicial, “lo que significa que debe incluir sanciones correctivas y, necesariamente también debe contar con las expulsivas, que ante faltas de mayor gravedad permitan la posibilidad de la separación del funcionario o empleado que fuera hallado responsable”.

Actualmente, las decisión de expulsar a un trabajador o funcionario judicial que desempeñe funciones en las fiscalías, defensorías o asesorías tutelares se encuentra en manos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Esta iniciativa de ingreso reciente al Parlamento, ya entró en el plan de labor de la Comisión de Justicia que preside el legislador PRO Martín Ocampo, quien casualmente, o no tanto, es el candidato del macrismo a convertirse en el próximo Fiscal General de la Ciudad.

Más allá que el proyecto presentado por Pagani (legislador vinculado a Daniel Angelici) remarca la capacidad de autonomía y autarquía que detenta el Ministerio Público de la Ciudad y destaca que “la Ley 1903, en su redacción original, consideró sólo sanciones de carácter correctivo y de muy baja graduación, soslayando las de carácter expulsivo, que no fueron incluidas entre las enunciadas por el artículo 25 de la mencionada ley”, no escapa al análisis de la propuesta en el momento coyuntural del recambio de autoridades judiciales como son los “generales” del Ministerio Público.

De prosperar este proyecto, quienes asuman los máximos cargos en la Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General Tutelar tendrán más poder que los actuales (Germán Garavano, Mario Kestelboim, y Laura Musa) y tendrán en sus manos la posibilidad de expulsar de sus cargos a aquellos funcionarios o trabajadores que no cumplan bien su labor.

El temor que esta nueva capacidad disciplinaria pueda ser utilizada por los futuros titulares del Ministerio Público (los candidatos a la sucesión son Martín Ocampo para la fiscalía, Horacio Corti para la defensoría y Yael Bendel para la asesoría general) como una herramienta de expulsión/limpieza de aquellas personas identificadas con la gestión saliente o como mecanismo de coacción política generó la reacción de sectores gremiales.

El pasado miércoles, este proyecto de modificación de la Ley 1903 fue tratado, junto con otros proyectos cuestionados, en la reunión de la Comisión de Justicia de la Legislatura. Al momento del debate de la iniciativa del PRO se produjo un entrevero entre los delegados judiciales de la UEJN, Seccional 2, del Poder Judicial de la CABA y legisladores del macrismo. Los gremialistas expusieron su oposición a que se amplíeel poder sancionatorio de los titulares del Ministerio Público, incorporando las sanciones expulsivas de Cesantía y Exoneración (actualmente en manos del Consejo de la Magistratura) además ampliar la sanción de suspensión de 5 a 30 días.

Según expresaron desde el gremio a través de un comunicado de prensa “el proyecto del legislador del PRO, además de las sanciones de expulsión incluye la figura de la suspensión preventiva y limita el recurso ante Consejo de la Magistratura de las sanciones de suspensión mayores a 10 días”.

El planteo de los delegados, fue que “en primer término hay que destacar que no hubo casos que ameriten la aplicación de sanciones mayores a las existentes en el ámbito del Ministerio Público”, con lo cual no se justificaría la premura en reformar el régimen disciplinario y que “por otra parte la naturaleza política del Consejo es muy distinta a la de los Ministerios Públicos, ya que los tribunales de disciplina de éstos responden en forma directa a su titular (sea el Defensor General, Fiscal General o Asesor Tutelar General) afectando la imparcialidad e independencia del juzgador, en cambio la Comisión de disciplina del Consejo de la Magistratura es un órgano con una composición diversa, que cambia a medida que se van renovando los Consejeros y/o que van pasando por las distintas comisiones, lo que permite una composición, no solo amplia, sino que una mayor transparencia”.

Los representantes de los trabajadores judiciales porteños afirmaron que el interés político de la iniciativa en cuestión es “perseguir y sancionar a los trabajadores”, que “no tiene más objeto que ampliar un poder sancionatorio” y que entienden que debe ser el Consejo de la Magistratura, con la Comisión de Disciplina quién se debe seguir encargando de estas cuestiones.