Hace nueve años se abría el proceso de Memoria, Verdad y Justicia

El 14 de junio de 2005 la Corte Suprema declaraba inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en un fallo histórico que aceleró los juicios a más de un centenar de represores y permitió nuevas detenciones por violaciones a derechos humanos.

Gracias a esta declaración de inconstitucionalidad de las leyes de la impunidad hoy se desarrollan en el país 14 juicios en los que son juzgados represores y civiles cómplices de la dictadura.

El fallo, que puso fin al debate sobre la validez de las leyes contó con amplia mayoría de 7 votos y se basó en pactos internacionales y en la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

Hace nueve años, el entonces presidente Néstor Kirchner aseguró que el fallo le devolvió a los argentinos “la fe en la justicia” porque esas leyes llenaban “de vergüenza” al país.

La inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521, dictadas en el gobierno de Raúl Alfonsín,contó con el aval del entonces presidente de la Corte, Enrique Petracchi, y los ministros Antonio Boggiano, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Elena Higthon, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti.

Las bautizadas “leyes del olvido o del perdón” fueron dictadas en 1986 y 1987, en la presidencia de Raúl Alfonsín y frenaron decenas de causas judiciales contra acusados por la represión ilegal en la última dictadura.

La Corte Suprema emitió el fallo en una causa puntual referida a un planteo del ex suboficial de la Policía Federal Julio “El Turco” Simón, detenido por el secuestro y desaparición de José Poblete, su esposa y su hija, el 27 de noviembre de 1978.

Los ministros entendieron que el Congreso no tenía facultades para dictar esas leyes que favorecieron a los jerarcas de la dictadura y sus subordinados, porque en esa época ya regían normas que impedían cerrar sin sentencia causas por graves violaciones a los derechos humanos.

El veredicto del máximo tribunal sentaba precedente para las demás causas abiertas a represores, como las de la ESMA y Primer Cuerpo del Ejército, reimpulsadas con la declaración de nulidad de las leyes en el Congreso Nacional, en agosto de 2003.

El planteo llegó a la Corte después que la Cámara Federal avaló la inconstitucionalidad de las normas dictadas por primera vez por el juez federal Gabriel Cavallo.

También fue declarada inválida por jueces del interior del país que tramitan causas por violaciones a los derechos humanos, como en Córdoba, Chaco y Santa Fe.