La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): Insultos, Violencia y Disculpas.

La ANDIS, el organismo que conduce el abogado personal de Milei, Diego Spagnuolo, utilizó categorías insultantes y violentas en una resolución que buscaba endurecer los requisitos para acceder a las pensiones.

La resolución de la ANDIS fue publicada el 16 de enero de este año y tenía como objetivo enduerecer los requisitos para el acceso a las pensiones no contributivas.

Los términos «idiota», «imbécil» y «débil mental» figuran en su anexo, en el que se describen los distintos grados de discapacidad intelectual de una persona, a fin de clasificarlos y establecer, de esa forma, un supuesto criterio médico para determinar quién debe percibir el beneficio y quien no.

En el documento figuraban oraciones textuales como las siguientes:

• CI 0-30: “idiota”, sin capacidad de lectura ni escritura, sin control de esfínteres y sin posibilidad de subsistencia autónoma.
• CI 30-50: “imbécil”, con posibilidad de realizar tareas rudimentarias y atender necesidades básicas.
• CI 50-60: “débil mental profundo”, con capacidad de firmar, vocabulario simple y habilidades limitadas para el manejo del dinero.
• CI 60-70: “débil mental moderado”, con conocimiento de operaciones simples y capacidad para trabajos de baja exigencia intelectual.
• CI 70-90: “débil mental leve”, con escolaridad primaria o secundaria y posibilidad de desempeñar tareas más complejas.

La resolución describe la discapacidad intelectual como un “déficit en el crecimiento mental” y un “trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual, afectivo y cognitivo-práxico”.

También señala que “las exigencias sociales” pueden generar trastornos cualitativos en la personalidad de las personas con discapacidad.

Pero el problema fue que los términos que se utilizan fueron dejados en desuso hace más de 70 años. El Gobierno tenía dos bibliotecas a mano para redactar la resolución: la bibliografía de principios del siglo pasado o el último Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) que actualiza periódicamente la American Psychiatric Association, con el aporte de especialistas en la materia de todo el mundo. La última actualización de ese manual data de 2013 y por supuesto que rechaza el uso de palabras como «idiota».

Después del escándalo producido, como chivo expiatorio, en la ANDIS optaron por mandar a la guillotina a una funcionaria de segundo rango, Miriam Améndola, a quien responsabilizaron por la redacción de la norma pese a que aún no había asumido formalmente en el cargo que le tenían asignado.

También señalaron a una funcionaria saliente, Tatiana Alvarado, como la culpable. Pero lo cierto es que quien firmó la resolución fue el propio Spagnuolo.

Los empleados de ANDIS tienen pánico: en el organismo se vio afectado durante todo el año pasado por un proceso de despidos, más de 160, que incluyo a personal con más de 20 años de antigüedad y también… a personas con discapacidad.

En el proyecto de presupuesto 2025 que llegó a presentar el Gobierno se preveía un recorte de al menos 200 mil pensiones con discapacidad para este año.

Ese dato aparecía en el proyecto de ley incluso antes que el titular de ANDIS anunciara la puesta en marcha de una auditoría sobre un millón de pensiones en todo el país, en búsqueda de supuestas irregularidades.

La resolución que desató el escándalo se inscribe en esa trama: buscaba establecer el nuevo «baremo» (medición) de los grados de discapacidad para circunscribir el cobro del beneficio (a febrero de este año son 261 mil pesos).

En el pedido de disculpas, el Gobierno reconoce un «error», derivado «del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta». Pero sostiene que el resto de la resolución, que esconde un mayor ajuste en las pensiones, seguirá igual que como vio la luz.

Según ANDIS, la Resolución 187/2025 y su anexo «serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales». «Es importante aclarar que esta corrección no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación», dice el comunicado.

Fernando Cerimedo, Director de la Derecha Diario y acusado en Brasil por el intento de golpe contra Lula, consiguió un cargo en el gobierno nacional para su esposa, Natalia Basil, que fue designada como directora en la Agencia Nacional de Discapacidad a pesar de que no tiene experiencia en el área.

Fuente: Pagina 12