Justicia porteña frena resolución del gobierno por reducción horas salud

La jueza en Contencioso Administrativo y Tributario, Patricia López Vergara hizo lugar a una demanda de amparo solicitando la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución oficial, lo que fue aceptado.

Esa medida “restringe las prestaciones médicas sin establecer un mecanismo de cobertura que permita seguir brindando servicios, afectando la atención de pacientes, sobre todo de quienes no tienen acceso a obras sociales y son de los sectores más desprotegidos de la sociedad”, resaltó el Defensor en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Ramiro Dos Santos.

Por lo tanto “la medida queda sin efecto mientras siga el juicio. El gobierno no puede aplicarla”, aseguró a Télam Do Santos.

Si bien la justicia ya se expidió, los profesionales del servicio de emergencia (Same) y de distintos dispositivos hospitalarios están en una situación “grave, no sabemos qué hacer. No cobramos este mes y seguimos sosteniendo la atención por responsabilidad profesional”, señaló Fátima Monti, psicóloga del programa de Abuso Sexual y Violencia Familiar del Hospital Álvarez.

En ese centro de salud se redujeron las horas mensuales de suplencias de guardia por lo que el Hospital de Día “dejará de funcionar, ya que los 8 profesionales del área están contratados con este sistema”, dice la demanda presentada por Do Santos a la que tuvo acceso Télam.

En el Materno Infanto Juvenil, la reducción impuesta por la resolución implica que “la mitad de la atención psicológica se reduzca, sea discontinua y que queden sin asistencia 33 niños pacientes que recibían tratamiento por abuso”, sumado a que hay una lista de espera hasta marzo.

También en el Álvarez se desempeñan con la modalidad de suplencias de guardia especialistas en infectología, ecografía, cardiología y ginecología infantil y expertos en violencia sexual que “no podrán ser reemplazados”.

La Defensoría envió nota a 13 hospitales porteños para saber si estaban aplicando la resolución y los efectos que causaba, pero el Ministerio de Salud porteño solicitó un aplazamiento para contestar, cosa que nunca hizo.

La excepción fue el Hospital Moyano, que envió un comunicado diciendo que “es imposible cumplir la resolución ya que se afectaría la atención de 900 pacientes internadas y de más de 100 que se atienden en consultorios externos”.

A esto se suma que la medida oficial generó “el cierre de cuatro programas de atención domiciliaria de urgencia lo que dejó sin servicio a niños, adolescentes, personas en situaciones vulnerables”, destacó un informe de los pediatras del Same.

Ante este panorama, la jueza Vergara resaltó que las cuestiones presupuestarias “no son un motivo suficiente ni una fundamentación razonable para semejante medida” que colocaría al sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires “con un funcionamiento deficitario y parcial”.

Si bien desde el Gobierno apelarían la medida afirmaronque “no podemos dejar de atender a un niño víctima de abuso, o decirle que luego de generar una relación con su terapeuta no se lo va a asistir más”.