Falta de Vacantes en CABA.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta debe garantizar las vacantes y pagarle una ayuda económica a los padres de los chicos que vivan a más de 10 cuadras de la escuela, con un equivalente a 80 viajes mensuales.  Un cálculo realizado indica que una familia debe destinar entre 1.000 y 1.600 pesos por mes para que los chicos viajen a la escuela y en realidad es que muchas familias no tienen garantizado ese ingreso.

El fallo corresponde a la jueza Elena Liberatori que emitió un fallo favorable a las familias que pelean por una vacante en las escuelas públicas porteñas y confirmó el faltante de las mismas.

El fallo reconoce que las 54 escuelas nuevas son las mismas que el gobierno viene «publicitando» desde 2008 y demuestra que en la zona sur de CABA estan los mayores problemas.

De acuerdo al relevamiento del colectivo  Vacantes para Tod@s, desde el 2015, más de 22 mil familias sufrieron la falta de vacantes en las escuelas públicas.

En el fallo, por su parte, se constató la faltante de vacantes en la Educación Primaria y Secundaria en la Ciudad de Buenos Aires -no tuvo en cuenta el nivel incial-, que la propia ministra Soledad Acuña había negado, y exhortó al Gobierno a tomar medidas “inmediatas» para garantizar el acceso a la educación a los chicos.

Además, en la resolución judicial se advierte una mayor falta de vacantes sobre todo en los Distritos Escolares ubicados en la zona sur de la Ciudad (DE 5, 13, 19, 20, 21) y también en el DE 1. Esta problemática se acentúa principalmente en los primeros años, de primero a cuarto grado, y en las escuelas de jornada completa.

En otro apartado, la jueza obligó ahora al gobierno a publicar en la página web ”toda la información relativa a la cantidad de vacantes disponibles por distrito escolar actualizada en tiempo real”.

Por último, la jueza reclamó al Ejecutivo porteño, además, información detallada sobre las supuestas 54 “escuelas nuevas” que el gobierno promociona en su cartelería, dato que contrasta con la realidad que afrontan miles de familias a la hora de inscribir a sus hijos.

Liberatori pidió que se aclare si se trata de obras nuevas, de mantenimiento, ampliación o mudanza y que se puntualice también la “cantidad de vacantes que ofrece cada nuevo centro educativo”.

La medida de la jueza se debió al amparo de 2016 presentado en ese entonces por los legisladorxs de la izquierda Myriam Bregman y Patricio del Corro.