La ONU con Milagro Sala.

Aunque no lo dijeron taxativamente, se refirieron al caso de la dirigente social detenida Milagro Sala.

Mantienen la opinión que brindaron en octubre del año pasado, cuando consideraron que su detención era «arbitraria» y que «no existen elementos legales para justificarla».

Afirmaron que, «conforme a la ley nacional 24.390, promulgada el 21 de noviembre de 1994, la prisión preventiva debe utilizarse con carácter excepcional, luego de haberse considerado ciertos factores relevantes, como el riesgo de fuga y el de obstaculizar la investigación, así como la complejidad del caso».

Puntualizando, «El Grupo de Trabajo halla que este marco legal no se refleja en las prácticas del Poder Judicial, que tiende a otorgar la mayor parte de las solicitudes de prisión preventiva. Como resultado de ello, aquellos detenidos preventivamente constituyen alrededor del 60 por ciento de la población detenida dentro del sistema de justicia penal».

Indicaron que la cifra de detenidos bajo prisión preventiva es «superior en algunas de las instituciones visitadas por el Grupo de Trabajo».

Explicaron que «el 75 por ciento de las personas detenidas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres en Ezeiza se encuentra en calidad de prisión preventiva».