La Batalla por la Movilidad Jubilatoria: Aumento por Ley y Veto de Milei.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó la ley de Movilidad Jubilatoria y el veto del presidente.
Milei vetó finalmente el aumento de 8,1 puntos porcentuales (7,2% efectivo) de las jubilaciones que había sido aprobado en ambas cámaras del Congreso Nacional en los meses de junio (Diputados) y agosto (Senado).
El veto presidencial ratifica el sentido de las decisiones adoptadas por el presidente desde su asunción: que las y los jubilados sean quienes sostienen el superávit fiscal.
En marzo, con la nueva versión del proyecto de Ley Bases, el Ejecutivo sostuvo la propuesta de derogación de la moratoria previsional y en abril consiguió la media sanción en Diputados para este capítulo (amen de no haber sido discutido en la Comisión de Previsión Social). Sin embargo, en el Senado esta propuesta fue retirada.
También en marzo el gobierno intentó avanzar con la modificación de la fórmula de movilidad regida por la Ley 27.609, por otra fórmula atada a la inflación y sólo 10% de recomposición por la inflación pasada de enero y febrero.
Esta última iniciativa no prosperó legislativamente y la movilidad fue finalmente reformada en marzo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024.
Además de la modificación arbitraria por decreto, desde marzo la variable de ajuste comenzó a ser el bono que cobran quienes perciben la mínima, ya que fue congelado en $70.000, perdiendo mes a mes su poder de compra.
La votación que el Congreso logró, primero en Diputados y luego en Senado, de la Ley 27.756 mejora las jubilaciones en términos reales y detiene la discrecionalidad de estos bonos, al mismo tiempo que exige el pago de deudas previsionales a las provincias y preserva al FGS de su liquidación (frente a las propuestas que había en ese sentido).
Dado el veto presidencial a la ley, ahora, el Congreso tiene la posibilidad de insistir en su propuesta, con mayorías agravadas.
El presente informe se compone de tres partes.
En primer lugar, se presenta la política previsional vigente y su comparación con la fórmula de movilidad derogada por el DNU 274/2024 de Milei.
Luego, se describen los impactos que tendría la Ley 27.756 que el Congreso sancionó y el presidente vetó.
Por último, se presenta un análisis sobre la sostenibilidad del sistema previsional en nuestro país y algunos comentarios sobre el veto de CFK al 82% móvil.
Conclusiones
• La política previsional adoptada, desde diciembre 2023, ha constado de distintas aristas, todas con carácter regresivo, con la consolidación de la pérdida del poder adquisitivo de los haberes tras la aceleración inflacionaria, la licuación de los bonos a las jubilaciones mínimas y el intento de derogar la moratoria previsional y de liquidar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
• En el primer trimestre del año, el poder de compra de las jubilaciones se desplomó:
- en enero 2024 percibieron entre 14,7% y 20,1% menos en términos reales que en noviembre de 2023 (según sea la mínima con bono o por encima de la mínima)
- en febrero 2024 cobraron entre 24,7% y 29,5% menos que en noviembre 2023
- en marzo los haberes se ubicaron entre 13,7% y 19,2% por debajo de noviembre 2023.
• El gobierno no compensó esa pérdida. Al contrario, lo aprovechó para que sean los jubilados quienes sostengan el superávit. Y lo mantuvo más allá del primer trimestre: en el período enero-julio de 2024, el 27,7% del ajuste del gasto del Estado estuvo explicado por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones.
• Adicionalmente, en marzo, Milei modificó la fórmula previsional por DNU 274/24, atando los haberes a la inflación. Así, derogó la Ley 27.609 vigente desde 2021. Si bien la fórmula atada a inflación permitió recuperar parte del terreo perdido, a esta altura podemos concluir que la fórmula anterior, en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios, y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras. En septiembre, de haber continuado la fórmula anterior, la jubilación mínima (sin bono) se ubicaría en $253.225 mientras que con la fórmula de Milei se ubicará en $234.540 (7,4% debajo).
• A la par de lo descripto en el apartado previo, desde marzo, el bono compensatorio que recibía el 70% de los jubilados fue congelado en $70.000, licuando mes a mes su capacidad de compra. Por ello, quienes cobran la mínima aún no recuperaron el poder adquisitivo de noviembre, sino que en septiembre 2024 se ubican aun 2,6 puntos por debajo y 20,3% por debajo del mismo período de 2023. Los datos muestran que, mientras que los haberes se incrementaron entre marzo y septiembre 74,3%, la mínima, con bono incluido, sólo aumentó 48,9%. De haberse actualizado en la misma proporción, el bono debiera ser en septiembre de $122.010, es decir, $52.010 más de lo actual.
• En concreto, a contramano de los dichos de Milei, los jubilados no le ganaron a la inflación: las jubilaciones sin bono en el trimestre septiembre-noviembre de 2024 se mantendrán 4,6% por debajo del mismo trimestre de 2023, mientras que las jubilaciones con bono lo harían 13,6% por debajo.
• El Congreso sancionó la Ley 27.756 que incluía: una recomposición por única vez de 7,2% para todos los haberes, un haber mínimo equivalente al 109% de la CBT de un adulto, y una cláusula gatillo una vez al año (en marzo) si hubiere recuperación real de los salarios en el año calendario anterior. Sin embargo, esta iniciativa fue vetada. Estamos hablando de $13.300 para el jubilado de la mínima. 16
• La sustentabilidad del sistema no se resintió con las moratorias. De hecho, mejoró la sustentabilidad ¿Cómo es posible? Aquellos que cuestionan las moratorias no han estudiado nunca el sistema previsional. El financiamiento del sistema depende de la cantidad de trabajadores activos, sus salarios, los aportes y contribuciones que realizan y la registración.
En 2015, con 2,5 millones de personas ya incorporadas al sistema vía moratorias, el gasto contributivo de seguridad social era cubierto en más del 80% por la recaudación del propio sistema de la seguridad social. Esto se debe a la mejora de salario, el empleo y la recaudación.
Por el contrario, durante el menemismo y macrismo, esta relación disminuyó sistemáticamente hasta 64,9%, por la merma de ingresos por 4 vías: la pérdida de puestos de trabajo, la caída del poder adquisitivo de los salarios, las políticas de reducción de contribuciones patronales, el incremento de la informalidad y la promoción de mecanismos de contratación con menores aportes.
Fuente: CEPA